Los verdaderos lobbistas no piden reuniones, las convocan y los funcionarios van, escuchan y obedecen» – 11 de Junio de 2026 – ANCCOM
Por Marcel Chávez
Organizaciones de la sociedad civil asistieron al Congreso para debatir sobre la Ley de Lobby y advirtieron que lejos de buscar mecanismos de transparencia para el Estado sirve para vigilar y regular a la ciudadanía. Señalaron que la norma busca el control estatal de actividades que forman parte de la vida democrática
Diversas organizaciones de la sociedad civil participaron este miércoles de una reunión en Comisiones de la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de «Ley de Lobby», una de las iniciativas que el Ejecutivo nacional busca impulsar por estos días junto al denominado «Súper RIGI».
Aunque coincidieron en la necesidad de regular la gestión de intereses, las organizaciones cuestionaron distintos aspectos del texto oficial. Participaron desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal hasta el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. También expusieron representantes de Poder Ciudadano, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Vía Libre, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, el Directorio Legislativo y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).
El Gobierno propone crear un registro público de gestores de intereses para particulares, empresas y organizaciones que realicen actividades de lobby ante funcionarios y legisladores.
Una de las principales críticas apuntó a la definición de «gestión de intereses» incluida en el proyecto. Según plantearon, la redacción actual iguala el lobby profesional con la participación de organizaciones sociales, vecinales o de derechos humanos que reclaman ante el Estado por la garantía y el cumplimiento de derechos.
«El primer problema es que el proyecto no distingue entre una farmacéutica que busca una ventaja regulatoria y una organización de pacientes que reclama acceso a medicamentos. No distingue entre una constructora y un club de barrio que pide una tarifa social, o entre un banco y vecinos que reclaman agua potable. Eso no es lobby oscuro, eso es democracia funcionando. El proyecto coloca todas esas actividades bajo una misma categoría», sostuvo Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), su directora Paula Litvachky advirtió que el proyecto amplía la noción de lobby hasta incluir prácticas propias de la participación ciudadana. «No es únicamente la cuestión del lobby parlamentario. También alcanza las relaciones con el Poder Ejecutivo y el seguimiento de políticas públicas». Según planteó, la definición propuesta incluye desde reuniones con funcionarios para discutir una política pública hasta la actividad de organizaciones de derechos humanos, sindicatos o colectivos de víctimas.
Para el organismo, esa amplitud convierte en objeto de control estatal actividades que forman parte de la vida democrática. «La definición es tan amplia que abarca casi absolutamente toda interacción con legisladores, políticos y funcionarios. Actividades normales en una democracia pasan a quedar sujetas a supervisión estatal permanente», afirmó.
En la misma línea, María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, dijo que la iniciativa afectaría especialmente a organizaciones que realizan trabajo territorial. «Las organizaciones que no están acá porque no leen el Boletín Oficial están en el territorio atendiendo los reclamos de la gente que no tiene cloacas, agua potable o que no sabe cómo tramitar una tarifa social», señaló. Según sostuvo, muchas ya enfrentan dificultades para cumplir con las obligaciones administrativas vigentes. «A veces, para desarchivar un expediente, la IGJ te cobra $12.000. Nos cuesta pagar un contador para tener los balances al día. Sinceramente, para nosotros esto es inviable».
Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, cuestionó la creación de nuevos mecanismos de registro. «Las organizaciones de la sociedad civil ya estamos fuertemente reguladas. Cada vez que recibimos fondos de cooperación internacional somos auditadas hasta el último milímetro de los contratos».
Según explicó, el proyecto obligaría a sistematizar y reportar información sobre agendas de trabajo, objetivos y actividades de las organizaciones. Además, vinculó la iniciativa con el DNU 941/2025: «Hoy el Estado tiene información biométrica, tributaria, patrimonial, laboral, previsional, migratoria, de salud y antecedentes judiciales de las personas. Este registro se crea en un contexto en el que toda esa información puede ser requerida por los organismos de inteligencia».
Fernando Ruiz, expresidente y miembro fundador de FOPEA, definió al proyecto como una norma que «empieza a regular en forma excesiva la actividad de organizaciones y colectivos ciudadanos». A su entender, la iniciativa invierte el sentido de los mecanismos de transparencia. «En los fundamentos se dice que la ley busca vigilar al Estado, pero después toda su batería de medidas sirve para vigilar y regular a la sociedad civil». También alertó sobre el impacto que tendría en entidades pequeñas y sostenidas por trabajo voluntario. «¿Por qué le tengo que contar al Estado lo que hago para defender los intereses públicos?», preguntó.
El cierre más enfático llegó desde la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Su presidente, Leonardo Schindler, cuestionó que el proyecto coloque bajo las mismas reglas a organizaciones sociales, sindicatos, iglesias y organismos de derechos humanos que a actores con intereses económicos. «La ley vulnera el derecho de los más débiles, a los más fuertes no los toca», sostuvo. Y dejó una de las frases que más resonó durante la jornada: «Los verdaderos lobbistas no piden reuniones. Los verdaderos lobbistas convocan a las reuniones y los funcionarios van, escuchan y obedecen».