#BSASDEREMATE
EL MAPA DE LA ENTREGA
En la última sesión legislativa del 15 de diciembre, la última del año, este jueves, se pondrán a votación varios proyectos más para privatizar tierras públicas de la Ciudad.
En los últimos meses, se han rematado más de 200 hectáreas, mientras medio millón de personas se encuentran en situación de déficit habitacional y hay más de 700.000 inquilinos que no consiguen su vivienda propia.
Producto de la especulación inmobiliaria, las villas incrementaron su población exponencialmente.
Mientras tanto, el gobierno de Rodríguez Larreta puso en marcha un ´toma y daca´, aprovechándose de reclamos históricos de diferentes barrios. La maniobra consiste en que la Ciudad “urbaniza” cosméticamente algunos barrios precarios con las migajas de otra operación económica: la privatización de enormes porciones de tierra pública en favor del capital financiero. La parte menor de lo recaudado va a las “urbanizaciones” sociales llevando adelante una política de “asistencialismo inmobiliario”.
Se burlaron de nuestras opiniones en las audiencias públicas donde nos opusimos masivamente. No sólo no respetan la democracia participativa sino que burlan hasta las instancias de la democracia representativa en orden a la segunda lectura.
Se están realizando además una serie de obras caras e insustentables, habiendo proyectos u opciones más baratas, u otras alternativas, adoptando criterios contradictorios con los nobles objetivos ambientales que se predican en campaña o con los compromisos asumidos internacionalmente.
El mapa pone de relieve cuáles terrenos fueron rematados y cómo logró el PRO vender tantas tierras porteñas siendo minoría en la Legislatura: la llamada “oposición” fue una pieza fundamental en esta política. Sin los votos de algunos de los Losteau, del PS, de Ocaña y de algunos/as del FPV estos proyectos no podrían haberse puesto en marcha.
Estos procedimientos para el canje de beneficios inmobiliarios por prestaciones sociales sólo pueden conducir a un progresivo encarecimiento de la vivienda propia y de los alquileres.
La única garantía para defender el derecho de los/as trabajadores/as a la vivienda y al espacio público es pelear por que estas tierras estén atadas a las necesidades de la población y no a los negocios inmobiliarios.