Lubertino: «Los tres poderes del Estado deben asumir la gravedad de los femicidios» – informe político – 21 de octubre 2025
María José Lubertino, doctora en derecho, docentes de la UBA, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y actual candidata a defensora del pueblo de la Nación, habló del aumento de los femicios. Con un pedido especial a los tres poderes del Estado.
Con muchas cifras, habló de causas y consecuencias con muchas críticas al gobierno de Javier Milei y habló de su postulación a un puesto clave.
-¿Qué piensa sobre la ola de femicios de los últimos meses?
-Segun el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina de la Oficina de la Mujer, con el aporte de todas las OM del país en 2024, en Argentina se contabilizaron 228 víctimas directas de femicidio y 19 víctimas de femicidio vinculado, lo que implica 247 víctimas letales de violencia de género.
En lo que va de 2025 hubo 196 femicidios. Uno cada 35 horas. Desde que comenzó el mes de octubre, hubo 11 víctimas de la más extrema violencia machista, por lo que una mujer es asesinada cada 28 horas. El último caso, el del femicida uruguayo Pablo Laurta -integrante de la organización machista Varones Unidos que mató a su ex pareja, a la madre de ella y al remisero y secuestró a su hijo – muestra una alarmante premeditación y motivación política de extremismo de derecha y masculinismo supremacista. Estas son las consecuencias de los mensajes de odio de género que emanan las jerarquías gubernamentales. Por todo esto exigimos a los tres Poderes del Estado que asuman la gravedad de la situación que atravesamos las mujeres y LGBTTTIQ+. Por tercera vez desde el movimiento femnista presentaremos en el Congreso de la Nación la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género en todo el territorio argentino.
-¿El Gobierno eliminó todos los programas de prevención? ¿Qué sucede con el presupuesto?
-El gobierno de Milei es negacionista de la violencia de género y de la desiguladad de género. Al asumir, eliminó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, que era una conquista del movimiento de mujeres después de años de lucha. Luego, desmantelo los programas de prevención, atención y acompañamiento en casos de Violencia de Genero. Desfinanciaron esas políticas públicas, renunció la fiscal que habían puesto al frente del área. Así quedaron las provincias solas al frente del tema y con gran disparidad y desigualdad o escasez de recursos. Se produjo una fuerte baja en las denuncias de las víctimas de violencia de género contra sus agresores antes de que estos las asesinen, porque hay un desaliento y un descreimiento en concurrir al Estado a partir de la desaparición de las políticas de género.
Por esto exigimos que se restituyan las políticas de género que fueron eliminadas y que el Gobierno Nacional junto a los provinciales retomen sus responsabilidades. En este momento se inicia el debate presupuestario 2026 y hacemos algunos pedidos concretos para lograr la prevención de violencia contra las mujeres: la regeneración de organismos que deben constatar el correcto funcionamiento de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para monitorear a grupos y mensajes de odio para que no lleguen a la acción y reactivar los apoyos económicos tanto a las mujeres víctimas de violencia, como a los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio.
Nos organizamos, reclamamos y visibilizamos cada una de estas situaciones para poner en el centro los derechos humanos de las mujeres.
-¿Qué piensa de las declaraciones de la ministra Patricia Bulrich acerca de la ola de femicios y el rol del feminismo?
Sus declaraciones no son inocentes ni un descuido. Tienen un doble objeto: siendo la responsable de la seguridad nacional busca una excusa para desligarse de sus responsabilidades y por otro lado es parte de una «cruzada neofascista» que este gobierno nacional promueve y que en este momento es un fenómeno mundial. Este discurso es grave en cualquiera, pero más cuando se trata de la mujer, porque es una mujer instrumento del patriarcado. ¿Por qué Milei nos ataca a las feministas o en general a lo que llaman el wokismo? Porque allí emerge la posibilidad de trastocar la desigualdad estructural y sus múltiples marcos de opresión, representando una verdadera amenaza al proyecto de la derecha neoconservadora capitalista. Esas desigualdades constituyen problemáticas a veces de redistribución y otras de reconocimiento, pero siempre los momentos más prometedores se producen cuando un movimiento social halla su condición de posibilidad.
Las nuevas situaciones de violencia machista, que no solo ocurren en el interior de los hogares como los casos donde se dan en el marco de la narcocriminalidad -como el triple femicidio de Florencio Varela- y el último caso del femicida Laurta en Córdoba, en el que algunos sectores antiderechos, antimujeres y antifeministas pasaron a la acción y concretaron este asesinato, por ser parte del crimen organizado son directa responsabilidad del ministerio de Bullrich
-Usted es una de las candidatas a la defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Qué abarca su proyecto y que importancia tiene ese puesto para la sociedad?
-La Defensoría del Pueblo, entidad creada por la Constitución Nacional, tiene un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos y en el control de los actos de gobierno. A nivel internacional, organismos similares son reconocidos como instituciones claves para hacer efectivos los derechos humanos, controlar y asesorar a las autoridades públicas, fortalecer el acceso a la justicia y divulgar información socialmente útil. En este sentido, es fundamental que quien ocupe este cargo cumpla con los más altos estándares de idoneidad técnica y moral, trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos humanos y plena independencia respecto de los poderes del Estado.
En mi caso, más allá de ser medalla de oro como abogada, doctora en Derecho y profesora de Derechos Humanos en la UBA, especialista en Derecho Ambiental, especializada en litigio estratégico y género, presidenta de la Asociación Ciudadana por los derechos humanos, integrante de las Comisiones de Usuarios de los entes reguladores de la energía , del agua y del transporte y del Cuerpo Colegiado en la Causa Mendoza de Sanemaiento de Riachuelo trabajando ad honorem durante más de 16 años, he mostrado en mi trayectoria el compromiso con los derechos humanos, mi incorruptibilidad e independencia, siempre leal al valor y principios. Como presidenta del Instituto nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo y como titular del Observatorio de derechos de las personas con discapacidad logré hacer visible y útil organismos del Estado, llegando a cada pueblo y provincia, federalizando su trabajo y especialmente abriendo las puertas del Estado a la sociedad civil y a los grupos más vulnerabilizados contribuyendo a su acceso a la información, a la Justicia y a derechos. Implementamos allí formas de democracia participativa y transparencia. Se llego a tener un presupuesto participativo donde los foros de sociedad civil votaban sus prioridades presupuestarias.
Las situaciones de violaciones de derechos y desamparo en Argentina hoy son tan graves que imponen un cambio de paradigma en la lógica de la Defensoría. No se trata de un superhéroe o superheroína al frente del organismo, que no podría con todos los desafíos. Se trata de convertir a la Defensoría en un instrumento del Pueblo, con el Pueblo y para el Pueblo. Esto es que sea una herramienta, una palanca de cambio que apoye a las miles de luchas, causas e instituciones que ya hacen un esfuerzo por defender derechos. En este sentido es fundamental la articulación con los defensores del pueblo de provincias y municipios, y la participación ciudadana en las diferentes áreas, con los organismos de derechos humanos, las coorganizaciones de defensa de usuarios y consumidores, las organizaciones ciudadanas por la transparencia y el acceso a la Justicia, las organizaciones de defensa de derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de niños/as y adolescentes, de adultos/as mayores, afrodescendientes, migrantes, comunidades indígenas, LGBTTTIQNB+, personas viviendo con vih, entre otras.
-El Gobierno continúa sin reconocer la Ley de Emergencia en Discapacidad ¿Qué sucede en ese tema y que pasa con la Agencia Nacional de Discapacidad?
-La situación de las personas con discapacidad en Argentina hoy es de desesperación, marcada por la suspensión de pensiones, demoras en pagos y recortes presupuestarios, lo que ha generado protestas y medidas judiciales. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa problemas como el retraso en pagos a prestadores de servicios, la falta de actualización de aranceles y la suspensión de miles de pensiones no contributivas, algunas de las cuales han sido ordenadas judicialmente a ser restituidas. Además, una ley de emergencia en discapacidad, aunque aprobada por el Congreso, se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el gobierno asigne fondos específicos.
Situación similar ocurre con la emergencia pediátrica, develado a partir de la crisis del Hospital Garraham y el financiamiento de las universidades públicas. Más grave aún, la situación de los jubilados/as en donde no se logró rechazar el veto del Poder ejecutivo a su ley de emergencia. Por eso es tan importante como sociedad civil seguir y acompañar estas luchas. Pero sin dudas la Defensoría del Pueblo podría litigar estratégicamente para apoyar las reapariciones que hacen falta. Hoy la Justicia – al no tener titular- no le reconoce esa legitimación.
-¿Qué reflexión tiene de la presidencia de Milei y su vínculo con los derechos humanos?
-Las políticas de Derechos Humanos en Argentina son políticas de Estado. Nuestro país es signatario de todos los tratados internacionales en la materia y los ha elevado con rango constitucional. Desde la recuperación de la democracia ha habido un proceso lento pero incremental de ampliación y profundización de derechos. Pero este momento es contra esa corriente. Es un gobierno que se manifiesta explícitamente «anti derechos» en el discurso y en la práctica. Ha desmantelado todas las políticas en estas materias y ha eliminado sus presupuestos.
Mucho dependerá de cómo queden compuestas las cámaras en las próximas elecciones. Lo más preocupante es el avance del endeudamiento externo e interno. La impagable deuda restringe nuestra soberanía y genera más violaciones de los derechos humanos y al ambiente. Los intereses de la deuda se pagan con más ajuste y menos derechos y con más extractivismo sobre nuestros bienes comunes. Vienen por más ventas de bienes públicos, por más privatizaciones y por una reforma laboral que precarice aún más los derechos de las y los trabajadores.
Es una luz de esperanza que las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Nación hayan logrado insistir con las leyes de emergencia en discapacidad, emergencia pediátrica y financiamiento universitario, rechazando los vetos del Poder Ejecutivo y que hayan logado consenso para designar la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Esperamos que también se logren los dos tercios para designar la Defensoría del Pueblo y que no sea solo el fruto de acuerdos partidarios distributivos de espacios, sino que signifique un salto cualitativo con legitimidad social. Queremos una Defensoría del Pueblo con el Pueblo. Democracia participativa para defender colectivamente los derechos de todos y todas, y mejorar la trasparencia y rendición de cuentas que el Estado debe brindar a la ciudadanía.