Macri no cumple con la ley Basura Cero
Por María José Lubertino
La ley “Basura Cero” fue aprobada en noviembre de 2005, en base a un proyecto promovido por varios/as legisladores/as junto con organizaciones de la sociedad civil, que transitó por un proceso de construcción de consensos de un año, y del que participaron representantes del sector académico, ONGs, cooperativas de recuperadores y el ámbito empresario. La ley apunta a una reducción progresiva de la generación de residuos sólidos en la Ciudad de Buenos Aires, como solución de fondo a esta grave problemática urbana.
No obstante, a poco de iniciarse su puesta en práctica, se hizo notorio que el Gobierno de la Ciudad no mostraba señales claras ni una disposición concreta a implementarla en todo su contenido, ni trabajaba seriamente en pos de cumplir las metas de reducción que la misma impone.
Esto quedó de manifiesto al superarse con creces, año tras año desde 2008, los límites máximos de toneladas fijados por el art. 6 del Anexo de la ley para disposición final en rellenos sanitarios. En 2010 los residuos duplicaron el límite fijado por la ley, y la proyección de 2012 indica que lo triplicarán. Tras 7 años de vigencia de la ley 1854 no se advierte aún una voluntad real de implementarla adecuadamente. Para la gestión PRO, la política ambiental se centra en acciones publicitarias y cosméticas, que pretenden dar la sensación de que se está trabajando en el tema, mientras en realidad no se modifica la cuestión de fondo, que de hecho se agrava cada vez más.
El cronograma de reducción progresiva de la disposición final en rellenos sanitarios dispuesto por la ley 1854 es el siguiente: 30% para el 2010, 50% para el 2012 y 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE en 2004. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables.
En términos de toneladas enviadas a relleno, la propia ley toma como línea de base la cantidad de 1.497.656 toneladas (año 2004) y dispone en su Anexo I estas cantidades máximas:
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Toneladas máximas a ser dispuestas en relleno sanitario año 2010 |
Toneladas máximas a ser dispuestas en relleno sanitario año 2012 |
Toneladas máximas a ser dispuestas en relleno sanitario año 2017 |
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1.048.359 |
748.828 |
374.414 |
Las cantidades enviadas efectivamente a los rellenos nos muestran una realidad completamente divorciada de los postulados y el espíritu de la ley 1854. Si replicamos el cuadro contenido en su Decreto Regalmentario (Anexo) con lo efectivamente enviado, nos encontramos con este panorama:
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Toneladas dispuestas en relleno sanitario año 2010 |
Toneladas dispuestas en relleno sanitario |
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2.110.122 |
2.010.000 |
Resulta claro que la brecha entre las metas dispuestas por la ley y lo cumplido por el GCBA se ha agrandado considerablemente para 2012 respecto a 2010, por lo que de no mediar un cambio sustancial en las modalidades de gestión arribaremos a 2017 en una situación extremadamente crítica.
Sólo este apartado sería suficiente para afirmar sin reparos que la ley 1854 no se aplica ni se cumple. Pero existen otros, igualmente trascendentes, a los que es menester referirse:
Los mecanismos de participación originalmente previstos para una mejor implementación de la ley han fracasado, merced a una sostenida inconstancia en la periodicidad de la convocatoria de órganos claves como la Comisión de Seguimiento de la Ley 1854, en cuyo seno están representadas todas las voces que hacen a esta problemática.
Las cooperativas de recuperadores están reconocidas legalmente, pero en los hechos continúan ejerciendo su labor en un ámbito de total precariedad. Digamos que un incentivo mensual de ningún modo es una contraprestación como la que debería ofrecerse a quien presta un servicio público, y sí reciben las empresas de recolección.
Los contratos para el servicio de recolección están vencidos desde hace años, y tras licitarse un nuevo pliego en 2010 en el que se transfería a las cooperativas la prestación del servicio de recolección de secos, una ley sancionada a fines de 2011 dispuso una nueva prórroga por 24 meses. De esta forma se mantiene un status quo a todas luces obsoleto y evidentemente favorable a los intereses de las empresas actualmente prestatarias del servicio, mientras la ley sigue aguardando que el GCBA se decida de una vez por todas a ponerla en práctica, comenzando por la separación en origen y la recolección diferenciada.
El sistema altamente dependiente del relleno sanitario y la CEAMSE no puede sostenerse ya de ningún modo. El Relleno Norte III, en José León Suárez, que en los últimos tiempos fue protagonista de conflictos sindicales, es el que hoy exhibe una situación más dramática. La población de este municipio ha hecho de la basura su recurso, es una población que vive de la basura, y dependen de la dosificación, modulación y control que la CEAMSE ejerce sobre ellos, retirándoles u otrogándoles acceso a la misma mediante un criterio de premios y castigos. De esta forma, aquí el conflicto ambiental está empañado por el conflicto principal, que es el acceso a la basura, en tanto el nivel de pobreza impide a los/las habitantes percibir el alto riesgo ambiental en que están inmersos.
Otro aspecto que hace a la inviabilidad y obsolescencia de la CEAMSE en la actualidad lo constituye el hecho de que el organismo posee un carácter empresarial que lo hace cautivo de una lógica mercantilizada. Dentro de este marco, se observan fenómenos como alternancia en el tiempo y reiteración de suscripción de contratos con los mismos grupos económicos que construyen los rellenos sanitarios y centros de transferencia.
En momentos en que se está reclamando la ampliación del relleno Norte III, resulta fácil deducir a quienes se beneficiaría en caso de que tal demanda se concretase.
Todo esto conforma un panorama preocupante, en tanto se piensa en replicar un modelo generador de conflictos ambientales, sociales y alentador de negocios a gran escala que en modo alguno se condice con los presupuestos de protección consagrados en nuestra legislación ambiental, especialmente las leyes 25.916 y 1.854.