30 de marzo de 2016 // En Infobae // 

Ayer, durante cerca de cuatro horas, socios del Tiro Federal Argentino, vecinos de Núñez y organizaciones de defensa del patrimonio urbano participaron en la Legislatura porteña de la audiencia pública convocada por la Comisión de Planeamiento Urbano para discutir el proyecto de ley que permitiría la venta de parte del predio ubicado en Avenida del Libertador y Udaondo, una de las zonas con el metro cuadrado más caro de la Ciudad, y del predio de “El Dorrego“, en el ascendente barrio de Colegiales. Si bien ya fue aprobado por los legisladores en diciembre, la Constitución porteña prevé para este tipo de proyectos un procedimiento de “doble lectura”, por lo que tras la audiencia, volverá a ser discutido en el recinto.

En rigor, el proyecto prevé la creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado con atribuciones para “disponer” de bienes propiedad de la Ciudad que no están afectados al dominio público -es decir, que no son de uso público ni están afectados a servicios públicos- que están fuera de la zona comprendida por la Corporación Buenos Aires Sur y la Corporación Puerto Madero, y declara “innecesarios para la gestión” a los predios en cuestión por lo que los desafecta del dominio público. Así, en caso de aprobarse permitirá la venta sin volver a pasar por la Legislatura del Tiro Federal y El Dorrego.
Según los detractores del proyecto, además de ser inconstitucional -por disponer una delegación de atribuciones que la constitucion de la Ciudad prohíbe-, la Agencia de Bienes sería virtualmente una “inmobiliaria” del gobierno que potencialmente podría disponer para su venta de unos 2400 inmuebles, un número que desde el macrismo desestiman.
Lo cierto es que los predios del Tiro Federal y El Dorrego podrían generar emprendimientos inmobiliarios multimillonarios, por lo que ya están en la mira de empresarios como Eduardo Costantini, CEO de Consultario, y Federico Weill, CEO de TGLT, quienes en entrevistas recientes manifestaron su interés por las licitaciones de tierras que se abrirían.
Para entender la magnitud del negocio que se avecina basta ver los precios de las propiedades en esas zonas: de acuerdo con la web especializada Reporte Inmobiliario, en el barrio del Tiro Federal el metro cuadrado ronda los USD 3200, mientras que a pocas cuadras del lugar, en la torre Chateau Libertador, trepa a USD 4400. En Colegiales, en la zona de El Dorrego el metro cuadro cotiza USD 2800, con picos de USD 3000 en las inmediaciones.
El texto fue consensuado sobre la base de un original enviado a la Legislatura el 25 de noviembre por el entonces jefe de Gobierno y presidente electo Mauricio Macri, y que llevaba la firma del Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete y Francisco Cabrera como ministro de Desarrollo Económico. Pocos días después, el 3 diciembre, el proyecto de ley rompió “la grieta” y logró 44 votos positivos, 14 negativos y 2 abstenciones: junto al bloque del PRO, fue votado por legisladores furiosamente antimacristas como Gabriela Cerruti, María Rachid, Jorge Taiana, Dante Gullo o Aníbal Ibarra. En contra votaron -y volverán a votar- los bloques de ECO (según confirmó a Infobae el legislador Maximiliano Ferraro) y la izquierda, además de algunos kirchneristas “librepensadores”, hoy con mandato cumplido. El texto original incluía predios más polémicos, como el que ocupa el Buenos Aires Desing, en Recoleta, y el del CEMIC, sobre la Avenida Las Heras, que finalmente quedaron fuera, junto a otros 15 inmuebles más.
A los kirchneristas -a “sus corazones”- fue que se dirigió la ex legisladora María José Lubertino, una de las oradoras de la audiencia en su carácter de miembro del “Colectivo Buenos Aires No Se Vende”. Tras argumentar sobre la inconstitucionalidad del proyecto, Lubertino sostuvo que “nadie se atrevió a tanto”: “Es un proyecto del vamos por todo”, dijo, y concluyó que “es un delito y no se puede votar un delito”.
La Agencia de Bienes deberá impulsar el “emprendedorismo”, la innovación y las industrias creativas, junto con la promoción público-privada de iniciativas que hagan al desarrollo sustentable, y las nuevas tecnologías. Para ello, el preyecto prevé la creación de un “Parque de la Innovación“, en Núñez, y un “Centro Metropolitano Audiovisual“, en Colegiales, además de disponer de áreas para espacios verdes. Para socios y vecinos, se trata solamente de nombres rimbombantes para ocultar el negocio inmobiliario.
Más allá del entusiasmo empresario, el proyecto podría encontrar obstáculos: socios y vecinos prometieron dar pelea en los tribunales. Para ello, apelan al decreto 1680/2005, que declaró monumento histórico nacional al predio del Tiro Federal. Según la interpretación del GCBA, el decreto refiere a “la sede” y no a toda la parcela, mientras que para el presidente del Tiro Federal, Juan Carlos Salerni, todo el predio fue declarado monumento histórico, para lo que se apoya en el texto del decreto, que aclara los datos catastrales: “Sección 27, Manzana 146, Parcela 0000”.
Mientras el trámite legislativo se encamina hacia la aprobación, la promesa de las autoridades del Tiro Federal de recurrir a la Justicia auguran un arduo debate en los tribunales para el Gobierno de la Ciudad, que no pierde las esperanzas de convencer a los involucrados de las bondades del proyecto.