La única necesidad y urgencia de Macri es la balacera y la defensa de las grandes corporaciones
Cuando aún no han terminado de recuperarse los pacientes, periodistas, médicos/as y trabajadores/as del Hospital Neuropsiquiátrico Borda que fueron atacados a palos y balazos por la Policía Metropolitana, el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri ha vuelto a sorprendernos a los ciudadanos/as porteños/as, con un decreto de necesidad de urgencia que, bajo el inescrupuloso pretexto de proteger “la libertad de prensa y expresión” en la Ciudad, sólo pretende poner bajo un paraguas protector a las empresas del grupo Clarín, en medio de una campaña lanzada por el propio diario, sobre una posible intervención del Estado.
El decreto, cuya inconstitucionalidad plantearemos en forma inmediata, no hace otra cosa que fijar condiciones para que los grandes monopolios gocen de privilegios e inmunidad legal en la Ciudad, la misma Ciudad en la cual se erige el postergado Borda, donde el alcalde metropolitano intenta trasladar la sede del Gobierno porteño, para lo cual pretendió derribar a fuerza de palos y balazos a todo aquel que se opusiera, pero también a los/as mismos/as periodistas que ahora dice que quiere proteger.
El sinsentido del DNU de Macri, al cual nos opondremos firmemente en su tratamiento legislativo, no busca en verdad “resguardar” a los periodistas y la libertad de expresión, sino sólo proteger a su socio mediático, el grupo Clarín, el mismo al que favoreció en oscuras licitaciones y el cual es cómplice de las aberraciones que la gestión del PRO está realizando en la Ciudad. Para desenmascarar la maniobra del alcalde porteño sólo basta recordar, además de la feroz represión a periodistas en el Borda, el reciente desalojo a palos a los periodistas que cubrían la toma de la Sala Alberdi del Teatro General San Martín.
El decreto, que pone a la Ciudad de Buenos Aires como el único distrito en el país que desconoce la existencia de la nueva Ley de Medios que propicia la pluralidad informativa, contiene cuatro polémicos artículos –el 12, 16, 17 y 18- que prohiben la “transferencia de medios sin la aprobación de sus dueños” y “el resguardo del patrimonio” de los mismos. Vaya casualidad, en este DNU dictado, que la única corporación mediática, la que se jacta de “derribar gobiernos” y la que no acata la ley, es la del grupo Clarín.
Los oscuros negociados de Macri, la complicidad de las corporaciones y su insaciable sed de desguaces inmobiliarios, deben tener un punto final. Desde el Parlamento, seremos los/as representantes de la ciudadanía, los/as que daremos batalla contra la desigualdad y la sinrazón de este gobierno corrupto e ineficiente, que sólo se preocupa por el enriquecimiento de sus funcionarios y el de sus amigos, en tanto la desigualdad social, la inequidad y la postergación de los vecinos/as se va profundizando cada día más. Nosotros/as desde la Legislatura, y cada ciudadano/a con su voto, tenemos la obligación de terminar con este manto de corrupción que literalmente ha cubierto a nuestra querida Ciudad Autónoma de Buenos Aires.