TARIFAZO SIN FIN
17 de enero de 2017 // En Multisectorial en Red //
Como lo habíamos dicho, hicieron el año pasado las audiencias públicas, obligados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solo para convalidar nuevos tarifazos. Aunque en la Justicia siguen los juicios y hay pedidos de nulidad de varias audiencias, la falta de Defensor del Pueblo y la lentitud de los procedimientos nos deja en un estado de desprotección prolongado.
Aunque el acceso al servicio energético es un derecho humano somos rehenes de una matriz energética vetusta e in-sustentable, de empresas monopólicas y concentradas y de los CEOs en el gobierno que dolarizaron el precio de la electricidad.
Nos oponemos a este nuevo aumento en nombre de los/as usuarios/as, de las personas que quieren un servicio eficiente y no lo reciben, en nombre de las personas con discapacidad, las personas mayores y los/as electrodependientes a los que los cortes ponen en riesgo vital.
Nos oponemos a estos irrazonables nuevos aumentos que no guardan relación con el ingreso de la mayoría de los hogares y en nombre de lxs #PYMES que no quieren echar gente ni cerrar ni aumentar precios.
Nuestra presencia en las audiencias no significó convalidación alguna al tarifazo efectuado ilegalmente en febrero del 2016 sin audiencia pública y que está judicializado.
Nos negamos a QUE EN UN SERVICIO PUBLICO NOS QUIERAN IMPONER SUS LOGICAS DE MERCADO! Repudiamos este procesos de incremento extraordinario de las tarifas y que le hayan pedido juicio político a la única jueza que se animó a decretar una cautelar en defensa de los/as usuarios/as
Como lo hicimos en las audiencias de gas y de electricidad subrayamos que los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por Argentina como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador y lo que vienen diciendo los distintos Organismos técnicos de Naciones Unidas, hace tiempo que reconocen y esto es derecho vigente en la Argentina que el acceso al servicio energético es por supuesto un Derecho Humano básico y en este marco es en el cual debemos resolver el resto de los problemas y la ecuación, incluso el marco tarifario.
En este sentido la Corte ha sido muy clara en el caso del gas pero esto también es aplicable a la electricidad: rigen los principios de progresividad, razonabilidad, proporcionalidad, previsibilidad y trasparencia.
En particular en materia de progresividad, esto incluye la NO REGRESIVIDAD. Quiere decir que el usuario/a del servicio eléctrico no puede verse privado del servicio que tenía con anterioridad. Por lo tanto la tarifa no es de libre fijación sino que nunca puede ser confiscatoria del salario del trabajador/a y no puede impactar en una medida mayor a lo que con anterioridad impactaba sobre sus ingresos o canasta.
Por ello más allá de la tarifa social, que proponemos que sea única y para todos los servicios para jubilados/as y personas con escasos recursos o beneficiarios/as de programas sociales, exigimos que no haya ningún aumento de servicios públicos, en particular de electricidad que no este atado a los aumentos de salarios. en el promedio de las paritarias.
Por otra parte, hay que modificar la actual matriz energética vetusta, decadente e in- sustentable. Otra matriz energética es posible y sino miremos el ejemplo de Uruguay que hoy tiene el 100% de energías renovables.
Nuestro país ha asumido compromisos en el orden internacional, más precisamente en Kioto y París y ha rendido cuentas en Marrakech. Estos son compromisos muy poco ambiciosos. Si en París el mundo asumió la responsabilidad de reducir emisiones en un 15% para el 2030, es muy poco ambiciosa la propuesta de la Argentina de reducir emisiones en un 12% y nos preocupa que vuelvan a poner en juego las políticas que nos llevan al uso de energía nuclear y de las hidroeléctricas y que vuelvan a apostar a biocombustibles basados en cultivos. Esto tiene altísimo impacto ambiental y muy poca eficiencia energética y en el último caso compite con los alimentos y corre la frontera agrícola, lo cual es un daño gravísimo. No están potenciando las energías renovables. Solo con cumplir la ley 27191 tendríamos un 20 % de ahorro de emisiones para el 2025.
Estamos atrasados. Hay 8 proyectos de ley de GENERACIÓN DISTRIBUIDA. y se sigue postergando su tratamiento! UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO ES POSIBLE: LE PEDIMOS AL ESTADO Y A LOS EMPRESARIOS VISIÓN! Necesitamos esa ley. Así, cada consumidor/a puede convertirse en PROSUMIDOR y ahorrar energía originada en combustibles fósiles y generar energía para su autoconsumo y para otros/as! Para las Pymes esto seria fundamental. Incentivo a Intendentes y cámaras empresarias hoy rehenes del gas y del petróleo a que replanteen su dependencia de esas energías obsoletas!
Alemania posee en fotovoltaica distribuida la misma potencia que todo el sistema eléctrico argentino.
En otro aspecto del problema, recordemos que en el primer año del nuevo gobierno no se realizaron mejoras en el sector energético y paralizaron obras para adicionar potencia al sistema eléctrico, algunas que ya estaban en marcha y otras con el financiamiento asegurado. Eso si se aplicaron tarifazos y se condonaron deudas a las distribuidoras incumplidoras reincidentes que no hicieron las inversiones.
Actualmente la potencia instalada es de 33832MW. En 12 años se aumento 12250MW, casi un 60%, incluyendo obras en Yacyreta y Atucha II. En los últimos 4 años a un promedio de 1500MW por año. Las obras de corto plazo paradas hubieran sumado 2310MW.
Otro punto a considerar es que somos rehenes de un gobierno de Ceos y que en el ENRE en lugar de haber un directorio nombrado por concurso todavía hay un interventor y se avanzó en un concurso que está tratando de restringir el puntaje de quienes tienen trayectoria en empresas. Los/as ciudadanos/as necesitamos que la gente de las ONGs de los/as usuarios/as y consumidores, los/as expertos/as independientes de las universidades puedan ganar el concurso y defendernos en el ENRE . Necesitamos que sea un organismo verdaderamente autónomo.
El Estado no nos defiende. Esto ha hecho que las tarifas fijadas por el Ministerio de Energía contemplen más los intereses de las empresas generadoras de electricidad, especialmente de las petroleras y de las gasíferas a la que todos los subsidios y beneficios van a parar que los de los/as ciudadanos/as. Dolarizaron las tarifas de la generación de electricidad aunque mayoritariamente se integra con generación nacional, o eventualmente de otros países latinoamericanos.
Este gobierno en lugar de mirar el acceso de la energía como un derecho humano está pensando en los negocios de las empresas. Está garantizando que pueda comprarse a Shell a precio de commodities. Necesitamos un esquema de protección de las personas, de los/as usuarios/as, y sobre todo un criterio para intentar pagar con moneda nacional lo que en gran medida es de producción nacional.
Seguimos sin entender y sin tener la información de cómo fijan el precio del KW. Lo que no se comprende es porque no quieren que se comprenda. Falta información. Falta explicación del cálculo del valor de la electricidad y Aranguren pasó sin informes técnicos del kw a 92 pesos a 320, lo que fue un brutal tarifazo. Pero esa resolución ilegal ya preveía un valor de 700 para mediados de año y de 1000 para fin del 2016 pero no se animaron entonces y es lo que terminarán de concretar el mes próximo .
Además, queremos saber el dinero de los subsidios donde está y para que se usó?. Es como el juego del gran bonete. Qué información nos están ocultando. Las distribuidoras subsidiadas reincidentes incumplidoras, que no invirtieron, pagaban a cuanto el KW? Y ahora están pagando a cuánto?
En los 90 privatizaron porque dijeron que las empresas estatales no servían. Ahora después del fracaso de 24 años de estas privatizaciones …es tiempo de pensar en empresas públicas con participación de trabajadores/as del sector y usuarios/as. Porque este sistema de expoliación no puede trasladarse a la ciudadanía.
NO VAMOS A CAER EN LA TRAMPA DE DISCUTIR POR SEPARADO LOS DIFERENTES TRAMOS QUE INTEGRAN EL PRECIO COMO SI NO TUVIERAN NADA QUE VER ENTRE SI: La ley preveía que no fueran las mismas empresas pero sabemos cómo funciona la cadena de la energía eléctrica! Hoy las empresas de generación son dueñas de parte del transporte y parte de la distribución. Aunque la Ley 24065 prohíbe la concentración del sistema, en muchos casos son los mismos empresarios: los que se beneficiaron con las privatizaciones, los subsidios, la estatización del endeudamiento, las condonaciones de multas y AHORA CONDONACION DE 19 MIL MILLONES DE LA DEUDA DE LAS DISTRIBUIDORAS A CAMMESA y que brindan un servicio pésimo y no hacen las inversiones.
EDENOR ADMITIO QUE LAS 8 MILLONES DE PERSONAS QUE LOS PADECEN sufrieron 9 cortes en promedio de 26 horas al año ( y dicen resolver 5 millones de tramites…que deben ser reclamos en gran medida) . EDESUR admite que 63000000 personas que los padecen sufren 32 horas de corte promedio por año.
Los daños que sufren usuarios/as por perdidas de mercaderías, alimentos, medicamentos…y otras molestias directas, sin contar las dificultades indirectas ascienden a 2000 millones por año según estimaciones de diferentes asociaciones de usuarios/as y consumidores (ADDUC, por ejemplo).
En este contexto, como mínimo y urgente nos parece que deben contemplarse está propuestas:
Una tarifa social única para todos los servicios para quienes no pueden pagar, y que haya actualización de los precios de las tarifas atado a la evolución de los salarios. Debe contemplarse especialmente la situación de las entidades de bien publico y de los clubes de barrio que no pueden pagar las mismas tarifas que las empresas.
Asimismo hay que revisar las categorías porque las empresas que son dependientes de la electricidad para su producción no pueden estar sometidas a las mismas categorías de precios que otras empresas: tiene que haber una participación del Ministerio de Industria junto al de Energía para ver la situación de empresa por empresa si fuera necesario.
Las categorías de las tarifas deben ser repensadas. Las personas deben volver automáticamente a la categoría inferior, como se pasa a la superior automáticamente- y no retenerla seis meses en una categoría mas alta-. Mayor consumo no siempre es mayor riqueza, a veces es no tener otra posibilidad.
Los ingresos que se generan por la publicidad en las empresas dentro de las facturas deben ser deducidos de la tarifa.
Los intereses por pago después del vencimiento deben ser proporcionales a la fecha de pago y razonables.
Hay que reducir el IVA en los servicios públicos, tan básicos como los mas básicos alimentos!
Confiamos en que la Justicia anule los aumentos ilegalmente efectuados sin audiencia publica y se devuelva a los/as usuarios/as lo cobrado. Que se disponga un debate razonable…ponderando lo que hemos dicho en todas las audiencias
Los /as argentinos/as NO podemos TOLERAR RETROCESOS QUE NOS LLEVEN A VIVIR EN LAS CONDICIONES DE MAYOR DESIGUALDAD Y PRECARIEDAD.
María José Lubertino, Profesora Ddhh Uba Derecho y Directora Ejecutiva de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.