Ley de Glaciares: “Quieren sacar el oro de la tierra para ponerlo en las bóvedas de los bancos”
Publicado el 27 de marzo de 2018, por La Izquierda Diario
Por Laura Borse
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Conciencia Solidaria, Greenpeace y otras organizaciones, participaron de un debate en defensa de la Ley de Glaciares en el Senado, realizado el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. También participaron del debate científicos, senadores y público en general. “Quieren sacar el oro de las entrañas de la tierra para ponerlo en las bóvedas de los bancos”, denunciaron desde la comisión del Senado.
Desde que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman calificó los lineamientos de la ley como “grandes ideas irreales” que “requieren revisión”, en el mes de noviembre pasado mientras paseaba por Alemania y asistía a la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP23), las alarmas se encendieron en todo el país ante el interés del Gobierno Nacional de modificar la Ley de Glaciares.
La Ley de Protección de Glaciares N° 26.418 llegó a sancionarse gracias a la lucha e iniciativa de Marta Maffei, quien en 2008 ya había presentado una ley similar que fue vetada por Cristina Kirchner. En el 2010 se presenta un proyecto similar, iniciado por Miguel Bonasso, que finalmente fue aprobado por el Congreso de la Nación en ese mismo año. Es una ley de presupuestos mínimos, o sea que establece las condiciones mínimas de protección que todas las provincias deben respetar, pudiendo éstas siempre aplicar mayor protección bajo su jurisdicción pero jamás una menor a la establecida por la ley general. La legislación tiene como objeto preservar los cuerpos glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para consumo humano, agricultura, mantenimiento de cuencas hidrográficas, protección de biodiversidad y ecosistemas y también resguardarlos por su atractivo turístico.
Ley de Glaciares: el Gobierno impulsará modificaciones en favor de la minería
Un debate esclarecedor
El Dr. Lucas Ruiz, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), confirmó durante su exposición que en el área concesionada a la mina Veladero existen glaciares y periglaciares.
Este hecho también fue confirmado por el abogado Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y representante de la Asamblea de Jáchal de San Juan, quien en redes sociales manifestó que “ya es oficial. La empresa megaminera Barrick Gold está en infracción de la ley”. Luego agregó que de acuerdo con el Inventario Nacional de Glaciares, tanto la mina Veladero como Pascua-Lama están asentadas sobre glaciares, violando directamente la ley.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Ambiente del Senado, Pino Solanas, publicó por diversos medios que ya envió copias de esas declaraciones oficiales al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, al ministro Sergio Bergman y al juez federal Sebastián Casanello. La directora de Política Ambiental de FARN, Pia Marchegiani, fue conclusiva: “Resulta preocupante que nuestros gobernantes avalen que los intereses privados pongan en riesgo la institucionalidad ambiental y debiliten la protección de valiosísimos recursos hídricos”.
Durante el debate, que duró más de tres horas, los participantes pidieron a los legisladores que mantengan su compromiso con los niveles de protección estipulados por ley para estos ecosistemas frente a las presiones del sector minero para disminuirlos.
Por su parte, Faustino Esquivel, del pueblo sanjuanino de Jáchal, una comunidad muy activa en defensa de su territorio y muy afectada por los sucesivos derrames tóxicos de la cercana mina Veladero, expresó: “Estas empresas de megaminería sí contaminan, y nos contaminaron nuestro río. Nuestro pueblo es el que más alto grado de cáncer tiene en la provincia”.
María José Lubertino, de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, explicó que con referencia a las leyes de presupuestos mínimos “no se admite la regresión en materia de derecho ambiental. No hay posibilidad institucional para retroceder en materia ambiental”, y además se debería entender que “la inequidad en el acceso al agua golpea particularmente a las mujeres, porque son las que dedican hasta ochos horas de su día en llegar a las fuentes de agua y llevarlas a su población”. Finalizó concluyendo que “el agua versus el oro tiene que ver con la desmercantilización de la naturaleza. Esa es nuestra utopía”.
Por su lado, el impulsor de la ley, Miguel Bonasso, insistió en que está en marcha un nuevo Plan Cóndor, relacionado con la depredación de los recursos naturales del continente sudamericano y la injerencia de potencias extranjeras para asegurar ese saqueo, y que por estas razones debemos prepararnos, porque “vienen cosas muy pesadas en este país, ya están pasando, como con Santiago Maldonado y con Rafael Nahuel”.
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Funcionarios con proceso legal
El pasado 5 de marzo la Cámara Federal confirmó la imputación a tres exsecretarios de Ambiente. La causa fue iniciada por la Asamblea ciudadana ‘Jáchal no se toca’, de la provincia de San Juan. En este proceso los acusados son los exfuncionarios Omar Vicente Judis, Sergio Lorusso, Juan Mussi y el científico Ricardo Villalba. Se los acusa de incumplimiento del mandato legal de conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en su carácter de funcionarios del Gobierno.
Además, la Asamblea por Jáchal acaba de denunciar en el Senado que los análisis del agua en su localidad estimaron valores preocupantes de mercurio, más altos incluso que luego de los últimos derrames. La revelación coincide con los rumores de un nuevo derrame en diciembre que no fue informado públicamente.
En Argentina nueve provincias promulgaron legislaciones que prohíben ciertos tipos de actividad minera gracias a la perseverancia y compromiso de las asambleas comunitarias y los pueblos en defensa de la vida, el agua y el territorio. Chubut, Río Negro, La Rioja, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego tienen restricciones legales para la instalación de empresas mineras, aunque en varias de ellas, como Mendoza y Chubut, el gobierno redobló los avances para presionar en favor de la flexibilización de esas leyes.
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La resistencia de las comunidades por preservar sus territorios ante el avance de proyectos extractivos que vienen para llevarse las riquezas a los países ricos, dejando aquí miseria y degradación, es constante y atraviesa toda América Latina. Luciana Gagliardo, de la ONG Conciencia Solidaria, logró reflejar el sentimiento que atraviesa a todas las comunidades que continúan luchando para defender sus formas de vida: “Si hablamos de identidad, hablemos de agua, de glaciares, de las montañas. Somos el pueblo que les está diciendo a los gobernantes que la Ley de Glaciares sigue en pie”.