Por María José Lubertino| 23 de marzo del 2020

El 22 de marzo es el “Día Mundial del Agua” instituido desde 1993 por las Naciones Unidas para crear  conciencia sobre su importancia. 

El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, por ello incluso algunes proponen cambiarle el nombre al planeta y llamarlo “Agua” en el marco de esa concientización. El 96,5 % del total del agua de la Tierra está en los océanos y es agua salada. El restante 3,5 % es agua dulce que se encuentra en forma de hielo (el 69%) en los glaciares y polos y, sólo un 31% de él, a nivel superficial en ríos y arroyos o a nivel subterráneo en forma de acuíferos naturales.

Sin agua no hay vida. El acceso al agua potable es un derecho humano. En el mundo 3 de cada 10 personas, o sea 2. 100 millones de personas, no tienen acceso al agua potable. 

Actividades extractivas como megaminería, fracking, el uso de agrotóxicos, los transgénicos, la sojización, la explotación de litio y uranio, desmontes, pesca industrial y el extractivismo urbano impactan en el agua y toda la Naturaleza. Con tóxicos como el cianuro y el glifosato se destruyen bosques, glaciares y humedales, se contaminan ríos y mares y aumentan los casos de cánceres y malformaciones.

Una sola minera consume en una hora la misma cantidad de agua que una familia campesina en 20 años.

En Argentina se arrojan 10 litros de agrotóxicos por habitante por año y se usan 107 plaguicidas prohibidos en todo el mundo. 

Desde hace años Asambleas de vecines y de pequeñes productores, comunidades indígenas, ONGs ambientalistas y ecologistas, colectivos ecofeministas, organizaciones sociales y populares, sectores de la ciencia y la salud y ciudadanes conscientes venimos reclamando que se cumpla con la Constitución Nacional y la leyes ambientales vigentes, que se sanciones las leyes pendientes, que las políticas públicas asuman una perspectiva ecologista y que haya una democracia participativa donde los Estados no tomen decisiones en materia económica o de desarrollo que impactarán sobre nuestras vidas, la Naturaleza y las generaciones futuras sin escuchar a la ciudadania 

Este año nuestra Primera Marcha Plurinacional de los Pueblos por el Agua para  los Pueblos y la vida tangible y no tangible se ve pospuesta por razón de fuerza mayor por la pandemia del coronavirus, pero haremos escuchar nuestras voces en defensa de los bienes comunes. 

Diversos pueblos de todas las latitudes nos unimos en luchas socioambientales, plurinacionales, de pequeñas localidades y de grandes urbes, de pueblos preexistentes a los Estados, por el agua para defender la vida y los derechos, el respeto a la cultura y la cosmovisión ecocéntrica y para hacernos escuchar a nivel nacional e internacional con nuestros diagnósticos, resistencias y propuestas.

 

Llegamos a este día con la urgencia por la escasez y la contaminación del elemento vital, pero también con conciencia y memoria ancestral, en defensa del Agua, que es la vida misma.

Denunciamos el Modelo Colonial y Patriarcal que desde hace 500 años saquea los territorios que habitamos, en beneficio de intereses que no ven la vida con nuestra mirada, sino como mercancía que debe ser extraída y explotada para ventaja de un puñado.

Luchamos contra el modelo extractivista, saqueador y contaminante que promueve la implementación de zonas de sacrificio, genera crisis en todas las provincias y se somete a las lógicas del sistema capitalista mundial que dista del Buen Vivir para todos los seres.

Tenemos el derecho y el deber constitucional de defender el ambiente, el equilibrio ecológico y en particular el agua (Artículo 41 de la Constitución Nacional). Y porque es un deber constitucional del Estado y un rol indelegable e intransferible proteger las fuentes de agua y garantizar su acceso en condiciones puras a toda la población.

Por eso reclamamos la protección ambiental, el cumplimiento del principio precautorio, y el respeto del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, acabar con desalojos, arrinconamiento y empobrecimiento de las comunidades originarias, detener la criminalización de la protesta social, ambiental y cultural, parar con el fracking, los agrotóxicos y los “agronegocios”, la generación de semillas transgénicas y la manipulación de plantas y animales, los desmontes e incendios intencionales para beneficiar los negocios inmobiliarios y monocultivos que arrasan la biodiversidad de nuestros territorios y provocan inundaciones y salinización en los suelos. No queremos más megaminería metalífera, radiactiva y evaporítica, planes nucleares, megarepresas, pasteras, curtiembres, salmoneras, basurales a cielo abierto, enterramiento de los residuos, incineración, contaminación cloacal y privatización de los espacios públicos y el agua. Repudiamos cuando la educación pública superior se va privatizando al servicio de empresas megamineras, petroleras y del agronegocio.

Requerimos información pública sobre los inventarios de agua, especialmente del agua subterránea, acuíferos, humedales y glaciares, realizados y monitoreados por organismos internacionales sin informar a quienes habitamos esos territorios.

Exigimos detener la manipulación climática, erradicar los polos petroquímicos, la sobrepesca y la contaminación de los ríos, aguas superficiales, subterráneas, humedales, mares y océanos, afectando la capacidad de regeneración de los ecosistemas.

El Estado ambiental de Derecho exige que se cumpla con la legislación nacional de políticas ambientales e indígenas, especialmente con la legislación de presupuestos mínimos de Ordenamiento territorial para preservar los bosques nativos como reserva biológica y la ley de protección de ambientes glaciares y periglaciares como reserva de Agua para hoy y para las futuras generaciones. Que se respeten el Convenio 169 de la OIT, la ley 26.160/06 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y sus prórrogas -por lo cual exigimos la efectiva titularidad de su Propiedad Comunitaria con sus fuentes de agua-, la Declaración de Kyoto de los pueblos indígenas sobre el agua (Tercer Foro Mundial del Agua, Kyoto, Japón. Marzo 2003, UNESCO) y el Artículo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica. Que no haya impunidad para las corporaciones  y funcionarios responsables de delitos ambientales.

Les humanes necesitamos reconstruir otra forma de convivencia con los demás seres.

Propiciamos el encuadre legal del Agua como un bien común, de derecho público, gratuito, bajo soberanía popular, en forma indelegable, intransferible e imprescriptible y como una forma de vida a la que se debe respetar inequívocamente, como hacen las cosmovisiones armoniosas y ancestrales.

Proponemos que los delitos contra la Naturaleza sean considerados de lesa humanidad.

En el Día Mundial del Agua invitamos a todes a defenderla porque es nuestro derecho y un derecho en común con todo lo viviente y su descendencia. Hace al derecho a convivir en paz entre nosotres y con la Naturaleza.