Denuncian al Estado argentino ante la CIDH por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo – C5N – 29 de abril de 2025
La presentación fue hecha por el Ministerio Público de la Defensa de CABA, fundaciones y asociaciones vecinales. Reclaman que la Corte Suprema cerró la supervisión de la Causa Mendoza sin consultar a las partes involucradas y a pesar de los incumplimientos por parte del Estado.
El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad de Buenos Aires, fundaciones y asociaciones vecinales denunciaron al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar los derechos de los vecinos afectados por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El MPD, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Asociación Vecinos de la Boca (AVLB) y la Fundación T.E.M.A.S apuntaron contra la decisión de la Corte Suprema de cerrar la supervisión de la «Causa Mendoza».
Esa sentencia colectiva, dictada por el máximo tribunal en 2008, ordenaba a la Ciudad, a la provincia de Buenos Aires, al Estado Nacional y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) reparar los daños ocasionados por la contaminación a la salud y a la integridad personal de las familias que viven a la vera del Riachuelo.
La denuncia señala que en octubre de 2024, tras 16 años de intervención, la Corte «decidió dar por culminada su intervención y abandonar el seguimiento de la ejecución de su propia sentencia, sin tener en cuenta los incumplimientos por parte del Estado para garantizar el derecho a vidas dignas de los afectados».
El máximo tribunal entendió que su rol culminó con la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), pero el MPD y las organizaciones argumentan que la decisión se tomó «sin ninguna consulta a las partes involucradas».
Según indica la presentación, ACUMAR reconoce que esta decisión se toma cuando la ejecución de las soluciones habitacionales solo alcanza al 42% de las familias, están pendientes las relocalizaciones necesarias para construir el camino de sirga y quedan incompletos casi la totalidad de los arreglos, mejoramientos definitivos y urbanizaciones.
Tampoco se ha puesto en marcha aún el Sistema Riachuelo, una obra considerada imprescindible para tratar los residuos orgánicos que contaminan el Riachuelo y para brindar un adecuado servicio de agua y cloaca al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense.
Solo en CABA, se estima que todavía falta brindar soluciones habitacionales a más de 700 familias de la Villa 21-24, otras 150 del barrio Lamadrid y un número indeterminado de los barrios Magaldi, Luján y El Pueblito. En la Provincia tampoco se cumple con los parámetros de calidad de agua y la cobertura de la red cloacal es de apenas el 56%.
La denuncia remarca que al fallo de la Corte se suman las últimas medidas del Gobierno nacional que desfinancian a los organismos encargados de llevar adelante las políticas necesarias (ACUMAR, la Secretaria de Vivienda del Gobierno Nacional y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y AYSA).
La presentación pide que se continúe con las políticas ordenadas en la sentencia de 2008 y que la CIDH adopte medidas cautelares para obligar al Estado a garantizar y proteger de inmediato la salud de los habitantes de la cuenca.