La discriminación como bandera de gestión – 11 de Diciembre – Diagonales.com
Algunas maneras de alimentar la estigmatización, el odio y la discriminación hacia los migrantes, como lo han hecho con las mujeres y el colectivo LGBT.
La discriminación a los/as migrantes y la xenofobia no es algo nuevo. La bandera anti-inmigración que agitan los líderes de la ultraderecha mundial es un clásico, y el presidente Javier Milei la abraza cada vez más en sus discursos. El Gobierno argentino anunció que impulsará cambios migratorios para poner fin a la gratuidad de la atención médica para extranjeros/as en los hospitales públicos, y también para permitir que las universidades puedan cobrar un arancel a los/as no residentes.
En primer lugar, nuestra Constitución Nacional en su versión originaria, de la que el Presidente en su Preámbulo dice que su objeto es: “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Además, en su artículo 16 consagra la igualdad para todos sus habitantes sin distinción de nacionalidad o país de origen: “Todos sus habitantes son iguales ante la ley”. De lo cual se desprende que cualquier medida en este sentido podría ser cuestionada como inconstitucional
En segundo lugar, las medidas anunciadas por el Gobierno no tienen ningún andamiaje jurídico ni sustento administrativo y son inviables de aplicar, porque el Estado nacional carece de competencias en salud y en educación. Desconoce que son las provincias las que tiene a su cargo la salud y que existe autonomía universitaria.
Evidentemente, el objetivo de los anuncios es más político e ideológico que de eficacia para el ahorro presupuestario. Alimenta la estigmatización de los/as migrantes, alimenta el odio y la discriminación sobre la base de falacias, como lo han hecho con las mujeres y el colectivo LGBT. Es una nueva maniobra distractiva y de acumulación política de sectores precarizados o defraudados a los que se alimenta en el resentimiento sobre la base de información falsa y razonamientos prejuiciosos.
El Gobierno acusa a los extranjeros de abusar de la salud pública, aunque los datos oficiales muestran que suponen menos del 1% de las consultas.
Como si fuera poco, el Gobierno acusa también a los/as extranjeros no residentes de significar un costo de envergadura para la educación pública superior, cuando en realidad son aproximadamente el 4%. En la realidad y la vida cotidiana, la mayoría de los posgrados son todos pagos en todas las Universidades y en las carreras de grado se exige que los migrantes estén en Argentina reconocidos como residentes. Es por ello, que igual que el resto de los habitantes de nacionalidad argentina, pagan sus impuestos y tiene derecho a los mismos servicios y prestaciones.
El Gobierno logra cambiar el foco de la discusión: que no se hable que el salario mínimo está en su peor momento desde el 2001 y que cayó un 30% en un año, que no se hable que el consumo cayó un 20% en un año, o del ajuste a los jubilados, o de que les quitan los medicamentos gratuitos a los/as que no se registren correctamente (sin darle a la medida adecuada difusión), lo cual pone en riesgo sus vidas.