por María José Lubertino*

Todavía conmovidos por el asesinato del niño Brian Aguinaco e indignados por la liberación de uno de sus homicidas, en medio de la conmoción vecinal que generó en el barrio de Flores se promete desde el gobierno la baja de la edad de imputabiidad como salida.
  La normativa actual que regula la situación de los/as niños/as y adolescentes en conflicto con la ley es una ley paternalista, de la dictadura, que no reconoce a los/as jóvenes como sujeto de Derecho y que no les permite a los/as jueces/zas  hacer una intervención más activa por parte del Estado. Sin duda es una deuda de la democracia modificarla para que puedan estar en juicio los/as chicos/as que cometen delitos, pero que fudamentalmente lo sea con derechos y garantías que hoy no se les respetan y para que se pueda llegar a los/as adultos/as  que están detrás en la mayoría de los casos.
Es una palmaria realidad que en distintos contextos y mediante diversos mecanismos, una de las formas más extendidas de estigmatización hacia “la juventud” tiende a asociarla con la violencia y delincuencia. Esto se ve de manera sostenida en diferentes épocas y contextos aunque no tenga real sustento . El 76,3% de las personas encuestadas en Argentina para el Mapa de la discriminación del INADI del 2013 (último año que se hizo el relevamiento, que luego discontinuaron) acuerda total o parcialmente con la frase “La juventud de hoy es más violenta e irresponsable que en el pasado”.

Así ante la iniciativa oficial de convocar a una comisión especial para analizar y confeccionar un anteproyecto de reforma del régimen penal juvenil, celebramos que un tema de trascendencia social sea analizado multidisciplinariamente  y valoramos la convocatoria  desde el Estado a un espacio de consulta con la esperanza de que se escuche  la pluralidad y diversidad de opiniones, evitando que dicho espacio sea un correlato de decisiones previamente adoptadas.

Esperamos que no sólo se contemplen cuestiones de seguridad ciudadana en sí, sino también la protección social que el Estado ha de garantizar a los/as chicos/as. En esta línea, consideramos imprescindible que el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, responsable de velar por su calidad de vida, tenga un rol central.

Es de suma importancia respetar las garantías constitucionales de los ciudadanos/as niños/as y adolescentes y priorizar la mirada tuitiva hacia ellos/as. Un análisis circunscripto a la cuestión punitiva, sin contemplar el trasfondo social inherente al problema, constituiría una actitud absolutamente irresponsable.
Ademas es fundamental la participación de los propios/as jovenes/as. No puede ser que los/as niños/as sean sujetos de Derecho y no se los/as llame a opinar en este debate. No puede ser que los/as adolescentes tengan derechos sobre su propio cuerpo reconocidos como están por el Código Civil y no sean escuchados/as en este debate. No puede ser que los/as jovenes puedan votar desde los 16 años y no se los invite a participar. El propio ejercicio participativo entre adolescentes será aleccionador y generará cambios actitudinales individuales y colectivos. Creo que estimulará su responsabilidad y que nos dará a los/as adultos/as insumos imprescindibles para las politicas publicas y legislación.
Los temas en discusión son el abordaje temprano, las medidas alternativas a la privación de la libertad, los delitos y sanciones acordes a la Convención de los Derechos del niño/a, las condiciones de detención que fomenten la reinserción, el sistema de articulación permanente intersectorial, el Programa Preventivo no Judicial, el Sistema de Información y la edad de imputabilidad.
El último punto es el que más voces a favor y en contra acumula. Desde el gobierno  la intención es bajar a 14 años la edad de imputabilidad, ahora dicen que para para casos graves (homicidios, violaciones y delitos con armas).
La complejidad del problema no se reduce a una cuestión represiva, o a una decisión meramente etarea, sino a la discusión sobre el funcionamiento de un sistema de fondo, vinculado a la condición de las instituciones y políticas estatales que hacen a la educación, protección, contención y formación de los/as chicos/as, la inclusión de medidas socioeducativas y disciplinarias, la articulación con los organismos de protección de derechos para atender a las necesidad básicas vulneradas, y el cumplimiento de medidas en Centros Socioeducativos especializados, la reformulación de las escuelas secundarias, la falta de lugares donde reunirse, practicar deportes o desarrollar actividades culturales, atendiendo en especial a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad social en los actuales institutos “de menores” y centros de adicciones, entre otros. Las medidas de prevención social de tragedias como la de Flores son cuestiones a tener en consideración a la hora de discutir modificaciones al régimen penal juvenil.
Desde  diversos sectores con una visión crítica, democrática y constructiva ha habido expresiones favorables a sancionar un Regimen Penal Juvenil pero contraria a la baja de la edad de imputabilidad. La propia Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en manifestaciones públicas, de sus autoridades se pronunciaron en desacuerdo con bajar la edad. En el propio ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, se acordó profundizar los compromisos asumidos entre los que se encuentran los pisos mínimos para el establecimiento de un régimen penal juvenil manteniendo la edad mínima en 16 (dieciséis) años.  Tambien se manifestaron en contra funcionarios/as especializados de UNICEF, la Pastoral sobre Adicciones que coordina el Padre Pepe Di Paola y en el mismo sentido, el responsable de la Comisión Arquidioscesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo, Padre Bennardis. Desde otras Iglesias se recogen similares opiniones.
Se multiplicaron las convocatorias orgánicas, autoconvocadas y espontáneas para debatir y organizar espacios concurrentes con el objetivo de No Bajar la Edad de Imputabilidad.
Lo más importante es cuál debe ser el abordaje con los/as niños/as no imputables, sin perjuicio de cuál sea la edad que se fije en la ley.
Por ello sostenemos y profundizaremos las acciones democráticas y participativas hacia una propuesta legislativa con fundamentos, objetivos y disposiciones que reflejen el consenso de este movimiento en favor de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes para evitar que haya víctimas y victimarios/as.
Reclamamos al Estado Nacional respeto a una amplia participación de todas las provincias argentinas, y centrando el accionar de la materia en el órgano rector de las políticas de niñez y adolescencia.
Multiplicaremos  los espacios de participación protagónica de nuestros/as jóvenes/as, no sólo desde su testimonio, sino con la capacidad de incidencia concreta que deben adoptar en cada ámbito institucional, estatal o comunitario y promoviendo modalidades de organización autónoma y democrática, particularmente de los sectores populares altamente afectados por la pobreza y la violencia.
La última palabra la tiene el Congreso. Esperamos una pronta reforma.
* Profesora de Derechos Humanos UBA.  Presidenta del INADI (2006- 2009)