Niñez y Adolescencia
PROTECCIÓN DE GRUPOS ESPECIALMENTE VULNERABILIZADO
Denunciamos que más de 9 mil niñas y niños se quedaron sin vacantes en el nivel inicial porteño en 2019, y exigimos políticas que reviertan esta grave situación. (AGREGAR FORO VACANTES ESCUELA)
Responsabilizamos al Gobierno de la Ciudad por los rechazos de inscripción que enfrentan los y las niñas con discapacidad en escuelas privadas y difundimos el sitio web porunaeducacióninclusiva.
Difundimos la investigación de ACIJ sobre los efectos de la privatización de la educación en la inclusión de las personas con discapacidad (») y, junto a la Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI), la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la discriminación que sufren las niñas y los niños con discapacidad en los sistemas educativos de América Latina (»).
Participamos del proceso e impulsamos la designación de las primeras autoridades de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Luego de 14 años de vacancia, junto a la coalición Infancia en Deuda conseguimos que la Cámara de Diputados confirme a quien resultara seleccionada por concurso para el cargo -y actualmente esperamos la aprobación definitiva por parte del Senado de la Nación- http://infanciaendeuda.org/
Una de las preocupaciones que transversaliza mi accionar en todos los cargos en los que me desempeñé o desde la sociedad civil, es la deuda que mantenemos con la niñez y la adolescencia en Argentina.
En este sentido, acompañé innumerables iniciativas como la creación del ingreso ciudadano a la niñez, la asignación universal por hijo/a, la universalización de la educación inicial desde los 45 días a 5 años y reclamos para la construcción de establecimientos ante la falta de vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad, junto a miles de padres y madres, sindicatos docentes y organizaciones sociales.
En 1996 incorporamos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el artículo 39 que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados. Se respeta su intimidad y privacidad. Cuando se hallen afectados o amenazados pueden por sí requerir intervención de los organismos competentes. Se otorga prioridad dentro de las políticas públicas, a las destinadas a las niñas, niños y adolescentes, las que deben promover la contención en el núcleo familiar y asegurar: La responsabilidad de la Ciudad respecto de los privados de su medio familiar, el amparo a las víctimas de violencia y explotación sexual, medidas para prevenir y eliminar su tráfico.
En 2003 como Diputada Nacional impulsé las licencias por paternidad como un derechos de los/as niños/as y como Presidenta del INADi entre 2006 y 2009 trabajamos contra la discriminación de niños/as y adolescentes especialmente de las niñas y adolescentes mujeres, con discapacidad, migrantes, infancia trans y sectores empobrecidos y vulnerables. En este contexto, creamos un foro de sociedad civil con adolescentes y jóvenes por sus propias iniciativas.
Como Legisladora de la Ciudad mis principales proyectos de ley apuntaron al cumplimiento de la educación inicial y la educación sexual en las escuelas, como -Preservativos accesibles en el ámbito escolar de la Ciudad de Buenos Aires. (1596 D 2011 En 2010), -Programa de universalización de la educación inicial. Proyecto (1897 D 2012) y otros como -Presupuesto participativo con perspectiva de género e inclusión social. Proyecto (375 D 2010).
El 3 de Agosto de 2010 realizamos la “Marcha de los Cochecitos” en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La acción tenía el objetivo de hacerle conocer el proyecto de ley “Programa de Universalización de la Educación Inicial” a las autoridades de la cartera educativa de la Ciudad.
Como Directora del Observatorio de la Discapacidad (2014-2015) trabajamos activamente por la no discriminación de los/as niñas con discapacidad y la accesibilidad en las escuelas públicas y privadas. También dictamos clases públicas e hice un seguimiento de la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas ya que considero que “es un derecho humano básico de todas las personas”.
No obstante, hay muchas asignaturas pendientes, por ello nuestro compromiso y objetivo es que el Estado implemente medidas urgentes para reducir la inequidad en el ejercicio de los derechos de niños y niñas.
- Las niñas, niños y adolescentes de Argentina deben tener su vacante asegurada en las escuelas públicas de todas las jurisdicciones del país. Según el informe publicado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (UCA), el 26,8% de las niñas y niños de entre 3 y 5 años no asisten al nivel inicial.
- La implementación de la ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral para todo el alumnado de escuelas públicas y privadas, durante todo el ciclo lectivo y desde el nivel inicial hasta el secundario es un derecho que el Estado tiene el deber de garantizar. Esta ley no se aplica correctamente en todas las provincias ni en todas las escuelas. Según sondeos de la consultora D’Alessio solo 2 de cada 10 alumnos/as argentinas reciben educación sexual de manera habitual en el aula.
- La última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud se llevó a cabo en 2005. En base a ésta, se determinó que las principales deficiencias nutricionales a nivel nacional eran el bajo peso y la desnutrición, siendo la obesidad una problemática en ascenso. Es indispensable realizar la Encuesta Nacional de Nutrición y garantizar desde el Estado la implementación de una política nutricional adecuada.
- La infancia es la población más empobrecida del país: casi la mitad de los niños/as argentinas son pobres. La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que el Estado realizará siempre inversiones crecientes, y dispone «la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional». El Estado no debe ejecutar medidas de ajuste en la población más vulnerable de nuestro país sino, crear mejores condiciones para la vida plena y el desarrollo de la comunidad.
- Cada año, más de 1.300 niñas y niños en todo el país nacen con Chagas congénito pero sólo el 50% son diagnosticadas/os. Diagnosticar oportunamente el Chagas y hacer seguimiento médico y controles a quienes son portadores/as es la única herramienta sanitaria para afrontar esta problemática. Por ello el estudio para detectar el Chagas es obligatorio en embarazadas, pero no siempre se cumple ni se continúa con el tratamiento. El Estado debe prestar debida atención y articular con las provincias lo necesario para abordar con responsabilidad esta cuestión.
- Un 57% de niñas, niños y adolescentes que no cuentan con cuidados parentales residen en dispositivos formales de cuidado que son gestionados de forma privada (organizaciones no gubernamentales), mientras que el 43% viven en dispositivos gestionados por los gobiernos provinciales. Existe una enorme desigualdad entre un establecimiento y otro aunque el marco normativo haga hincapié en los derechos humanos. Esto impacta fuertemente en el egreso de los/as adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales. El Estado debe involucrarse en el cuidado integral y en las mejoras de los dispositivos.
- Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia, por ello el Estado debe garantizar ese derecho creando y aplicando políticas de fortalecimiento familiar que apunten a que este sector pueda crecer y desarrollarse bajo el cuidado de sus familias desde una perspectiva de protección y resguardo. La formación, capacitación e implementación de programas que articulen con los juzgados de familia, son una herramienta que es Estado puede utilizar para que la separación de Niños, niñas y adolescentes de su familia, sean la última instancia.
- Hay que trabajar fuertemente en desarrollar una política integral para superar la exclusión estructural. El año pasado se realizó el primer censo popular de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires que arrojó cifras alarmantes, unas 600 niñas y niños viven en las calles porteñas. La confección de políticas públicas para la contención de esta situación es urgente e indispensable.
- Impulsar acciones que aseguren la universalidad y equidad del régimen de transferencias para la infancia y la adolescencia. Un esquema tal debe ser universal que se para garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes para erradicar la pobreza. Mientras a los niños/as que reciben AUH se les exige la asistencia escolar, este requisito no opera para quienes reciben AFH o cuyos padres/madres deducen ganancias. Por esto propongo eliminar el límite de ingreso mínimo para el cobro de asignaciones familiares establecido por decreto, la exclusión de los niños hijos de inmigrantes que posean menos de tres años de residencia en el país y el límite de cinco hijos para el caso de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo/a. Además, crear un esquema especial de asignaciones para los/as niños/as sin cuidados parentales.
