por María Jose Lubertino*

Tal como lo hicimos el último 8 de marzo en la histórica jornada del Paro Internacional de Mujeres, las mujeres volvemos a marchar una vez más porque nuestros cuerpos no son un objeto, porque la maternidad es una opción, porque no queremos más lesbianas y trans perseguidas o estigmatizadas, porque exigimos educación sexual y aborto legal, seguro y gratuito, porque queremos autonomía sobre nuestras vidas.

Nos movilizamos del Congreso a Plaza de Mayo por causa de la brecha salarial del 27% en promedio en los trabajos formales y que llega al 40% en el trabajo informal. Cuando hay crisis y desocupación esto más nos afecta. También, por la falta de responsabilidad de la sociedad en su conjunto en el cuidado de los/as otros/as y porque en el trabajo de crianza y tareas domésticas se recargan nuestras jornadas laborales tres horas diarias más que los varones. Porque exigimos jardines desde los 45 días, licencias por paternidad y corresponsabilidad parental en el trabajo del hogar.

Convocamos por la falta de mujeres en paridad en los más altos lugares de decisión en los gobiernos, la Justicia y las empresas, y porque no se aprobó la ley del 50 y 50. También por la trata, las incesantes violaciones y los crecientes y cruentos femicidios impunes, porque estamos hartas de acoso sexual, laboral, callejero, en los boliches y en los transportes.

Reclamamos por la discriminación a las migrantes, a las indígenas, a las mujeres con discapacidad, a las niñas, adolescentes y a las de la tercera edad, a las más humildes y a todas las que se encuentran vulnerabilizadas.

Queremos ya las leyes que hacen falta y que se garantice la asignación y ejecución de presupuesto, así como el monitoreo y evaluación de las diversas políticas que se deben implementar para cumplir con estas demandas recurrentes desde la recuperación de la democracia. Además, se debe cumplir con las leyes vigentes aún incumplidas y establecer mecanismos periódicos que midan el impacto de las políticas públicas, incluyendo el desempeño y los resultados de los servicios encargados de brindar atención, asesoramiento y prevención, y crearlos allí donde no existen.

El 25 de noviembre de 2016, más de 100 organizaciones de la sociedad civil, militantes y activistas debatimos sobre los puntos centrales de una agenda integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Acordamos con el gobierno un imprescindible Plan Nacional Federal participativo, con mejores herramientas para un diagnóstico, y la evaluación del funcionamiento efectivo de las estrategias, campañas y medidas de acción concretas. Esto ha recibido como respuesta insensible del Estado un recorte -en ejercicio de los «superpoderes»-  al presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan contra la Violencia para 2017 de 67 millones de pesos. Más tarde, se dijo que fue un «error» pero aún no se ha publicado en el Boletín Oficial la corrección.

La organización de eventos para el 25 de noviembre (día de repudio contra la violencia hacia las mujeres) aceleró un trabajo de conexión entre muchos países, desbordando las usuales iniciativas de la fecha.  Después de las movilizaciones de noviembre en todo el mundo y las más recientes en muchos países con motivo de la asunción de Trump, se constituyeron contactos y alianzas y surgió el llamado a un Paro Internacional de Mujeres para el 8 de marzo.

En la actualidad, existe una coordinación y una petición a las Naciones Unidas y un manifiesto a nivel global. En Argentina, se elaboró un manifiesto propio, nutrido a partir nuestras luchas concretas. Si bien hay una articulación virtual, también mucho trabajo cuerpo a cuerpo y en las calles diverso, plural y trasversal.  El 3 de febrero, en asamblea abierta y heterogénea, todas las corrientes del movimiento de mujeres de Argentina coincidimos en la convocatoria a las centrales sindicales para que apoyen la iniciativa interpelando la cuestión del trabajo y, en clave feminista, cuestionando la precarización de nuestras existencias y la criminalización de nuestra autonomía. Por eso, renovamos nuestro trabajo y nuestro compromiso con la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, en distintas circunstancias personales, sociales, laborales y territoriales. Nos comprometemos con esta agenda colectiva.

La multiplicidad de convocatorias a la marcha del 3 de junio se hace poderosa cuando entronca heredera con las luchas populares y del movimiento de mujeres de un modo nuevo, proponiendo aquí y ahora el mundo en el que queremos vivir.

*Abogada feminista, Profesora de Derecho con perspectiva de género de la Universidad de Buenos Aires. Presidenta del INADI 2006-2009. Es directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).