Polémica por una orden de ahorrar en el Inadi
22 de marzo de 2017 // En La Nación //
La polémica se desató por una comunicación interna. Las autoridades del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) enviaron a las delegaciones del organismo en todo el país una orden para que muden sus oficinas a otras dependencias del Estado con espacio ocioso para poder abandonar los edificios donde funcionan hoy, cuyos alquileres pueden llegar hasta los 30.000 pesos mensuales.
Las redes sociales estallaron. A la cabeza estuvo María José Lubertino, ex titular del organismo. «Repudiamos el cierre de sedes del #Inadi y su lenta desaparición!», escribió en su cuenta de la red social Twitter.
«Escandaloso retroceso que el @inadi cierre todas sus sedes! Me costó 3 años abrirlas!», agregó en otro mensaje.
La decisión hasta provocó que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizara una asamblea en la sede porteña del Inadi, en el microcentro porteño, para repudiar el comunicado.
El texto que se envió por correo electrónico a las delegaciones explicaba que la medida había sido tomada en «concordancia con la decisión asumida por el gobierno nacional de restringir el gasto presupuestario».
Sin embargo, al poco tiempo de que se conoció la información, las autoridades de algunas delegaciones -que tienen como máximo cuatro empleados- enviaron comunicados para negar las versiones y aclarar que no habrá cierres.
En respuesta a la polémica, en el organismo afirman que todo se trató de una mala interpretación y negaron con contundencia las versiones de un «achique» del instituto en todo el país . Adujeron que la mudanza de las delegaciones -hay 24 en toda la Argentina, una por distrito- se debe estrictamente a cuestiones presupuestarias.
«No va a haber cierre alguno de las delegaciones ni cese de personal», prometió el director de Políticas contra la Discriminación del organismo, Alfredo Gómez, que tiene a su cargo las delegaciones. Y agregó: «La instrucción que se impartió a los delegados, y que fue malinterpretada, es solamente racionalizar los gastos en alquileres improductivos para invertir el dinero en acciones y políticas públicas que benefician a las y los argentinos».