Irregularidades en la pretendida designación de Ugolini en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Buenos Aires. 27/05/2010. Tras la audiencia pública a la que tuvieron que asistir los jueces de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, Elena Liberatori y Guillermo Scheibler ante la demanda por supuesto conflicto de poderes promovida por el Ejecutivo porteño, la diputada María José Lubertino destacó: “La trama oculta detrás de las acciones iniciadas contra los jueces Contenciosos Administrativos son las irregularidades y la falta de transparencia en el mecanismo hacia la pretendida designación de una jueza en el Superior Tribunal. Este es un hecho doblemente grave porque pretende disciplinar a Jueces y cerciorar la independencia del Poder Judicial de la Ciudad, máxime tratándose de jueces que han tenido fallos históricos en materia de derechos económicos y sociales e interpretaciones innovadoras de la Constitución de la Ciudad que han resultado molestas a sucesivos Ejecutivos pero que ante los reiterados incumplimientos y omisiones de esta gestión se volvieron emblemáticos de la defensa de los más excluidos”.
La legisladora por Encuentro Popular para la Victoria continuó: “Por el otro lado, resulta de gravedad que un hecho relevante como la inclusión de un nuevo integrante del Superior Tribunal se pretenda hacer violando reglas de publicidad y control por parte de la ciudadanía cuando los resortes previstos deben garantizar la indubitable trayectoria de quien llega a la Corte y la consideración publica colectiva, de la sociedad en su conjunto de la idoneidad e independencia de ese alto magistrado. Con esos hechos acaecidos se ha incurrido en esa doble situación de gravedad”.
“Con la intimidación a los jueces pretendieron tapar una acto de connivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo en su anterior composición para bloquear, obstruir, o dejar de lado los procedimientos que establece la Constitución para designar un alto magistrado. Esos procedimientos no son negociables, son garantías que establece la Constitución para la intervención de la sociedad civil. Es correcto que sean los jueces, en cualquiera de sus instancias, los que intervengan para denunciar la omisión o la falta de transparencia en los procedimientos. También es correcto que habiendo cambiado la composición de la Legislatura, los nuevos legisladores no queramos ser cómplices de ese hecho”, finalizó María José Lubertino, presente en la audiencia pública que tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires.