Cumplir el mandato constitucional del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios: la gran asignatura pendiente de la democracia argentina
Por MARÍA José Lubertino *
En 1982 como abogada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, tuve mi primer contacto profundo con los pueblos originarios cuando estuve encargada de confeccionar el sumario administrativo por las piezas robadas en el Pucará de Tilcara por los propios funcionarios a cargo de él durante la dictadura cívico-militar. Durante todo el tiempo que pasé en ese bellísimo lugar de Jujuy, aprendí a escuchar y a entender la filosofía, las modalidades, los sentimientos y las creencias de las comunidades originarias.
El contacto humano se fue multiplicando desde la reforma constitucional de 1994 en la cual acompañé el reclamo de los pueblos originarios, que quedó plasmado exiguamente en el nuevo texto. Esto se potenció con las distintas causas que asumí como diputada nacional en defensa de los derechos de las comunidades en todo el país. Pero, lo que fue realmente transformador y revolucionario, fue la oportunidad de trabajar en mi cargo de presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) con Eulogio Frites, aquel jurista originario que tanto luchó por la inclusión y el reconocimiento de sus identidades y cultura.
Desde el INADI creamos en las 23 provincias argentinas un foro de pueblos originarios, insistimos para que se hicieran los relevamientos territoriales, acompañamos a las comunidades y personas víctimas de discriminación étnica y comenzamos un largo y engorroso expediente para cambiar lo que hasta ese momento había sido el Día de la Raza. Con esto último, nuestro objetivo era eliminar esa denominación discriminatoria, racista y eurocéntrica, y reemplazarla por la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural. Desde la convicción que no sólo era una cuestión de denominación sino que las palabras denotan poder y conllevan actitudes y conductas que construyen realidades y un modo de interrelacionarnos en las sociedades.
Después de tres años de idas y vueltas en la administración pública, lo logramos. El decreto Decreto del PE 1584/2010 estableció, entre otros puntos que: “(…) se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha, de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos”.
Hoy estamos en un momento crítico en el cual los pueblos originarios están siendo estigmatizados, perseguidos y desalojados de las tierras comunitarias que tradicionalmente habitan y que son necesarias para su desarrollo humano y colectivo. Por eso, el contexto de este nuevo 12 de octubre es un momento más que oportuno para poner sobre el tapete la gran asignatura pendiente de la democracia argentina: cumplir el mandato constitucional del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.En eso trabajamos todos los días desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).
La cosmovisión de los pueblos originarios abarca principios y valores significativos. Si bien todos los países de la región reconocen su preexistencia y derechos, éstos no se respetan ni para ellos ni para la sociedad en su conjunto. Los principios del Derecho de los Pueblos Originarios (del Buen Vivir, Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Armonía con la Naturaleza), expresamente reconocidos en varias constituciones y documentos de Latinoamérica, no sólo son aplicables en esos países o a las propias comunidades. Informan, iluminan y son derecho vigente en toda la región –incluso en Argentina- dado que dichos pueblos tradicionalmente la habitan, más allá de las actuales fronteras políticas.
Por todo esto, este nuevo 12 de octubre reivindicamos esos principios y sostenemos una vez más que no hay verdadero reconocimiento si sus principios no son acogidos.
* Profesora de Derechos Humanos UBA Facultad de Derecho y CBC