Solo hombres y sin participación

Luego de ocho años en los que el cargo de defensor del Pueblo permaneció vacante, la Comisión Bicameral que se ocupa del tema definió rápidamente y sin convocatoria a audiencias públicas una terna de candidatos acordada entre los presidentes de las Cámaras, los oficialistas Federico Pinedo y Emilio Monzó, y el jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, que fue respalda por el dictamen de mayoría de los representantes de Cambiemos, el PJ y el Frente Renovador. El ex presidente del bloque diputados menemista Humberto Roggero, el diputado provincial massista Jorge Sarghini, y el actual defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, conforman la terna de mayoría que ahora deberá conseguir dos tercios de los votos en ambas Cámaras. La ausencia de mujeres y la negativa a convocar a audiencias públicas para evaluar las condiciones de los candidatos generaron una catarata de críticas.

“Los sectores políticos decidieron priorizar una lógica de acuerdo político por sobre la idoneidad, la independencia y la trayectoria en defensa de los derechos de los candidatos”, denunció el codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Sebastián Pilo.

ACIJ junto a otra decena de organizaciones no gubernamentales  –CELS, FEIM, Poder Ciudadano, FARN, entre otras– habían advertido sobre la repentina convocatoria para esta mañana hecha por la presidenta de la Bicameral, la senadora del PRO Marta Varela, y denunciando que “sin participación ciudadana, el defensor no será para el pueblo”.

Además del dictamen de mayoría, surgió uno de minoría con las firmas de las legisladoras del Sandra Gimenez, Juliana Di Tullio, Diana Conti y María de los Ángeles Sacnun, quienes propusieron en la terna al diputado Remo Carlotto, la senadora Liliana Negre de Alonso y la ex titular del Inadi María José Lubertino. En la de mayoría, el vicepresidente de la comisión Juan Manuel Abal Medina intentó sumar a Carlotto, pero no fue aceptado.

Solo la misionera Sandra Giménez tomó el guante del reclamo de los organismos para la realización de audiencias abiertas. Varela decidió convocar a una audiencia no vinculante para el próximo martes. “No tiene ni ningún efecto porque la terna está enviada a las Cámaras. Lo importante era que la ciudadanía los conociera antes y no después de la elección”, advirtió el director de Litigio del CELS, Diego Morales.

Morales además advirtió durante la audiencia que le falta de un proceso que contemple la publicación oficial de los antecedentes de los candidatos, abra el espacio de respaldos e impugnaciones y la instancia de audiencias públicas para escuchar las propuestas impide, por ejemplo, “presentar ciertas dudas que tenemos sobre la trayectoria en defensa de los derechos humanos de candidatos como Roggero”, en referencia a la cruzada que impulsó a fines de los ‘90 para constituir una mesa de diálogo que anulara el proceso de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de la última dictadura militar y la campaña de deslegitimación sobre los procesos iniciados por Baltasar Garzón en España.

Los organismos no gubernamentales habían hecho una serie de recomendaciones para reglamentar el procedimiento participativo. “Es muy llamativo que de repente,tras ocho años de vacante, aparezca semejante apuro y se lleve puesto cualquier procedimiento razonable de designación”, lamentó Pilo.

Sin embargo, durante la audiencia, la presidenta del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, consideró que “no hubo tiempo” para el debate, que no era necesario dar a conocer los antecedentes de Roggero, Sarghini y Amor, porque “son muy conocidos”, y resaltó que la ley la Defensoría del Pueblo, de 1993, no exige convocar a audiencias públicas. Por su parte, Varela sostuvo que fue “el mejor acuerdo al que se pudo llegar” y esgrimió un también repentino apego a las normas dictadas por la ONU, al señalar que la Argentina podría perder status en la ONU en caso de no enviar un representante a la reunión de ombudsman del próximo 26 de noviembre.

“Hay dos formas de designar a un defensor del Pueblo: un candidato cuya legitimidad emane de su trayectoria en defensa de los derechos y la otra es a espaldas de la sociedad con un acuerdo político por distribución de cargos. Le pedimos a los candidatos que si quieren ser defensores, no pueden convalidar un modo de designación en el que el pueblo no tuvo posibilidad de opinar, porque pondría en riesgo su idoneidad”, sentenció Pilo.