Candidatos debatieron políticas habitacionales de la Ciudad
En Infojudicial
A menos de un mes de las primeras elecciones primarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los precandidatos expusieron sus propuestas en materia de Vivienda y políticas habitacionales en un debate en la Legislatura porteña. El encuentro fue organizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) con el apoyo de la fundación TECHO.
Si bien desde ACIJ se invitó a los 30 candidatos, sólo participaron ocho: Marcelo Ramal por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Sergio Abrevaya por el Frente Amplio SurGen, Pablo Ferreyra por Alternativa Buenos Aires, Andrés Borthagaray por el Frente ECO, Fernando Sánchez, candidato a vice jefe por ECO; Claudio Lozano por Camino Popular, Sergio García por Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y María José Lubertino por el Frente para la Victoria (FPV). Lamentablemente, los principales candidatos que lideran las encuestas como los del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, así como Graciela Ocaña (ECO) o Mariano Recalde o Gabriela Cerruti (Fpv), no asistieron a un debate sobre una de las problemáticas más graves de los porteños.
Se estima que casi medio millón de personas vive en situación de déficit habitacional en la Ciudad, es decir, con dificultades para acceder a una vivienda digna ya sea porque habita en una villa, asentamiento u hotel pensión o porque los alquileres son inaccesibles al igual que los créditos hipotecarios. Se suma la alarmante situación de emergencia en villas y asentamientos, donde la población es de 270 mil personas. Según los últimos censos nacionales, entre 2001 y 2010 la población en las villas aumentó un 52 por ciento.
En materia de urbanización de villas, una deuda que el PRO tiene pendiente desde hace 8 años, tanto Ferreyra como García, Ramal, Lozano, Abrevaya y Sánchez hablaron de un proceso integral con amplia participación de los vecinos. Borthagaray consideró que el derecho a la vivienda debe tratarse contemplando un derecho aún más amplio que es el derecho a la ciudad. “De un lado viven los ricos que tienen derecho al esparcimiento, a la educación y a la salud. Y por el otro, los pobres que no tienen agua potable ni cloaca”, señaló Ferreyra en relación al tema.
El candidato del MST criticó la gestión de Macri y argumentó que “no se quiere urbanizar porque en esos terrenos hay un negocio muy valioso para el sector inmobiliario, no se puede decir que no hay plata para solucionarlo”. En una misma línea de pensamiento, Lubertino sentenció: “Tenemos como premisa: no a los negocios privados en el espacio público”. La candidata por el FPV remarcó la subejecución presupuestaria del PRO en los últimos años. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en el último trimestre de 2013 el recorte presupuestario en Vivienda fue de 153 millones.
Sánchez expresó la importancia de la obtención de datos certeros y confiables sobre la situación habitacional en la Ciudad para generar “planes integrales con presupuestos sostenidos en el tiempo”. “No se explica por qué con quince años de crecimiento nacional y con duplicación de presupuestos nacionales y locales, aumentó la población en villas y asentamientos”, dijo el candidato a vice Jefe por ECO. Por su parte, Ramal sostuvo que se debe a que “el crecimiento de población en las villas es el último eslabón de un proceso de degradación habitacional en la Ciudad”.
Por otro lado, las propuestas concretas de Lozano fueron la creación de un Ministerio de Vivienda y Hábitat que centralice todas las decisiones sobre la materia, volver a poner en vigencia la ley de emergencia de las villas para evitar desalojos y la implementación de una ley de solidaridad urbana que obligue todo emprendedor inmobiliario a aportar una contribución del 10 por ciento por cada metro cuadrado que desarrolle, en viviendas sociales para sectores medios y populares. Por último, el candidato de Camino Popular remarcó que “los esfuerzos que se hagan tienen que empalmarse con una política nacional de desarrollo regional y empleo que, de alguna manera, limite las migraciones permanentes al conurbano y a la Ciudad”.