Por Diputada María José Lubertino

Negocios privados y gasto social: ¿Cuáles son las prioridades?

Luego de un análisis del proyecto de Presupuesto 2014, podemos observar varios elementos que reflejan la sintonía entre los intereses del sector privado que hace negocios a costa de los bienes públicos, y la orientación del gasto estatal del Gobierno porteño que parece fomentarlo y reproducirlo.

Dentro de los servicios sociales, el crédito previsto para salud en el presupuesto 2014 es de$ 12.614,8 millones. Sin embargo dentro de este ítem, se observa que en referencia a las políticas de Salud Mental, se continúa con las políticas de desarticulación de la rehabilitación y reinserción social de los pacientes, en un proceso de desinstitucionalización. Después de los actos de violencia de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, el PRO decide continuar con sus políticas de vaciamiento del Borda y el traslado de los pacientes a instituciones privadas y casas de medio camino desatendiendo a los casos particulares de pacientes que requieren internación prolongada y atención especializada. La desinstitucionalización de los hospitales Borda y Moyano pareciera que responde más a un negocio inmobiliario público y privado, especulando con la valorización y potencial venta de los terrenos de estos hospitales. Para solucionar el conflicto de los pacientes, el gobierno porteño va a contratar servicios privados de larga duración para pacientes psiquiátricos.

Otro aspecto relevante son los recursos destinados a la promoción y acción social, que representa un 8,9% del presupuesto total del 2014 y ascienden a un monto de $5.341,1 millones incrementándose en $ 1.100,6 respecto al año pasado cuando era de $ 4240,5 millones. Se continúa detallando que “el Ministerio de Desarrollo Social va a fortalecer aquellos programas que atienden a las familias y/o personas solas que se encuentran en situación de calle o de emergencia habitacional, brindando las 24 hs. y los 365 días del año asistencia telefónica a partir de la Línea Social 108 y atención primaria en la vía pública, a través de las unidades móviles y de los/as operadores/as y profesionales sociales que recorren diariamente las calles de la Ciudad. Igual implicancia tendrán los dispositivos de alojamiento en cuanto a su infraestructura, mantenimiento, capacidad operativa, ofreciendo alojamiento de emergencia para familias y alojamiento para hombres solos y mujeres solas o con hijos/as, que se encuentran en situación de calle”. La descripción del programa suena prometedora, sin embargo la calle muestra otra realidad. Aproximadamente 17 mil personas se encuentran en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, de las cuales 2 mil son abuelos/as y 4500 son chicos/as. En muchos casos, la asistencia otorgada es superficial y no brinda una solución de fondo. Es necesaria una protección integral de esas personas a través de una atención interdisciplinaria entre los ministerios. Frente a este número alarmante de personas viviendo en la calle, el Gobierno de Buenos Aires tiene una capacidad de albergue para muchas menos personas, lo que demuestra la deficiencia y escasa estructura brindada a la atención de esta emergencia social. La ausencia del Gobierno de la Ciudad para solucionar estos temas generó que organizaciones sociales salgan a ayudar a esta gente en situación de vulnerabilidad. Además debemos sumar gravedad al asunto, cuando observamos las cifras de muerte de las personas en situación de calle que asciende a 67 en el 2011 y 73 en el 2012.

A pesar de los intento de ocultarlo, es de público conocimiento que Macri tiene una causa (en la cual se encuentra procesado) que lo investiga por la violencia hacia las personas vulnerables para desalojarlas de las calles a través de las fuerzas de choque denominadas UCEP, la ex Unidad de Control del Espacio Público, que su gestión creó bajo el amparo de la protección estatal. La causa lo acusa de haber firmado el decreto de creación del organismo, cuya misión era “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión”, que en la práctica terminó con amenazas y agresiones.

Por otro lado, el Programa atención inmediata Buenos Aires Presente (BAP) donde el Gobierno Porteño brinda el servicio de llamada telefónica gratuita 108 para pedir ayudar para alguna persona en situación de calle es sólo un sistema para dar tranquilidad y publicidad de que se está actuando sobre esta problemática, pero la realidad muestra otra cosa. El BAP, que depende del Ministerio de Desarrollo Social es un paliativo momentáneo, que no soluciona el problema. El Gobierno de la Ciudad no sólo no se ocupa del tema sino que también subejecuta las partidas destinado a viviendas que podrían dar una solución estructural a este flagelo. Para empeorar las cosas, el Presupuesto 2014, sólo estima un aumento del gasto destinado a vivienda de sólo el 1.9%, por lo que el ajuste real sobre esta partida supera los 22% en tan sólo un año (considerando la inflación en base al IPCBA que estima un 24% para 2013).

Por un lado vemos como no se respetan los programas sociales que se plantean en los presupuestos anteriores, pero para peor observamos con mayor preocupación las estimaciones presupuestarias para el próximo año que promete agravar aún más la situación de los porteños/as más desfavorecidos/as. Por otro lado, se destina una creciente cantidad de recursos a los concesionarios y al fomento de los negocios privados que viven de la prebenda estatal o la especulación en base a negocios inmobiliarios carentes de toda ética y basados en los desalojos y el desarme de institutos de salud mental.

Adicionalmente, para el Presupuesto 2014, las acciones se orientarán al “programa de emergencia”, que hace foco en la continuidad y la seguridad de la prestación del servicio público conforme con la Ley 4.472. Las inversiones de emergencia se corresponden con el siguiente conjunto de acciones: renovación de flota, modernización revisión general diferida, refacción de coches, vías de la línea E, vías y aparatos de vía de la línea C, señales de la línea C, SSEE, talleres y mejoras en estaciones. Existen muchas partidas destinadas al subte, dentro de Jefatura de Gabinete y Desarrollo Urbano, además de las ampliaciones presupuestarias y el fondo subte y el reiterado endeudamiento para la compra de coches, como para plantear el tema como un “programa de emergencia”. Por último, para empeorar aún más este panorama, el jefe de Gobierno Porteño intentará nuevamente el próximo año aumentar la tarifa de $2.50 a $3.50 a pesar de los subsidios absorbidos por la empresa Metrovías a través del Gobierno de la Ciudad.

Otro ejemplo que evidencia la orientación del Gobierno Porteño, es la gran diferencia que existe en los incrementos experimentados entre los distintos ministerios entre el proyecto de presupuesto 2014 y el presupuesto 2013 presentado el año pasado. El presupuesto estimado para el 2014 en el Ministerio de Desarrollo Social asciende a $2.714.007.132, representando un aumento de solo 23,53% respecto al año anterior que era $ 2.196.957.689. Este 23,53% no llega a cubrir la supuesta inflación del 24% que utiliza el Gobierno Porteño para estimar su presupuesto del próximo ejercicio. En cambio, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de Diego Santilli recibe un incremento de 50,40% respecto al presupuesto del año anterior, ascendiendo a una cifra de
$7.992.876.216. El presupuesto del Ministerio de Ambiente y espacio Público esta explicado principalmente por el servicio de higiene urbana, que en el 2013 va a costar 2.347 millones. Sin embargo, la Ley de Basura Cero no se está cumpliendo. Es normal salir a la calle y ver basura acumulada por doquier, especialmente en los barrios Microcentro, Belgrano, Núñez y Palermo. No se está disminuyendo la cantidad de residuos que envía la Ciudad como la ley establecía. Este año debería, por la Ley de Basura Cero, mandar un 50% menos que en 2004, pero sólo se redujo un 5,5%. El mismo ministro Diego Santilli del Ministerio de Ambiente y Espacio Público reconoció no poder llegar a cumplir con la Ley de Basura Cero y espera lograr ese objetivo en el 2015. Así que esto significa que los contratos y licitaciones para la basura van a seguir absorbiendo cantidades exorbitantes de dinero en los próximos años.