por María José Lubertino
Febrero 2019

Las audiencias públicas convocadas para este 26 de febrero en referencia a las nuevas tarifas de gas que comenzarían a regir el 1 de abril, constituyen un nuevo avance de una política tarifaria ilegítima y brutal en los principales servicios públicos esenciales para una vida digna.

Estamos ante un escenario dramático de empobrecimiento e incapacidad creciente de importantes sectores de la población para afrontar el pago de tarifas que ponen en peligro el derecho humano de acceso a la energía, y haciéndolos caer en la denominada “pobreza energética” (imposibilidad de una familia de hacer frente a las tarifas de energía relativas al normal funcionamiento de su hogar). Ni que hablar del impacto en la Pymes y del incremento inflacionario en otros productos y servicios.

Sin embargo, los Estados están obligados a garantizar niveles esenciales de los derechos en función de los tratados internacionales de DDHH. Al respecto, hay que considerar lo expuesto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en el punto 10 de su Observación General nº 3 (1990). Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos/as tenemos derecho a una vivienda adecuada con acceso permanente a recursos comunes, como agua potable, energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia (ver Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación General nº 4).

La CSJN sostuvo en el caso Quisberth Castro:la Constitución Nacional en cuanto norma jurídica reconoce derechos humanos para que éstos resulten efectivos y no ilusorios (…) por ello, toda norma … debe garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos” y garantizar”, significa mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas”, según indica en su Observación General n° 5 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales…”. La CSJN sostiene que “los principios de igualdad democrática y de diferencia con finalidad tuitiva de los sectores excluidos deben ser respetados por quienes deciden políticas públicas…”(…)hay una garantía mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la discrecionalidad de los poderes públicos…”.

Por ello, es urgente el debate sobre el precio del gas natural en la Argentina, ante la falta de discusión abierta, certera y justa sobre los costos de producción reales del sistema gasífero. Somos rehenes de un sistema extractivista en el cual ganan las empresas y los/as usuarios/as y el ambiente nos vemos perjudicados/as. Hay escenarios energéticos alternativos científicamente fundados, investigaciones que la Secretaria de Energía conoce y auspicia y sin embargo no hay voluntad política de avanzar hacia un cambio. A esto se suma que el actual esquema se vuelve  insostenible por el factor dolarización.

Además, este gobierno comenzó a exportar gas que sobra en verano, pero que podría escasear en invierno, y lo hace a valores que están entre los 3.90 y los 4,20 dólares por millón de btu. Sorpredentemente estos precios de exportación son más bajos que los que estamos pagando todos/as nosotros/as como usuarios/as.

Como si esto fuera poco, los contratos de concesión establecen el principio de “neutralidad tributaria”, esto es: que somos las/os usuarias/os quienes vamos a pagar por los desequilibrios ocasionados por este esquema de dolarización y tarifas altas. Este esquema de compensaciones es ilegítimo e ilegal, de allí la urgencia de revisión integral de los marcos regulatorios del gas y la electricidad.

El aumento acumulado del gas licuado de petróleo ha superado el 205% en tres años. Es hora de discutir seriamente un servicio público esencial que debe ser asegurado por el Estado en función de la ley 26.020.

Además queremos advertir que la transferencia de la Nación a Provincias de la responsabilidad de los subsidios es una manera encubierta de sacarse el tema de encima y dilusoria en breve de la “tarifa social” que muchas provincias no podrán sostener.

Necesitamos un cambio radical en la política energética y que los/as usuarios/as podamos esta sentados/as participativamente en la mesa de las decisiones, donde hoy sólo está el Gobierno con las empresas.