Precios, Fiestas y después. Diario Perfil – 14 de diciembre de 2021
En la primera quincena de octubre se habían registrado aumentos injustificados en el precio de góndola de algunos productos. En ciertos casos, se registraron incrementos de 15% o 20% en apenas 15 días.
El Gobierno convocó a las empresas alimenticias y a las cámaras de supermercados para consensuar un esquema de control de precios como veníamos pidiendo las organizaciones del defensa de los/as consumidores.
Un porcentaje importante de las alimenticias y la casi totalidad de los supermercados celebraron el acuerdo. Lamentablemente, un número reducido de empresas se opuso y la Secretaria de Comercio atinadamente, ante nuestros reclamos, fijó el precio de 1.432 productos hasta el próximo 7 de enero en todo el país. Este tipo de programas garantiza el acceso al consumo y los derechos de consumidores/as reconocidos por el Artículo 42 de la Constitución Nacional y las Directrices de Naciones Unidas, que en relación a los alimentos y algunos otros productos básicos son también derechos humanos.
Los resultados de la misma han sido muy buenos. Si tomamos los datos del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) –en el que supermercados de todo el país informan cada día los precios en góndola de una serie de productos bajo el formato de Declaración Jurada–, vemos que, el 30 de octubre (es decir, 11 días después de la implementación de la resolución), 21 productos habían bajado en promedio 7,6%, baja que se mantiene hasta el día de hoy.
Producto de ese proceso de diálogo se introdujeron algunos cambios. A través de la resolución 1.064/21, se incorporaron 13 productos típicamente navideños a +Precios Cuidados y además, se incorporaron 111 nuevos productos y se dieron de baja otros 261, quedando la lista final en 1.332 productos (cantidad que varía de acuerdo a la comercialización que realizan las empresas en cada provincia).
Sin embargo podemos constatar que los precios de los productos que no están dentro del listado aumentan vertiginosamente y no se nos escapan las presiones de las empresas para aumentar todo después de las fiestas.
Necesidad de desacoplar los precios locales de los internacionales
El incremento internacional del precio de los alimentos ascendió a precios no vistos desde hace una década y es el más alto desde julio de 2011, según la FAO. Esto impacta directamente sobre la economía argentina, ya que, al ser el nuestro un país productor de alimentos, es imperioso generar mecanismos que permitan desacoplar los precios internos de los internacionales. Esto es, si no se genera algún dispositivo eficaz tendiente a abastecer el mercado interno a precios accesibles para los ingresos promedio de argentinas y argentinos, la lógica extractivista del mercado tiende a que -debido a los buenos precios internacionales- los productores y comercializadores opten por vender al exterior (o en el país, pero al precio más cercano posible al que paga el mercado mundial) la mayor cantidad posible de la producción, generando problemas de abastecimiento, escasez y precios en la economía local.
El caso de la carne es paradigmático en ese sentido. En efecto, si en el año 2015 se exportaba el 8% del total de la faena, el gobierno de Mauricio Macri llevó ese número a más del 25%, y el actual gobierno no logró revertir la tendencia, que hoy se ubica en casi 28%. Asimismo en 2015 se consumían 55 kg de carne vacuna per cápita en la Argentina, promedio que hoy descendió hasta los 47 kg. Más allá del incremento de la conciencia ambiental y de comer saludable y del veganismo, lo cierto es que la demanda china es como una “aspiradora” sin límites. Por eso, si no se establece algún mecanismo que garantice una cuota determinada de la faena destinada a abastecer el mercado interno y que además esa cuota pueda obtenerse a precios accesibles, se incrementará la privación a los hogares argentinos de ese consumo.
Ahora bien, los defensores de usuarios y consumidores no somos anti-exportadores. Somos conscientes de la necesidad que tiene nuestro país de obtener divisas, más allá del pago de la voluminosa, cuestionable e irracional deuda que nos dejó el gobierno anterior, pero también para financiar el ciclo de crecimiento y desarrollo con inclusión social que debe guiar una sana política económica. Pero también somos conscientes de que esas divisas no pueden obtenerse a costa de la alimentación de quienes habitamos este suelo.
La salida del programa +Precios Cuidados y la nueva fase
Hay que avanzar hacia una nueva lista consensuada para después del 8 de enero. Queda el debate por la incorporación de productos frescos al listado vigente –carne y leche, especialmente–. Pero sobre todo carne, ya que la lista actual contiene algunos tipos de leche y productos lácteos en general.
Desde las asociaciones de usuarios y consumidores creemos que es fundamental que se mantengan los precios de los servicios públicos. Nos preocupan los aumentos de algunas jurisdicciones como CABA que si bien convoca a audiencia pública ya sabemos que nuestra participación no será escuchada y aumentarán igual (peajes, estacionamiento, VTV, etc) generando más inflación.
Debemos consolidar un trípode de equilibrio entre abastecimiento del mercado interno a precios acordes a los ingresos, exportaciones y rentabilidad empresarial en beneficio de todos/as y en perjuicio de nadie. Eso es perfectamente posible. Pero dicho propósito solo puede lograrse con más diálogo si el Gobierno desacopla los precios locales de los externos. De lo contrario, se nos someterá a los consumidores a pagar los alimentos a precios internacionales, algo que este Gobierno no debe permitir y ya está ocurriendo.
El objetivo debe ser que el impulso del consumo interno que propicia el Gobierno Nacional, como uno de los propulsores del crecimiento de la economía, no se dé en perjuicio de los ingresos de los trabajadores. En esa línea están orientadas todas las iniciativas y aportes que estamos propiciando desde las organizaciones de defensa. Esperamos ser parte de la conversación y ser escuchados.
* María José Lubertino. Doctora de Derecho y Profesora de Derechos Humanos UBA. Presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Integrante de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir.