HACIA UN ACUERDO SOCIAL ANTICORRUPCIÓN (2019)

INTRODUCCIÓN

Este acuerdo, que proponemos organizaciones de la sociedad civil, académicas/os y especialistas de proveniencias y perspectivas diversas, presenta un conjunto de propuestas de reformas normativas y de políticas públicas, que nos comprometemos a impulsar como una hoja de ruta de las acciones que la Argentina debería implementar en materia de lucha contra la corrupción. La corrupción impacta negativamente en el conjunto de nuestra sociedad, pero afecta particularmente a los grupos y comunidades más desfavorecidos. Las fallas institucionales que permiten que este fenómeno ocurra profundizan las desigualdades existentes en nuestro país, y alejan aún más a los sectores de poder de aquellas/os que ven vulnerados sus derechos. A su vez, la corrupción afecta gravemente la calidad de nuestra democracia. Se trata de un práctica en la que convergen actores estatales y del sector privado, que produce alteraciones en el proceso de toma de decisiones públicas que afectan al interés general. Así, la corrupción socava la independencia de -y, por tanto, la confianza en- nuestras instituciones públicas y repercute sobre la participación de la ciudadanía en los asuntos comunes. La corrupción tiene un efecto directo sobre la plena vigencia de los derechos civiles y políticos, así como respecto de los derechos económicos, sociales y culturales. Reduce la cantidad, calidad y alcance de los recursos, bienes y servicios públicos. Si bien es uno de los asuntos que más preocupa a la sociedad argentina y ha tenido una notable presencia en el debate público de los últimos años, la discusión sobre el tema suele ser deficitaria y, en general, no ha logrado contribuir a dimensionar adecuadamente el problema, a diagnosticar sus causas, ni a identificar sus impactos. En ese contexto, hasta ahora ha sido sumamente difícil encontrar consensos básicos entre 3 decisores/as públicos/as que permitan avanzar en políticas de Estado para atacar la corrupción de forma sistémica y producir cambios significativos en los aspectos estructurales que lo facilitan. Un protagonismo creciente de la ciudadanía, informada y consciente de las consecuencias de la corrupción en la vida diaria de las personas, resulta fundamental para promover políticas públicas más eficaces para su prevención, detección y combate. En función de ello, convocamos a todos los actores de la vida social argentina, y particularmente a los partidos y referentes políticos, a adherir a este documento y utilizarlo como disparador de nuevos debates, a fin de generar los consensos estructurales y de largo plazo que necesitamos alcanzar para la construcción de un país con menos corrupción y, en particular, más justo e igualitario.

Propuestas 

Convencidas/os de que la implementación del siguiente conjunto de políticas públicas, destinadas a los diversos poderes del Estado, constituiría un avance significativo para la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país, las y los aquí firmantes proponemos:

Sección A – Un nuevo sistema nacional de integridad

▸ Eje Temático 1: Ética en el ejercicio de la función pública
Nuestro país necesita impulsar una nueva Ley de Ética en la Función Pública que subsane las deficiencias del marco normativo vigente y permita construir un sistema nacional de integridad efectivo y acorde a las problemáticas actuales propias del ejercicio de la función pública.
Una nueva Ley de Ética Pública debería contener, entre otras regulaciones:
● La creación de organismos de aplicación de la ley efectivamente autónomos en los tres poderes del Estado, en reemplazo de la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo.
● Una regulación de conflictos de intereses que garantice que el proceso de toma de decisiones en la elaboración, implementación y monitoreo de las políticas públicas no se encuentre motivado por intereses particulares en desmedro de las obligaciones públicas y el interés general.
● Limitaciones anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública para evitar los impactos negativos de la migración de funcionarias/os del sector público al sector privado, y viceversa, y desincentivar la formulación de políticas públicas para favorecer a determinado sector corporativo.
● La obligación de que todas/os las/os funcionarias/os de los tres poderes del Estado que tengan algún tipo de rol decisorio o intervención en el uso, distribución o administración de recursos públicos presenten sus declaraciones juradas patrimoniales y las de sus familiares más cercanos en valores reales y de manera pública. Asimismo, debe establecerse un sistema adecuado para detectar incrementos patrimoniales desproporcionados.
● Ampliación de la cantidad de información contenida en las Declaraciones Juradas en relación a la descripción del patrimonio y a la declaración de intereses y, de antecedentes laborales y profesionales.
● Ampliar el régimen de control sobre los obsequios y viajes para los tres poderes del Estado
● Promover la independencia de las Unidades de Transparencia que funcionan dentro de los organismos del Poder Ejecutivo e impulsar la creación de este tipo de unidades en los restantes poderes del Estado.
▸ Eje Temático 2: Ingreso democrático a la función pública
A pesar de que la Constitución establece la idoneidad como único requisito para el acceso a los cargos públicos, son pocos los procedimientos que el Estado lleva adelante para asegurar su cumplimiento. Al contrario, el acceso a los cargos públicos de la mayoría de las reparticiones estatales se realiza por criterios arbitrarios o poco transparentes.
Para revertir este estado de cosas, proponemos:
● El fortalecimiento de la carrera administrativa y los concursos, en todos los poderes del Estado, que garanticen la idoneidad y la estabilidad, y prevengan prácticas como el nepotismo y/o cualquier otra que implique la selección de funcionarias/os públicas/os con criterios arbitrarios. Ello, como requisitos esenciales para el adecuado funcionamiento de cualquier sistema de prevención, control y sanción en la función pública.
● La implementación de la ley 26.861 de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial y Ministerios Públicos Fiscales.

Sección B – Investigación y sanción de la corrupción pública y privada

▸ Eje Temático 3: Sanción de la corrupción La persecución de la corrupción debe partir de una visión integral de este fenómeno. Esto implica reconocer que la corrupción está relacionada a un modo de hacer negocios donde se vincula el sector público y el privado, y que esas relaciones se inscriben en un universo más amplio: la criminalidad económica. En este sentido, una política criminal eficiente y democrática en materia de corrupción debe actuar tanto sobre el poder político como sobre el poder económico. Si bien los mayores problemas para perseguir la corrupción en la Argentina se relacionan con los mecanismos procesales, las sanciones vigentes también necesitan ser adaptadas. El Código Penal argentino se encuentra desde hace tiempo bajo revisión, sobre todo por tener de base un texto de 1921 que ha sido modificado a lo largo de las décadas de manera inconsistente y en general desde una mirada punitivista que no garantiza la efectividad de las penas. Los delitos que se vinculan al fenómeno de la corrupción se complejizan de el paso del tiempo y debido a la incorporación de nuevas tecnologías en muchas áreas del Estado y el sector financiero. Por estos motivos es importante repensar las sanciones penales de la corrupción, para tener una normativa moderna, inteligente y articulada en la persecución de estos delitos. En particular es necesario reformar del Código Penal en relación a los delitos de corrupción que abarque cuestiones como:
● Armonizar los delitos de corrupción de forma coherente y proporcional al resto del Código Penal y de acuerdo a las obligaciones internacionales de nuestro país respecto de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
● Mejorar la redacción del artículo 67 sobre los límites a la prescripción de los delitos en casos de funcionarios/as públicos/as.
 ● Crear un mecanismo de remisión automática de los expedientes de causas de corrupción en los que se haya declarado la prescripción o superación del plazo razonable, a los organismos encargados de la sanción de magistradas/os del PJN, MPF y MPD.
● Revisar las penas accesorias a la privación de la libertad, como multas e inhabilitaciones para que se vuelvan recursos efectivos en la lucha contra la corrupción.
▸ Eje Temático 4: Reformas procesales para la investigación de la corrupción.
Por numerosos factores, nuestro sistema judicial se ha mostrado ineficiente para evitar la impunidad de los delitos de poder, que sigue siendo la regla. La extensión desmedida de los procesos judiciales en causas de corrupción, la falta de recursos y personal técnicamente especializado en delitos complejos, y un sistema procesal incompatible con las características del delito en estos tiempos, son algunos de los múltiples factores que determinan este marco de impunidad.
En función de ello, se propone:
● Implementar de forma plena el nuevo Código Procesal Penal y el sistema penal acusatorio.
● Sancionar un Régimen de Extinción de Dominio a través de una ley que respete el trámite adecuado de sanción de leyes en el Congreso de la Nación, debatido ampliamente con la ciudadanía, acorde a las garantías constitucionales y efectivo para el recupero de activos de la corrupción.
 ● Garantizar una implementación adecuada, transparente y no discrecional de los mecanismos de “delación premiada”, así como de la prisión preventiva, para evitar situaciones de opacidad o que ameriten cuestionamientos sobre los procesos.
● Reformar el programa de protección de testigos para que contemple las particularidades de los delitos de corrupción y sancionar una ley de protección de denunciantes o “whistleblowers”.
 ● Reforzar los controles sobre el sistema de escuchas telefónicas en el marco de investigaciones criminales, así como revisar el diseño del organismo a cargo de ejecutarlas y su ubicación institucional. Ello, para evitar cualquier uso incompatible con los fines originales de la medida y las garantías constitucionales.

Sección C- Medidas para la prevención de la corrupción en situaciones típicamente críticas

▸ Eje Temático 5: Un nuevo régimen de compras y contrataciones públicas
Los sistemas de compras y contrataciones del Estado, ya sea de bienes y servicios como de obras públicas, han sido siempre áreas en las que el riesgo de corrupción es particularmente alto. Entre algunos de los problemas que se presentan habitualmente se destacan la cartelización de obra pública, la colusión y el pago de sobornos o el financiamiento electoral para la obtención de contratos.
En función de ello, se debe impulsar una única ley de compras y contrataciones del Estado nacional para bienes, servicios y obra pública, que abarque entre otras reformas:
● Ampliación de la concurrencia en los procesos licitatorios y fortalecimiento de la competencia.
● Publicidad de la información de todo el ciclo de contratación pública, desde la planificación al pago y la ejecución, utilizando estándares internacionales de apertura de datos, incluyendo su vinculación con la información correspondiente al ciclo presupuestario.
● Promover el entrecruzamiento de los registros y las bases de datos sobre oferentes y proveedores del Estado entre la Nación, provincias y municipios.
 ● Eliminación de todas las formas de asignación discrecional de contrataciones e incorporación de reglas claras y objetivas de adjudicación.
● Creación de una cláusula anticorrupción que abarque la suspensión de los contratos respecto a las personas físicas o jurídicas en los casos donde se hubiese comprobado la existencia de irregularidades en la contratación y la exclusión de las/os contratistas que sean condenados en este tipo delitos.
● Prohibición de contratar con el Estado a los/las proveedores que tengan cuentas o sociedades en paraísos fiscales.
● Extender la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales a los directivos y gerentes de empresas proveedoras y contratistas del Estado, que sean beneficiarias de los contratos de mayor valor.
● Implementación de mecanismos de participación ciudadana de carácter obligatorio en todas las etapas, particularmente en las de planificación y control. ● Realizar un seguimiento de la conformación de las Uniones Transitorias de Empresas y sus subcontratistas.
● Regulación de los conflictos de intereses para los procesos de compras y contrataciones.
▸ Eje Temático 6: Prevención de desviaciones en el uso de recursos públicos para fines político-partidarios
La confusión entre Estado y partidos de gobierno en la Argentina involucra, entre otras cosas, el uso indebido de recursos estatales en particular durante los períodos electorales. Ello incluye el uso no neutral de la publicidad oficial, el aprovechamiento de bienes públicos -como aviones oficiales- durante las campañas, la confusión entre roles oficiales y de militancia partidaria de las/os empleadas/os públicas/os, entre otras desviaciones.
Para prevenir este tipo de situaciones, identificamos que el Estado debería, al menos:
 ● Impulsar una ley de publicidad oficial para garantizar que cumpla con fines exclusivamente vinculados al interés general y que su distribución se realice de acuerdo a parámetros objetivos.
● Implementar un sistema de controles sobre el uso de recursos públicos en períodos electorales.
▸ Eje Temático 7: Financiamiento de la política
Una importante porción de las actividades de los partidos políticos y sus campañas electorales se financian con aportes privados de diferentes orígenes, en muchos casos de manera ilegal y en violación de los límites que publica la Cámara Nacional Electoral. Este escenario, caracterizado principalmente por la falta de transparencia, reduce las posibilidades de control por parte de la ciudadanía, lo que facilita los procesos de captura del Estado por parte del sector privado y la corrupción en el sector público.
Para comenzar a revertir este estado de cosas, entre otras cosas se debe:
 ● Garantizar la plena publicidad, en tiempo real, de todos los aportes recibidos por los partidos políticos, tanto para actividades permanentes como en períodos de campaña.
● Garantizar los recursos necesarios para que los órganos de control (juzgados y cámaras electorales) cuenten con el personal y las herramientas técnicas necesarias para supervisar el financiamiento de los partidos.
● Impulsar la plena vigencia de los regímenes de sanciones para el comportamiento indebido de los partidos y sus representantes (incluidas las suspensiones para participar de elecciones ante infracciones a la ley).

Sección D- Políticas de transparencia

▸ Eje temático 8: acceso a la información pública
Desde la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275), su implementación ha sido dispar entre los sujetos obligados. Parte del problema reside en que las autoridades de control no fueron creadas en algunos casos y en otros su diseño resulta defectuoso ya que no garantiza su autonomía ni los recursos, tanto humanos como económicos, necesarios para funcionar de manera efectiva. Por otra parte, persiste un paradigma de secretismo en ciertas instituciones públicas, que se plasma en la falta de respuesta o en respuestas deficientes ante los pedidos de acceso a la información pública.
Para un adecuado cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de acceso a la información, resulta necesario: ● Promover la plena aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, partiendo de la creación de todos los órganos garantes y garantizando que la reglamentación en los tres poderes del Estado les garantice autarquía de recursos y autonomía funcional.
● Adecuar la producción de información y gestión documental de todos los sujetos obligados por la Ley que garantice mejor calidad de las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública.
● Promover el cumplimiento pleno de las obligaciones de transparencia activa. ● Eliminación de la excepción de entregar información pública correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.
▸ Eje Temático 9: Transparencia presupuestaria y fiscal
La falta de información sobre la manera en la que el Estado se financia y el modo en que distribuye esos recursos socava las posibilidades de detectar casos de corrupción. Si  bien han habido avances en el último tiempo sobre este punto, no todas las instituciones publican el detalle de información suficiente para un adecuado monitoreo por parte de la ciudadanía.
En función de ello se propone:
● Apertura de toda la información presupuestaria hasta el máximo nivel de desagregación, en todas las etapas del ciclo presupuestario, desde la planificación, asignación, distribución y los comprobantes de pago finales en el caso de adquisición de bienes y servicios, incluyendo la apertura de información sobre partidas extra presupuestarias utilizadas por el Estado nacional en diferentes programas.
● Limitar las facultades y superpoderes del Poder Ejecutivo para reasignar el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación.
● Transparentar la información pública sobre empresas y personas beneficiarias de exenciones fiscales, así como de todo régimen fiscal que genere beneficios sectoriales o a particulares.
● Aumentar la cantidad de información y la rendición de cuentas sobre los fondos presupuestarios transferidos del Estado nacional a las provincias, municipios y otros entes.
▸ Eje Temático 10: Transparencia de los mercados financieros y control de la corrupción en el sector privado
El sector privado cumple un rol fundamental en los casos de corrupción. Su intervención no se reduce a la participación en estos delitos, sino que suele facilitar también su ocultamiento mediante maniobras como el lavado de dinero. La opacidad de los mercados financieros y de la actividad de muchos de estos actores en su relación con el sector público limita seriamente las posibilidades de prevenir y detectar la corrupción. Para enfrentar en forma adecuada el rol del sector privado en los casos de corrupción, entre otras medidas, resulta necesario:
● Reducir la discrecionalidad en la aplicación del secreto fiscal y favorecer la apertura de esta información en casos en los que se investiguen delitos de corrupción.
● Fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de dinero mediante la apertura de la información sobre mercados financieros locales y participación de ciudadanas/os argentinas/os en mercados financieros extranjeros y paraísos fiscales.
● Implementar medidas de control sobre la relación entre el sector privado y el público, incluyendo la sanción de una ley que regule la gestión de intereses (lobby) y que dé publicidad a las audiencias entre privados y funcionarias/os.
● Ampliar los alcances y obligaciones de régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en la Ley 27.401 y exigir la implementación de programas de integridad en todas las empresas que contraten o se relacionen con el sector público.
● Crear un registro con la información sobre los beneficiarios efectivos o finales de las personas jurídicas. Sección E- Fortalecimiento institucional
▸ Eje Temático 11: Independencia y eficacia del Poder Judicial
El Poder Judicial es el principal actor en la investigación y sanción de la corrupción. Sin que esté garantizada la imparcialidad de las/os juezas/ces, la posibilidad de sostener en el tiempo situaciones de impunidad en este tipo de delitos del poder se incrementa considerablemente. Nuestro país tiene un gran déficit en esta materia, que se evidencia principalmente en el hecho de que las causas adopten el ritmo de las necesidades políticas de coyuntura (“durmiendo” por años o acelerándose con criterios manifiestamente arbitrarios, dictando y revocando prisiones preventivas en función de condicionamientos ajenos al derecho, entre otros). La injerencia del poder político y  económico juega un papel clave en esta falta de independencia, sobre todo en los procesos de selección de juezas/ces, procesos disciplinarios, así como en el control periódico de su desempeño.
Para revertir ello, se deben:
● Reformar los mecanismos de selección de magistradas/os en el ámbito del Consejo de la Magistratura para evitar la prolongación de los concursos y garantizar que sean efectivamente públicos y basados en la idoneidad e imparcialidad.
● Limitar la utilización de las figuras de “selección” de cargos judiciales que se aparten del procedimiento establecido en la Constitución Nacional.
● Establecer la obligación del Poder Ejecutivo de fundar la selección de las/os candidatas/os a magistradas/os que son enviados al Senado.
● Reformar los mecanismos de sanción y remoción para promover un control periódico de la actividad de las/os juezas/ces pero que eviten la utilización de estas instancias como mecanismos de presión externa.
● Sancionar un Código de Ética Judicial.
● Ampliar el control sobre la Corte Suprema de la Nación y el Consejo de la Magistratura a órganos externos como la Auditoría General de la Nación.
● Fortalecer la asignación de recursos técnicos y humanos de los juzgados encargados de llevar adelante los procesos en los que se investiguen delitos de corrupción.
● Auditar de manera periódica a los juzgados en los que tramitan causas de corrupción y publicar de manera actualizada los resultados sobre su desempeño.
▸ Eje Temático 12: Fortalecimiento del rol de los Ministerios Públicos
Los Ministerios Públicos son órganos independientes dentro del sistema de justicia, que complementan el rol del Poder Judicial y ocupan roles específicos en el proceso penal. El rol del Ministerio Público Fiscal es el de proteger los intereses generales de la sociedad; mientras que en el Ministerio Público de la Defensa se trata de garantizar la plena vigencia de los derechos de defensa en juicio y acceso a una justicia imparcial. Estas dos finalidades cumplen una función de suma trascendencia en la investigación de la corrupción ya que promueven un adecuado funcionamiento del Poder Judicial.
Respecto de ello, proponemos:
● Fortalecer las agencias especializadas en delitos contra la administración pública y conexos del MPF, y asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia de sus titulares: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y las Direcciones Generales de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
● Impulsar la designación de un/a procurador/a general, de acuerdo a las previsiones constitucionales y legales, de manera abierta y participativa.
● Garantizar la transparencia de los concursos de selección de fiscales y defensores/as, y los mecanismos de ascenso.
● Promover, mediante la asignación de los recursos necesarios a ambos Ministerios Públicos, la implementación del sistema penal acusatorio.
● Ejercer un control periódico del desempeño de las/os fiscales y defensoras/es.
● Eliminar la facultad del/a Procurador/a General de la Nación de establecer de forma excluyente la apertura o archivo de los procesos disciplinarios contra magistradas/os del Ministerio Público Fiscal.
▸ Eje Temático 13: Organismos de control
Los organismos de control ocupan un rol fundamental en la prevención, detección e investigación de la corrupción. Ya sea aquellos que cumplen funciones de auditoría externa (AGN) o interna (OA, SIGEN), aquellos que cumplen funciones de prevención y control (AFIP), así como aquellos que se dedican a detectar delitos específicos (UIF), son instituciones muchas veces sujetas a limitaciones de todo tipo que obstaculizan el pleno desarrollo de sus objetivos y funciones.
Para mejorar la eficacia de estos organismos a la hora de prevenir y detectar casos de corrupción, se requiere:
● Reforma de los organismos con roles de control relacionados a la corrupción (AGN, SIGEN, AFIP, UIF, CNV, BCRA, AFIP, IGJ, entre otros) basada en la transparencia, la independencia funcional y presupuestaria, el fortalecimiento de mecanismos de auditoría y la prevención, en particular para asignar facultades de control concomitante y para impulsar el cumplimiento de sus recomendaciones.
● Mejora en los mecanismos de articulación y coordinación entre estas agencias en su labor de investigación de la corrupción.
● Aumento de la participación ciudadana en la planificación de auditorías de la AGN y SIGEN, así como en el seguimiento de las recomendaciones hechas por los órganos de control a las instituciones auditadas.
▸ Eje Temático 14: Reforma del sistema de inteligencia nacional
Las grandes causas de corrupción en Argentina han exhibido una relación promiscua entre servicios de inteligencia, sectores de la política y el Poder Judicial, socavando considerablemente la independencia e integridad de este último. Esta intervención es una desviación consecuente del uso político de los servicios de inteligencia. El secreto que rodea a esta área del Estado, en particular sobre la ejecución del presupuesto que se le asigna, imposibilita un control adecuado por parte de la sociedad.
Por ello es necesario:
● Reformar el Sistema de Inteligencia Nacional para garantizar la transparencia en la asignación de recursos y en el ejercicio de las funciones contempladas en la Ley de Inteligencia Nacional, de modo que la ciudadanía pueda ejercer un adecuado control democrático.
● Promover el control civil y político efectivo de las tareas realizadas por los organismos de inteligencia en el marco de investigaciones judiciales vinculadas a delitos de corrupción.
● Promover la creación de la Policía Judicial o Cuerpo Federal de Investigaciones Judiciales

Sección F- Participación ciudadana

▸ Eje temático 15: Participación ciudadana en la prevención, investigación y sanción de la corrupción. Nuestro país tiene un déficit generalizado de participación ciudadana, producto de un sistema de representación política propio de una democracia delegativa. La ciudadanía se encuentra alejada no solamente de los ámbitos de toma de decisiones, sino de cualquier instancia de monitoreo de la gestión. En materia de corrupción, esta problemática es transversal a todas las instituciones afectadas por este fenómeno. Por una parte, el proceso de creación, implementación, seguimiento y control de las políticas públicas -instancias fundamentales para acabar con la corrupción- en el ámbito del Poder Ejecutivo cuenta con escasos espacios de involucramiento de la ciudadanía, lo que imposibilita avanzar de un modelo de “accountability social” a otro de participación integrada. Algo similar ocurre con los procesos de investigación y sanción de los delitos de corrupción en el ámbito del Poder Judicial, un ámbito tradicionalmente cerrado, que ha sido reticente a la voz y el control de la sociedad. Para revertir este estado de cosas en lo que a las políticas anticorrupción se refiere, resulta necesario: ● Implementar el juicio por jurados en todo el país y evaluar su aplicación específica para el juzgamiento en casos de corrupción ● Incorporar al Código Procesal Penal mecanismos de monitoreo ciudadano de la investigación penal de la corrupción. ● Impulsar la designación de una autoridad a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación 18 ● Generar mecanismos de participación ciudadana para la discusión de las políticas de prevención y sanción de la corrupción en los tres poderes del Estado. ● Ampliar los mecanismos de participación ciudadana en la justicia, como las audiencias públicas o los amicus curiae. ▸ Eje Temático 16: Promover nuevos modelos de capacitación e investigación sobre la corrupción desde una perspectiva basada en la igualdad, la justicia y la democracia. Una parte fundamental de cualquier propuesta, plan o programa para combatir la corrupción es el impulso a programas de capacitación e investigaciones que nos permitan identificar y concientizar sobre los impactos de este fenómeno en los sectores más vulnerables, en la confianza en las instituciones públicas y en la estabilidad de nuestra democracia. En el contexto de una sociedad de creciente desigualdad, es necesario recuperar el valor del Estado como garante de los recursos comunes e impulsor de políticas públicas que prioricen el bienestar general sobre cualquier tipo de privilegio.
Al respecto, debe avanzarse en:
● Ejecutar un Plan Nacional de Capacitaciones sobre ética pública y anticorrupción en los tres poderes del Estado.
● Impulsar el diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito académico sobre el fenómeno de la corrupción, las relaciones entre el sector público y el privado, y los costos ocultos de estas formas de criminalidad en la sociedad y, en particular, en los grupos vulnerabilizados.
● Incluir en los programas de formación ética y ciudadana de todos los ámbitos educativos los debates y políticas públicas relativas a la corrupción.

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Adhieren: ACIJ- Poder Ciudadano- Grupo Artículo 24 – Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta – FOCIS – Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos – CIPCE- Directorio Legislativo-Democracia en red-Usuarios y Consumidores Unidos – Centro De Estudios Interdisciplinarios Forenses Para Casos De Anticorrupcion (CEIFA) – Fundación Salvador – Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) – YMCA/Asociación Cristiana De Jóvenes – Fundación Cambio Democrático- Fudeps- Nuestra Mendoza-Centro Latinoamericano de Derechos Humanos- Observatorio del Derecho a la Ciudad – Centro de Estudios sobre Fraude, Anticorrupción y Compliance de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) – Proyecto Educar 2050 – Acción Colectiva-Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad.  Natalia Volosin – Manuel Garrido – Ricardo Gil Lavedra – Roberto Carles – María José Lubertino- Diana Maffia- Marta Oyhanarte, entre otros/as