Riachuelo: 3.5 millones de personas viviendo en la contaminación

2 de enero de 2017 // En Visión Nacional //

Por María José Lubertino.(*) Se está viviendo una situación grave en relación a la contaminación del Riachuelo. Muchas de las expectativas que nos generó el emblemático fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 8 años se ven desvanecidas.

Se ha cumplido solamente con un 20% de lo ordenado por la Corte hace 8 años en relación a la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero cuando las autoridades de Acumar, el organismo público que se supone tendría que ocuparse del Riachuelo, hablan de que la sentencia de la Corte Suprema se cumplió en un 20%, se están refiriendo a un solo indicador que es la cantidad de viviendas construidas para reubicar a la población de máximo riesgo. Sorprendentemente ese es el único indicador que muestran.

Así por ejemplo, en cuanto a calidad del agua definitivamente no se sabe si la sentencia se cumplió en un 20% o en un 0%. No le han mostrado a la Corte Suprema indicadores con comparaciones entre años y niveles de mercurio, plaguicidas, bacterias. No lo han querido hacer y la Corte no los ha sancionado aún.

En materia cloacal, Aysa se siguen tirando los desechos cloacales al Riachuelo sin tratamiento. O solo se proyectan obras para tirar los desechos más lejos en el Río de la Plata, con lo cual se traslada la contaminación de lugar. Si Aysa no programa obras, o las programa y las pospone indefinidamente nada va a cambiar.

En relación a la contaminación industrial Acumar tendría que haber ordenado a las industrias a que se ajustaran a parámetros internacionales, es decir, cuánto se puede tirar a un río por cada contaminante. Lo que hizo Acumar fue autorizarlos a que lo mismo que tiraban al río de manera clandestina, ahora lo tiren en forma legal. Les blanqueó la contaminación clandestina.

Con lo cual, si Aysa tira los desechos cloacales y las industrias tiran la misma cantidad de contaminantes que antes, no hay ninguna razón para que el río esté mejor.

Tampoco es satisfactoria la información en materia de indicadores epidemiologicos y menos aun en el seguimiento de los casos de las personas enfermas por causa de contaminación, ni siquiera de los/as niños/as.

Además, las autoridades de Acumar dicen que en estos 8 años, se gastaron 5.200 millones de dólares y en la misma audiencia pública, la Auditoría General de la Nación, organismo externo de control, dijo que no puede explicar en qué se gastaron. El informe de Auditoria aportado a la causa en relación al último año es lapidario. Es decir que semejante cantidad de dinero no le cierra a la Auditoría en qué se lo gastaron y la Corte indica al juez penal de primera instancia investigar!.

La situación del Riachuelo se puede revertir pero esto requiere de una política pública de Estado. Requiere gobiernos en la Ciudad, la Provincia y la Nación que se planteen esto en serio. Hasta ahora las audiencias en la Corte Suprema de Justicia han sido una puerta giratoria en la cual un/a funcionario/a incompetente dice “yo no tengo datos” y la Corte Suprema la/o reta “vuelva a su casa y haga los deberes”. Y luego llama a otra audiencia pública, a la que llega otro funcionario que dice algo parecido y la Corte lo vuelve a mandar a hacer tareas; y así sucesivamente. Muchos/as dijeron de no saber nada por ser nuevos/as, porque el/la anterior funcionario/a renunció y no dejó datos. Los/as siempre perjudicados/as somos los/as ciudadanos/as y el Estado es responsable de la continuidad de todo.

La indignación popular se incrementa y resquebraja la confianza en las instituciones, no solo del poder politico sino también en la propia Justicia. Si bien las ONGs que integramos en Cuerpo Colegiado estamos en permanente contacto con los/as habitantes de la Cuenca y tratamos de llevar su palabra al juicio, las instancias gubernamentales no han generado tampoco los mecanismos participativos en el diseño, ejecución y control de las politicas del Plan integral de saneamiento.

En la Ciudad de Buenos Aires hubo varias epidemias graves en los años 1868/69 y 1871. A partir de allí hubo un movimiento social y vecinal muy grande para tratar de mejorar la situación sanitaria de la Ciudad y uno de los temas que entró en discusión eran los niveles muy altos de contaminación del Riachuelo.

A partir de allí la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, porque todavía la Ciudad era parte de la Provincia, sanciona una Ley que ordena erradicar las industrias contaminantes del Riachuelo, que en ese momento eran básicamente los saladeros, establecimientos que eran mataderos y que hacían carne salada de vacunos en condiciones de higiene inimaginablemente malas. Entonces, se cumple la orden, porque hubo una polémica muy interesante en el Congreso donde empresarios de la industria decían que no había que echarlos sino ordenarles que limpien los afluentes y partidarios de la salud pública que decían que si hasta ese momento no lo habían hecho no lo iban a hacer nunca, entonces había que echarlos. Votaron echarlos, lo hicieron en 1871 y durante unos años el Riachuelo quedó absolutamente saneado, como una zona similar a la de los recreos del Delta hoy donde la gente iba a pasar el fin de semana, a remar, etc.

Los dueños de los saladeros hicieron un juicio, llegaron a la Corte Suprema de Justicia y a fines del siglo XIX, la Corte Suprema de entonces dictaminó que la salud pública estaba antes que el negocio privado y convalidó la ley que los echaba. Esperamos que nuestra actual Corte adopte medidas más drásticas en relación al Estado y los/as funcionarios/as incumplidores/as pero también en relación a las empresas que continuan contaminando como si nada.

La salud pública ambiental debe estar en la agenda pública y en la prioridad política de la sociedad. No parece hoy ser así: El día que se hizo la última audiencia pública de la Corte Suprema sobre el Riachuelo aparecieron 8 noticias en los diarios sobre el tema y varios centenares sobre la modificación de la Ley del impuesto a las ganancias. No dudamos de la importancia del Impuesto a las ganancias en el bolsillo de los/as trabajadores/as pero el tema del Riachuelo se refiere a la salud y a la vida de personas. Hay cuestiones que el dinero no puede comprar. No puede ser que la prioridad sea el bolsillo y no la salud y la vida de la gente. Después lloramos ante las catastrofes. Aquí hay una catástrofe invisibilizada, naturalizada que se consuma día a día.

Estamos hablando de una zona en la que a lo largo de 64 kilómetros viven 3.5 millones de personas. Estamos hablando cuanti/cualitativamente de uno de los problemas ambientales más graves y grandes del mundo. Cuando uno le dice a cualquier habitante de otro país que entiende de estos temas, la cantidad de personas en riesgo sanitario por el Riachuelo, la indiferencia de nuestro sistema político institucional ante esto, la indiferencia de los medios de comunicación, simplemente les resulta incomprensible, ante un tema tan grave.

Después de 8 años del primer fallo de la Corte, el nuevo fallo nos vuelve a dar la razón a las ONGs que integramos ad honorem el Cuerpo Colegiado pero no impone sanciones y le vuelve a dar 3 meses al Estado para armar un sistema de indicadores.
Incumplir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un tema como este en otros países es motivo para ir preso. Estamos en esta lucha desde hace 8 años para que esto cambie y nadie pueda desentenderse. Convocamos a una mayor participación ciudadana, a un mayor compromiso de los medios y a que las instituciones asuman el rol que les compete.

Aquí el fallo completo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27 de dicembre del 2016: http://bit.ly/2io9Qua

(*Profesora de Derechos Humanos y Doctoranda UBA Facultad de Derecho, Directora Ejecutiva de la Asociacion Ciudadana por los Derechos Humanos, una de las ONG que integra ad honorem el Cuerpo Colegiado en la Causa Mendoza)