Descentralización en Comunas: Falta de transparencia y agresiones
La Legislatura porteña aprobó el pasado 10 de junio una resolución para exigir al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires que informe sobre aspectos trascendentes del proceso de descentralización hacia las Comunas. El pedido, que vencía el 10 de julio, nunca fue respondido por los funcionarios macristas.
Allí se solicitaba información relativa al presupuesto destinado al programa difusión del proceso de descentralización, así como sus unidades ejecutoras y los contenidos centrales contemplados en la campaña propagandística. Asimismo, se solicitaba al Ejecutivo que informe acerca de la transferencia de competencias y servicios realizados en cada Comuna, además de las acciones que se llevarán adelante con ese fin.
En cuanto a los CGPC de cada barrio, en el pedido de informe se solicitó que el Gobierno de Macri ofrezca un relevamiento sobre el estado edilicio actual de las sedes, y si se encontraban aptos para albergar el funcionamiento de las futuras Juntas Comunales. También se pidió indicaciones acerca de la formulación del Plan Plurianual de Inversiones para el período 2011-2013 en cuanto a la refacción y adquisición de nuevas sedes para los órganos comunales. En dicha resolución, también exigimos información acerca de las posibilidades de implementar el voto electrónico y sobre la adecuación de las comisarías de la Policía Federal al nuevo Mapa Comunal. Lamentablemente, para agravio de todos los vecinos y vecinas de la Ciudad, nada de esto fue contestado por el Poder Ejecutivo.
En cuanto al Plan de Comunicación «Comunas de la Ciudad» implementado por el Gobierno de Macri, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), CIPPEC y Poder Ciudadano sostienen que el Gobierno porteño no informó acerca del presupuesto y ejecución de los fondos destinados a solventar la campaña de difusión. Los recursos publicitarios deberían asignarse según criterios preestablecidos, claros y transparentes, de modo de evitar arbitrariedades en el reparto, es decir la decisión de otorgar fondos públicos para publicidad oficial debe tomarse de moto transparente, justificado y que permita el control público.
En este plan de comunicación, el Gobierno de Macri no incluyó ninguna planificación justificada de la colocación de avisos oficiales en los medios. Asimismo, estas ONG informan que la comunicación oficial debe ser relevante y útil para la población, y no debe ser un instrumento de propaganda política. Es así que la ley 3391, sancionada por la Legislatura en diciembre de 2009 y vetada parcialmente por el Jefe de Gobierno en enero de 2010, incluía una disposición que prohibía utilizar el nombre, voz, imagen y cualquier elemento identificable con los funcionarios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, y «tener como finalidad principal incluir en la decisión electora de la población, ni fomentar la imagen positiva de cualquier funcionario público o del partido o sector gobernante».
En ese sentido, ADC, CIPPEC y Poder Ciudadano consideran que en el plan de comunicación sobre el proceso de descentralización, se incluyen elementos visuales que se pueden confundir fácilmente con la gestión actual y con el partido de gobierno (utilización de un color similar al PRO, slogans propios de la gestión como «Haciendo Buenos Aires», entre otros).
Es decir, estamos denunciando que en la campaña no se incluyen claramente aspectos esenciales para poder ejercer de manera informada y responsable los derechos de participación en el proceso de descentralización hacia las Comunas, que es la reforma institucional de la Ciudad más significativa desde 1983. Este plan de difusión no está informando claramente acerca de cómo será la representación en las comunas, la división por partidos políticos, funciones de las Comunas y procesos de decisión interna. Tampoco se informa qué son los Pre-consejos Consultivos Comunales, entre otros puntos. Por lo tanto, hoy reclamamos un mayor esfuerzo en la transparencia e imparcialidad en la comunicación del Plan Comunas, sobretodo teniendo en cuenta la utilización de recursos públicos que implica.
En el marco del proceso de descentralización, los vecinos de distintas comunas están denunciando las amenazas y maltratos por parte de las autoridades de los CGPs en la coordinación de las reuniones de los Pre-Consejos Consultivos. Por ejemplo, en el CGPC 13 una vecina denunció ante la Defensoría del Pueblo, al director, Gustavo Acevedo, por su «actuación agraviante, discriminatoria y contraria a los derechos humanos y participativos» contra los vecinos, en una reunión del preconsejo comunal de la Comuna 13 realizada el 28 de julio en la sala del Registro Civil ubicado en Cabildo 3067.
El Consejo Consultivo Comunal Nº5 también presentó, ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad, la decisión de suspender sus participación en las reuniones convocadas por el CGP 5 hasta tanto el Gobierno porteño adecue el funcionamiento de los Pre-Consejos Consultivos a las disposiciones constitucionales y legales, así como a los principios de democracia participativa. Los vecinos denuncian que en la reunión del Pre-Consejo Consultivo, realizada el 16 de julio, fueron víctimas de «insultos y agresiones por parte de individuos que claramente tenían una actitud hostil y prepotente, que poco se compadece con los principios de la democracia participativa».
En síntesis, vemos hoy claras irregularidades por parte del gobierno macrista en el proceso de descentralización hacia las Comunas en la Ciudad de Buenos Aires, que ya se debería haber concretado. Tanto en la campaña publicitaria poco transparente, en las agresiones que sufren los vecinos en las reuniones de los Pre-Consejos Consultivos por parte de funcionarios públicos, así como en la falta de información del Poder Ejecutivo de la Ciudad sobre el destino de fondos de la campaña de difusión, vemos que el Gobierno de Macri no cumple con las garantías correspondientes marcadas por la ley.
Seguiremos trabajando para que se efectivicen las Comunas más allá de todas las resistencias que ponga Macri, para lograr que los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires cuenten con los órganos participativos y de control que les corresponden.