La ex diputada Lubertino cuestionó la privatización de AySA: «El agua no es una mercancía» – Agencia Nova – 22 de septiembre 2026
a Comisión de Obra Pública, donde expuso sus cuestionamientos al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La dirigente advirtió por el impacto que podría tener el nuevo esquema sobre las obras pendientes, las tarifas y el acceso al agua potable, al tiempo que reclamó frenar la operación.
Lubertino recordó que presentó, junto con otras organizaciones, un amparo judicial para intentar detener el proceso de privatización de la empresa. La licitación contempla la venta del 90 por ciento de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional. El proceso avanzó durante septiembre y dos consorcios quedaron en carrera luego de la apertura de las ofertas técnicas.
Durante su exposición ante la Comisión de Obra Pública, la exlegisladora señaló especialmente la situación de las obras de infraestructura que quedarían pendientes bajo el nuevo esquema. “Hay 440 obras inconclusas que quedan en el aire, con el corte de pasivos que propone esta privatización”, afirmó en diálogo con NOVA.
También cuestionó las metas de cobertura establecidas para el futuro operador. Según Lubertino, aun con un contrato de concesión de varias décadas, los objetivos previstos “son absolutamente insuficientes” y no permitirían alcanzar a la totalidad de los usuarios actuales de la compañía.
Críticas a las tarifas y al financiamiento
Otro de los puntos señalados por la exdiputada estuvo relacionado con el esquema económico previsto para la concesión. Lubertino sostuvo que las condiciones de la licitación contemplan mecanismos que, a su entender, garantizan rentabilidad en dólares a las empresas concesionarias, mientras que los costos terminarían trasladándose a los usuarios.
“Las fórmulas económicas que contempla la licitación le garantizan una rentabilidad en dólares a las empresas que vamos a terminar pagando los usuarios”, sostuvo.
La dirigente también manifestó preocupación por las cláusulas vinculadas al financiamiento de las futuras obras. Según explicó, las empresas podrían recurrir a créditos para desarrollar infraestructura y determinadas condiciones del pliego podrían terminar vinculando a los usuarios con el repago de esos compromisos.
El contrato previsto por el Gobierno establece una concesión de 30 años, prorrogable por otros diez, mientras que el Ejecutivo anunció obligaciones de inversión superiores a los 2.000 millones de dólares durante los primeros cinco años.
“El agua como derecho humano”
Uno de los principales ejes de la intervención de Lubertino fue la defensa del acceso al agua potable como derecho humano. La exdiputada participó de la audiencia en representación de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y cuestionó que un servicio esencial quede sometido a una lógica de mercado.
“Defendemos el agua como derecho humano y el agua no como una mercancía”, remarcó.
En ese sentido, recordó la experiencia de la década de 1990, cuando el servicio de agua y saneamiento del Área Metropolitana fue concesionado a Aguas Argentinas. La concesión comenzó en 1993 y terminó con la reestatización de la empresa en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
“Ya tuvimos una privatización de AySA en la década del 90, que tuvimos que reestatizar”, sostuvo Lubertino, quien advirtió sobre la posibilidad de repetir problemas que, desde su perspectiva, ya se produjeron durante aquella experiencia.
Cuestionamientos por la transparencia del proceso
La dirigente también puso el foco en el acceso a la información durante el proceso licitatorio. Señaló que desde la sindicatura de usuarios del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) elaboraron dos dictámenes críticos sobre los pliegos y cuestionó que el organismo regulador no hubiera podido acceder a determinada información del proceso.
“Hay una falta de transparencia en muchos aspectos del proceso licitatorio”, afirmó.
Sus cuestionamientos se producen además en un escenario de conflicto judicial. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó en septiembre una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, que ordenó a AySA abstenerse de modificar, reducir, diferir o alterar sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano mientras se realiza una evaluación integral.
Pese a esa resolución, el proceso licitatorio continuó y el 15 de septiembre se concretó la apertura de las ofertas técnicas. El Gobierno sostiene que la privatización permitirá incorporar inversión privada y mejorar la eficiencia del servicio, mientras que sus críticos advierten sobre los efectos que el nuevo esquema podría tener sobre las tarifas, las inversiones y las obligaciones de cobertura.
Frente a este escenario, Lubertino pidió a diputados y senadores que intervengan para detener la privatización y cuestionó el impacto que, según su análisis, podría tener sobre millones de usuarios del servicio.
“Estamos en esta Comisión de Obra Pública para pedirles a los diputados y senadores que frenen esta privatización”, concluyó la exdiputada en diálogo con NOVA.