Nuevos aires verdes

por María José Lubertino – Diciembre, 2020 – 

 

Que una de las primeras medidas del flamante gobierno de Alberto Fernandez sea el Protocolo de aborto legal por resolución ministerial habla a las claras de la decisión política de acabar con la discriminación y la violencia contra las mujeres y garantizar su real acceso a la salud    sexual y reproductiva.

Después del lamentable sainete de fin de ciclo del gobierno de Macri que hizo temblar el derecho al aborto legal aún en los casos hoy vigentes, llevando confusión a los efectores de salud, resulta refrescante y alentador para los derechos de las mujeres iniciar esta nueva etapa con la creación un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, una feminista al frente del mismo y un Ministro de Salud verde, pero especialmente que ya desde el primer día de gestión se comiencen a cumplir los compromisos asumidos.

Con algunas idas y vueltas, existe aborto legal en Argentina desde 1921. Mientras en los artículos 85, 87 y 88 del Código penal vigente enumera las diferentes figuras del delito de aborto y sus correspondientes penas, en el 86 establece las causales por las que el aborto practicado por un/a profesional médico/a con el consentimiento de la mujer no es punible : cuando es para evitar un peligro sobre la vida o la salud de la mujer, si el embarazo proviene de una violación o “atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” -en la terminología discriminatoria de la época, pero aún vigente-.

La redacción del texto del Código de 1922 dio lugar en su interpetación durante décadas a debates doctrinarios y jurisprudenciales en general entre varones y sin escuchar las voces de las mujeres, criminalizándolas injustamente y poniendo en riesgo sus vidas, empujándolas a más abortos clandestinos-

Por fin en el 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el famoso fallo conocido como “F.A.L.”, terminó definitivamente con esa discusión al reconocer el derecho de toda mujer víctima de violación a interrumpir el embarazo originado en tales circunstancias, y no sólo en los casos de personas con discapacidad mental. A su vez, estableció que el único requisito para acceder a una interrupción legal del embarazo es que la mujer, o su representante legal, realice una declaración jurada en donde afirme que el embarazo es producto de una violación. No es necesaria la denuncia policial u orden judicial, y nadie puede exigirlas.

Además, en relación a la causal de “peligro para la salud o para la vida”, dispuso que debe considerarse una visión integral de la salud como “completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones” (conforme la Organización Mundial de la Salud). De esta forma, el peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la misma, no requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada.

En sintonía con dicho fallo el Ministerio de Salud de Nación en junio de 2015 publicó en su página web un nuevo “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del  Embarazo”. El mismo establecía que “es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”, sin embargo no se le dio carácter de resolución ministerial. Lo cierto es que a siete años de la exhortación efectuada por la CSJN para garantizar los abortos legales, más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que garantice con eficacia el acceso a este derecho que las mujeres tenemos desde 1921.

El ex Ministro y ahora también ex Secretario de Salud Adolfo Rubinstein lo único que hizo fue publicar la actualización del Protocolo Ministerial por resolución en el Boletín Oficial. Macri después de decir que lo derogaría y que le pediría al funcionario la renuncia, se desdijo pero finalmente terminó haciendo lo contrario. En menos de 24 horas de idas y venidas sin escuchar las opiniones técnicas ni de muchos de su propios/as  parlamentarios/as.

Un papelón similar al que Macri ya había protagonizado en la Ciudad de Buenos Aires cuando era Jefe de Gobierno y después de que sancionáramos con consenso de todos los bloques la Ley 4318 (Procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles) la vetó y emitió un protocolo restrictivo, además del lamentable episodio de exposición publica de la identidad de la mujer violada víctima de trata que iba a interrumpir su embarazo en el hospital público a la que un cura “capellán» de dicho nosocomio le termino haciendo una misa en la puerta de su casa producto de dicha violación de secreto profesional.

Así fue que el Gobierno anterior en su despedida derogó por decreto la Guía de Atención de ILE (interrupción legal del embarazo) y obtuvo la renuncia de Rubinstein y de la directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Silvia Oizerovich.

Más allá de los dimes y diretes, el decreto de Macri nunca derogó nuestro derecho vigente desde 1922 ni cambió la interpretación de la Corte y siguió vigente el Protocolo anterior como indicación de procedimiento atención sanitaria, pero dejó en situación de confusión y desprotección a mujeres y profesionales.

Las mismas organizaciones de mujeres, feministas, de DDHH y profesionales de la salud de todo el país que repudiamos esa derogación de la resolución ministerial, hoy reconocemos positivamente la decisión del nuevo Presidente que viene a mejorar el protocolo anterior y a llevar claridad y certeza a quienes están en la trinchera de la atención sanitaria.

Ya no hay excusas para que no se garantice a las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación o de riesgo para su vida o salud. Nosotras decidimos en estos casos.

Sigue faltando en muchas provincias educación sexual para decidir, subsisten aún muchos prejuicios y hay muchos otros casos donde aún se criminaliza a las mujeres. 

Pero por suerte hay voluntad política para acompañar al movimiento feminista en esta agenda y en el 2020 el aborto legal seguro y gratuito será ley