En medio de los escándalos de bolsos revoleados, colas de ex funcionarios declarando en Comodoro Py, empresas off shore del Presidente y sus funcionarios y la impunidad de blanquear por decreto a sus parientes contrariando la ley, el tema de la corrupción adquiere efervescencia mediática, genera irritación popular que corroe la democracia y se convierte en un campo de disputa entre bandos políticos que se tiran con acusaciones y causas judiciales…pero nada cambia.

Cambian los protagonistas pero la cuestión de fondo sigue igual. Esta película ya la vimos. Los escándalos de corrupción de la década del noventa no devinieron en los cambios necesarios. Salvo María Julia presa y algo de “populismo punitivo” nada serio se produjo para reducir las oportunidades de corrupción en el Estado y aumentar la capacidad de control preventivo.

Si bien hay cuestiones éticas y culturales socialmente profundas, el rol de la política debe ser lidiar, a través de políticas publicas eficaces, con la corrupción, removiendo las causas estructurales y acotando la posibilidad de que se produzca. Los actuales mecanismos de la Administración Pública en materia de compras y obras públicas, la habilitan y los variados y segmentados mecanismos de control se tornan ineficaces.

Propuestas, a lo largo de tantos años de democracia, sobran y están a la mano. No aparece la voluntad política. Como ciudadanos/as debemos salir de la paradoja cortoplacista de los escándalos y generar la masa crítica que exija los cambios de fondo, entre otros:

– Independencia de la Oficina anticorrupción
– Organismos de control y defensa ciudadana en manos de la oposición al gobierno de turno
– Reglamentación de la Auditoria General de la Nación que se debe desde la reforma constitucional de 1994
– Ley de compras públicas transparente
– Ley de trasparencia en el financiamiento de partidos políticos, campañas y fundaciones políticas
– Declaraciones juradas patrimoniales de los jueces
– Política nacional de recupero de activos ilícitos
– Reforma para agilizar los tiempos del proceso penal acusatorio
– Reforma a la ley de ética pública en relación al ineficiente régimen de conflictos de intereses
– Ley que regule la distribución de la pauta oficial.

Las PyMEs que no reciben prebendas o contratos públicos deben impulsar seriamente una Ley de Defensa de la Competencia también en la relación con el Estado.

Sería bueno que sindicalistas y empresarios honestos/as impulsen acuerdos anticorrupción por industria o empresa.

Los/as dirigentes/as políticos/as honestos/as de diferentes partidos políticos impulsemos juntos/as soluciones alternativas a las cuestiones que hoy se resuelven de manera clientelar o prebendaría.

Desde la sociedad civil seguiremos, entre tanto, tratando de hacer visible la relación entre corrupción y violaciones a los derechos humanos – causa muertes y enfermedades, como lo vimos y lo vemos en los casos de boliches, trenes, contaminación, cárceles…por citar solo aquellos que han llegado a los medios con gran notoriedad- , acompañando a sus víctimas directas, llevando adelante litigios estructurales y acciones colectivas nacionales e internacionales en la búsqueda de medidas cautelares emblemáticas y el establecimiento de la obligatoriedad de no repetición, por parte del Estado y sus funcionarios – que por acción u omisión- llevan adelante o dejan que sucedan hechos de corrupción y las empresas que se benefician de ello, en la mayoría de los casos con gran impunidad.

*La autora es Profesora de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UBA