Los fondos de la Nación al Banco Nación, los fondos de la Ciudad al Banco Ciudad
Los fondos de la Nación al Banco Nación, los fondos de la Ciudad al Banco Ciudad
por María José Lubertino
Macri se victimiza por la propuesta de traslado de los fondos de juzgados federales depositados en el Banco Ciudad, pero al mismo tiempo paga los sueldos de l@s emplead@s municipales a través de otros bancos privados. Frente a tanta incoherencia proponemos una política sólida y proactiva para la banca pública, que la oriente a promover la producción y la vivienda.
La misión del Banco Ciudad de Buenos Aires (BCBA) se encuentra definida claramente en su carta orgánica. Allí se establece al BCBA como “el banco oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su agente financiero e instrumento de política crediticia, destinada prioritariamente a promover el crecimiento del empleo, la equidad distributiva y la calidad de vida, privilegiando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el crédito social.”
No obstante, pareciera que la gestión de Macri ha desoído estas misiones y funciones que deberían ser la prioridad de la banca pública de nuestra Ciudad.
En efecto, la información disponible da cuenta de una importante situación de déficit habitacional en la Ciudad. Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos las condiciones de hacinamiento no se han modificado en los últimos años, afectando en 2011 prácticamente a la misma proporción de la población que afectaba desde 2007. De este modo, 10,4% de la población de la Ciudad padece alguna situación de hacinamiento, es decir, habitan dos o más personas por cuarto (y 1,5% se considera en situación de hacinamiento crítico). El cuadro es más agravante en las comunas del sur de la Ciudad donde el porcentaje asciende a 21,9% (en Barracas, Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios – comuna 4) y 19,2% (en Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati – comuna 8), mientras que apenas alcanza el 5,1% en Recoleta (comuna 2) y Palermo (comuna 14).
Adicionalmente, datos de 2011 señalan que el 29,5% de los hogares de la Ciudad es inquilino o arrendatario y el 11,4% presenta una tenencia precaria de su vivienda, mostrando ambos indicadores una tendencia creciente en los últimos años. Nuevamente las comunas con mayores porcentajes de hogares con situaciones de tenencia irregular son la 8 (25,9%) y la 4 (19,8%). Los datos hablan por sí mismos, el Estado ha estado ausente para resolver la problemática de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.
El Banco Ciudad no ofrece soluciones a su gente, a quienes cada vez les resulta más difícil cumplir con los requisitos necesarios para acceder a un crédito. Según la última publicación del CEDEM a abril de 2012, los ingresos netos necesarios de un hogar para acceder a un crédito hipotecario por una vivienda de 2 ambientes se ubican por encima de los $7.000 por mes, aún disponiendo de un ahorro previo equivalente al 50% del valor de inmueble. Tampoco existen respuestas sistemáticas para los sectores más postergados de la Ciudad, habida cuenta de la continua subejecución (apenas 8,2% de ejecución del Instituto de Vivienda al primer trimestre de 2012) y escasa prioridad de los programas de vivienda social para esta gestión.
Además, los datos de balance para 2011 del Banco Ciudad dan cuenta de un resultado acumulado previo al pago de impuestos por un total de $876 millones, que se reduce a $656 millones luego de ganancias, acusando una suba de apenas 2,6% con relación al resultado de 2010, en un marco de fuerte crecimiento económico en todo el país. Sin dudas, este deterioro de las cuentas del BCBA amerita una aclaración por parte de sus autoridades acerca de las políticas llevadas a cabo en los últimos años. Lo que preocupa no son las menores ganancias sino la ausencia de una política crediticia efectiva detrás de ello. No se ha impulsado el crédito hipotecario para los sectores más necesitados, para los sectores medios, ni se ha desarrollado una firme política de asistencia a Pymes y al desarrollo productivo en línea con lo establecido en el art. 55 de la Constitución de la CABA.
En este marco, el gobierno porteño impulsó un proyecto para licitar la totalidad de las cuentas sueldo de los empleados de la Ciudad, hoy administradas por el Banco Ciudad. Se trata de cerca de 124 mil cuentas sueldo (aprox $25.000 millones) que maneja el BCBA. Mediante la resolución N 276 se dispuso la licitación por un plazo de dos años, justificando dicho proceder en el hecho de que la contratación del servicio en cuestión permitirá asegurar la obtención de un canon mensual equivalente a un porcentaje fijo sobre la masa salarial neta mensual!!. Si bien se reconoce el “derecho de preferencia” para el BCBA, por el cual si iguala la mejor oferta, ganaría la licitación se revela el desprecio de la administración macrista por la banca pública. Afortunadamente la justicia determinó la suspensión de este proceso. Parecería que bajo el argumento eficientista del macrismo sólo se buscaba hacer negocios, tentados por un canon y el ingreso de dinero a las arcas del Estado se olvidaron rápidamente de las bondades de la banca pública, de la cual se jactan de defender argumentando en contra del proyecto que plantea la transferencia de los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales con asiento en la CABA al Banco de la Nación Argentina (BNA).
Respecto de este proyecto resulta pertinente aclarar algunos puntos. Sin dudas, aparece como genuino por parte del Gobierno Nacional reclamar fondos que corresponden a su jurisdicción. Que los tribunales son de carácter nacional es indiscutible y el gasto de los mismos se financia a través del presupuesto nacional. Con lo cual es lógico pensar que esos fondos deban fondear el BNA y destinarse a capitalizar proyectos de orden federal, sin circunscribirse a la CABA.
De todas formas, de avanzar con una medida de estas características no caben dudas de que su implementación deberá ser gradual y flexible y en ningún caso podrá hacerse efectiva de un día para otro de manera intempestiva generando daño tanto sobre el banco como riesgo a los depositantes de la Ciudad. Se requeriría de una redistribución programada de la cartera del banco para evitar desajustes importantes. En efecto, el proyecto contempla que los depósitos judiciales que se encuentren depositados en el BCBA continuarán en dicha entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen, en otras palabras: se plantea el traspaso del flujo de depósitos y no del stock existente, de modo de evitar daños importantes a la estructura de financiamiento y capital disponible en el BCBA.
Sin dudas, la experiencia da cuenta que el BNA ha sido un mejor administrador de los recursos, canalizando efectivamente los créditos hacia la producción, donde 73% de la cartera del banco se presta a empresas y sólo el 27% a particulares. Además, del tota
l de los préstamos a empresas, el 63% se destina a inversiones productivas, 40% se destina a la industria; 28% a servicios, 22% al sector agropecuario y 10% al comercio, siendo las Pymes protagonistas, con 52% de la cartera de préstamos totales de esta institución.
En resumen, las necesidades de la población de la Ciudad continúan sin atenderse ni resolverse y el rol que la constitución de la CABA y la carta orgánica le otorgan al Banco Ciudad no está siendo debidamente cumplimentado. A contramano del gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires avanza en la “privatización” de servicios clave para sus vecinos/as, mientras la población lo que requiere es mayor intervención e involucramiento del Estado. Queremos defender el patrimonio de esta institución pero también asegurar a los/as porteños/as que van a contar con un verdadero banco público a su servicio. Continuamente, el macrismo da cuenta de la inconsistencia de sus políticas, defendiendo por un lado lo que ataca por detrás. Esta vez le tocó al Banco, no sabemos qué vendrá luego.