Escuchas ilegales: Intervención de Lubertino en la sesión especial

Buenos Aires, 20 de julio 2010. La diputada María José Lubertino habló en la sesión especial realizada hoy en la Legislatura porteña, donde se discutió acerca de la situación institucional por el caso de las escuchas ilegales que llevó a la justicia a procesar a Macri:

«Debo en primer término decir que hubiera preferido que no tuviéramos que estar hoy aquí en esta sesión especial para analizar la gravísima situación institucional de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la coyuntura y la realidad política local nos fuerzan a extremar los cuidados y las responsabilidades que nos caben como representantes del Pueblo de la Ciudad y brindar una solución a este atolladero en el cual nos colocó el Jefe de Gobierno y el PRO.

A mi entender, los pasos que demos en el futuro cercano definirán el clima político e institucional de la Ciudad en los próximos años, por ello no debemos apresurarnos, y aplicar frialdad en el análisis.

Dicho esto, cierto es que tampoco podemos abstraernos de la resolución de la Cámara Federal que confirmó la semana pasada el procesamiento del Jefe de Gobierno, texto al cual volveré en breve.

Hoy sabemos que en la Ciudad se ha creado una sección de espionaje dentro del ámbito propio del Gobierno, con el objeto de investigar y espiar a opositores políticos, sindicalistas, parientes oficiales, y empresarios, entre otros. Difícil es adjetivar este hecho, que implica una flagrante violación a los principios democráticos, a la Constitución, y al Estado de Derecho. Lamentablemente en nuestro país tenemos un triste pasado de aparatos paraestatales operando y generando terror.

Hemos escuchado muchas veces de boca del Jefe de Gobierno, a tono con los discursos de derecha, que la prioridad de su gestión sería la seguridad. Leímos acerca de la formulación, implementación y control de las políticas de seguridad pública desarrolladas en el ámbito local, aquellas referidas a las estrategias sociales de prevención de la violencia y el delito, así como a las estrategias institucionales de persecución penal, de seguridad preventiva comunitaria y de seguridad compleja.

En ese marco la creación de la Policía Metropolitana tendría un rol central. Esta policía sería de proximidad, de vecindad, de cercanía. Y, conforme la Ley de Seguridad Interior y nuestra propia Ley de Seguridad Pública N 2894, la Metropolitana tiene vedado producir cualquier tipo de inteligencia; y se prohíbe expresamente la inducción a terceros a que cometan actos que afecten la intimidad y privacidad de las personas.

En esta instancia, me gustaría tener acceso a las constancias del expediente judicial que tramite ante el juzgado federal del Juez Oyharbide para poder realizar una evaluación más exhaustiva pero dado que esto no sucede no podemos menos que basarnos en el reciente fallo de la cámara para sopesar políticamente el estado en el cual nos encontramos.

La gravedad de las imputaciones que pesan sobre Mauricio Macri y la etapa procesal del juicio en su contra exigen que el Sr. Jefe de Gobierno solicite licencia a su cargo. Ello por varios motivos, pero principalmente porque los vecinos de Buenos Aires no merecen ser gobernados por un funcionario bajo un nivel de sospecha semejante, donde el propio Macri pide su juicio oral. También, porque si bien el juez no dictó la prisión preventiva de Macri, debemos aplicar los máximos recaudos para proteger la investigación y sustraer al Jefe de Gobierno de su función de modo que no pueda entorpecer las averiguaciones judiciales.

Según se advierte de la lectura del fallo unánime de la cámara federal, altos funcionarios del Ejecutivo, y de la Policía Metropolitana, crearon una ilegal unidad de espionaje.

Citaré palabras textuales del fallo de la cámara federal, palabras muy contundentes que grafican el estado de fragilidad en el cual nos hallamos:

“Esto da asidero a la postura de la acusación que sintetiza que en definitiva fue el Jefe de Gobierno quien insertó a James, por medio de la influencia de Palacios, en la administración a su cargo, lo nombró, le dio una retribución y cobertura para que coadyuve al proyecto de la Policía de la Ciudad en su vertiente paralela y encubierta de la producción de inteligencia prohibida.

La importancia prioritaria que dentro del proyecto político encabezado por Mauricio Macri ocupaba el problema de la seguridad conduce a corroborar que el Jefe de Gobierno no era ajeno a la apuesta del aparato de inteligencia clandestino aún cuando podía estar al margen de los detalles de su funcionamiento. En este contexto, la pinchadura del teléfono de su cuñado y la pinchadura del teléfono de Sergio Burstein vienen tan sólo a confirmar el producido de una matriz.

De este modo se invierte la manera de ver las cosas en la crítica de la defensa. No se postula que M. Macri montó una empresa de pinchaduras telefónicas para escuchar a su cuñado y a Burstein, sino que conoció y prestó su consentimiento para instalar en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un aparato de inteligencia prohibido, del que se habría servido.

De esa manera los agentes públicos fueron montando en la estructura del Gobierno de la Ciudad un incipiente aparato de inteligencia prohibido por ley.

La conclusión provisoria, en base a lo antecedentes relevados, es que el funcionamiento de este aparato, su actuación y procedimientos de acción, fue tolerado y consentido por el Jefe de Gobierno. Habría habido aquiescencia de parte Mauricio Macri respecto del proceder de Jorge A. Palacios, lo que lleva a ratificar que ocupó un rol en la asociación ilícita: asegurar, como máxima autoridad del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de sus recursos y, de tal suerte, pueda funcionar.

Lo dicho en relación a su rol en la asociación delictiva lo ubica participando, en estos casos, de la tarea materializada por otros. Esa participación se traduce, en principio, en haber sostenido económicamente a James a través de los recursos estatales y de una estructura que permitió y favoreció las intervenciones.

Más allá de la discusión acerca del interés personal en las escuchas –que, a entender de la defensa, el juez intenta probar sobre meras conjeturas-, lo cierto es que ambos destinatarios aparecen conectados con el Jefe de Gobierno: Leonardo, a través de un vínculo familiar y Burstein, por haber sido, públicamente, un fuerte crítico de su gestión –en particular en lo que se refiere a la designación de Jorge A. Palacios al frente de la Policía Metropolitana-. Esa conexión, a la luz de lo sostenido en el párrafo precedente, permite avalar, provisoriamente, que el imputado sabía y participó de esas dos intervenciones del modo indicado y, por ende, conduce a homologar su procesamiento por estos hechos más allá de la calificación que en definitiva corresponda, en tanto la actual no ha sido discutida por la parte”.

La lectura y el análisis del fallo, me empujan –pues- a que creemos en el ámbito de la Legislatura una Comisión Investigadora, con extensas facultades y amplia representación de todos los bloques parlamentarios, de modo de poder arribar a la verdad y asignar las responsabilidades del caso. En sede judicial continuará el trámite del expediente donde se ventilen las responsabilidades penales, pero en sede política será la Legislatura quien deba hacer las averiguaciones pertinentes para luego decidir un plan de acción posterior.

Un párrafo aparte debe dedicarse a la Diputada Nacional Gabriela Michetti. Recordemos que, en claro inc
umplimiento a su mandato constitucional y popular, tuvo inasistencia cuasi perfecta a presidir las sesiones de este cuerpo cuando fue vicejefa de gobierno, arrogándose además facultades ejecutivas no prescriptas en cuerpo legal alguno. Al no contar el Gobierno de la Ciudad con un vicejefe o vicejefe debido al a renuncia de Michetti para irse a la Cámara de Diputados, se agrava la situación política.

Sabemos que una de las opciones legislativas en carpeta es el juicio político y ciertamente hubo bloques parlamentarios que barajaron esta alternativa. Siendo esta una realidad Señor Presidente, existe la posibilidad de que en algún momento debamos llamarlo Señor Jefe de Gobierno, en virtud de la Ley de Acefalía vigente, y se si dieran ciertas circunstancias.

En conclusión, entiendo que el Jefe de Gobierno debe solicitar licencia y que la Legislatura de la Ciudad debe crear una Comisión Investigadora con amplias facultades de modo de arribar a la verdad de los hechos sucedidos en el marco de la grave situación institucional en la cual nos encontramos».