Aborto: Profundizar en un debate democrático

Foto: María José Lubertino

El movimiento de mujeres en su conjunto, desde hace muchos años y, particularmente, las feministas desde largo tiempo antes, venimos solicitando un debate democrático sobre la legalización del aborto y el cumplimiento acabado de los tratados en materia de Derechos Humanos. Especialmente del derecho a la salud, del derecho a la integridad física y psíquica de las mujeres sin discriminación. La Guía de Atención Sanitaria de Abortos No-Punibles de 2007 no hizo otra cosa que recoger las obligaciones asumidas por el Estado argentino en esta materia, que la guía del 2010 viene a perfeccionar después de la existencia de nuevos casos con responsabilidades internacionales como el de la niña toba violada en Chaco en la gestión anterior y la niña violada en Guernica (Provincia de Buenos Aires).

Los dimes y diretes que recortaron y recalcaron los medios de comunicación esta semana con el objetivo de señalar marchas y contramarchas en el Gobierno, y las presiones de grupos fundamentalistas no detendrán el debate ni la aplicación de la Constitución en la materia. Todo caso de aborto originado en un embarazo proveniente de una violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de las mujeres es legal. Ninguna autoridad médica, ni judicial, ni política puede oponerse. Sus negativas, dudas, miedos o pusilaminidad en la materia lo único que hacen es cobrarse vidas e impactar en las mujeres de menos recursos.

La Presidenta sostuvo varias veces que la legalización del aborto no estaba en su agenda, eso no significa que este gobierno no deba cumplir con la ley vigente en la materia y garantizar una adecuada política de salud. Tampoco quiere decir que, si hay un debate democrático en el Parlamento, ella misma no pueda ser persuadida de cambiar de idea y por supuesto jamás haría uso de su facultad de veto como lo hizo el ex presidente Tabaré Vazquez.

Es necesario que el ministro Manzur asuma públicamente en materia de salud la posición coherente con los principios de Derechos Humanos defendidos por este Gobierno tanto a nivel nacional como internacional.

Entendemos que la Guía 2010 elaborada por el propio Ministerio debe ser refrendada y difundida a la brevedad para cumplir con lo comprometido por la Cancillería, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud en las soluciones amistosas planteadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En otro orden de cosas esperamos que las comisiones de Salud y Derecho Penal comiencen el debate de los proyectos de ley impulsados por más de 55 diputados y diputadas. Anhelamos que podamos informar ampliamente sobre la materia, porque la mayoría de los países del mundo que tienen leyes que autorizan a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y los países que tienen mejores políticas de salud para evitar los abortos, son aquellos que lo han legalizado con más amplitud.

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