Mención en los medios

Buenos Aires, una ciudad libre de tabaco

La Legislatura porteña aprobó por amplia mayoría una ley que endurece la legislación antitabaco: prohíbe fumar en todo lugar cerrado de acceso público. En 180 días deberán desaparecer los espacios para fumadores en bares y restaurantes.

La Ciudad de Buenos Aires endureció su ley antitabaco. La Legislatura porteña aprobó una reforma que eliminó los sitios para fumadores. Es decir, ya no se podrá fumar en ningún lugar cerrado de acceso público, tanto del ámbito público como privado. Los bares, restaurantes, bingos y confiterías que tienen "peceras" para fumar dispondrán de 180 días para quitarlas, una vez promulgada la nueva norma sancionada con un amplio respaldo de todos los bloques. La ley apunta a proteger a trabajadores gastronómicos y de salas de juego y al público en general de las consecuencias del humo de tabaco ajeno. Las únicas excepciones previstas son los clubes de fumadores, donde se podrán prender cigarrillos, pero sólo en áreas separadas de donde se desempeñen trabajadores asalariados y los centros de detención y de salud mental. De esta forma, Buenos Aires se puso en línea con las grandes urbes latinoamericanas, como San Pablo, Río de Janeiro, Ciudad de México y Bogotá, que ya tienen leyes ciento por ciento libres de humo. Y con nueve provincias, entre ellas, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Neuquén, y otras 24 ciudades de distintas regiones del país como Ushuaia, Bariloche y Resistencia. La ley fue aprobada por 37 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones. El texto resultó de un consenso de varios proyectos presentados por los diputados Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires), María José Lubertino (Frente para la Victoria) y Helio Rebot (PRO), entre otros. El proyecto también fue impulsado por Diana Maffía, de la Coalición CívicaARI, y Jorge Selser y Delia Bisutti, de Proyecto Sur. Llegó al recinto con dictamen de tres comisiones: Desarrollo Económico, Salud y Justicia, en donde se discutió en profundidad a lo largo del año. Abiertamente en contra de la sanción se manifestaron el presidente del bloque macrista Cristian Ritondo, Eduardo Epsztein, titular de la bancada Diálogo por Buenos Aires, y Diego Kravetz, del justicialismo. Incluso, intentaron un par de semanas atrás cajonear la propuesta enviándola a una cuarta comisión, la de Presupuesto, una maniobra que no contó con otras adhesiones. "Es una persecución a los que fuman. Creo que los fumadores también tienen derecho a fumar en algún lado. Esta ley implica un caso de discriminación", alegó Epsztein, al ser consultado por este diario. El diputado ibarrista es fumador y desde hace diez días está intentando dejar el cigarrillo, contó a este diario. Rebot fue el autor de la ley vigente, la 1799, que se sancionó en 2005 y empezó a regir el 10 de octubre de 2006. Esa norma permitía espacios para fumadores en establecimientos con más de cien metros cuadrados de superficie. La reforma sancionada ayer implica la derogación de esas excepciones. La norma no prevé indemnizaciones para los comerciantes que, sobre la base de la ley anterior, invirtieron en "peceras". La aprobación fue celebrada por un colectivo de entidades de la sociedad civil que venían promoviendo una reforma desde la misma sanción cinco años atrás y que siguieron la sesión desde los alrededores del Palacio Legislativo, ante la imposibilidad de ingresar al recinto. "Esta ley tiene una perspectiva clara de defensa de los derechos de los trabajadores gastronómicos y de salas de juego que se desempeñan en los sitios con lugares para fumadores. La separación de áreas para fumadores no garantiza la protección de su salud y tampoco la del público. El humo de tabaco circula desde las peceras, por más herméticas que pretendan ser, y contamina el sector para no fumadores", señaló a este diario la médica Verónica Schoj, coordinadora de la Alianza Libre de Humo de Tabaco Argentina (Aliar), que vienen trabajando por una nueva ley junto con la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), Fundación Cardiológica Argentina (FCA), Asociación Argentina de Tabacología (AsAT), y Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec), entre otras entidades. El tabaquismo es una de las principales causas de muerte evitable en el mundo, recordó Schoj. En Argentina, se estima que cuarenta mil personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco, puntualizó. En los fundamentos del proyecto se dan algunas precisiones sobre el impacto en el ámbito de la Ciudad: las causas de muerte que afectan a más del 70 por ciento de la población porteña son las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias y los tumores, muchas de las cuales están asociadas al consumo del tabaco: para atenderlas se destina el 12 por ciento del presupuesto de salud. "Para un mozo o una moza que trabaja en locales con espacios para fumadores, cada jornada equivale a fumarse 10 cigarrillos", indicó Schoj.

El análisis de Jorge Muracciole

Desde el martes pasado, un nuevo acontecimiento hizo emerger una problemática de larga data: el déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Parte de las 130 hectáreas del Parque Indoamericano que limita con las barriadas de Villa Soldati y Villa Lugano fue ocupada por centenares de familias venidas principalmente de la cercana Villa 20 y de otros asentamientos hiperpoblados de la zona.
Tras la noticia que atravesó las redacciones, fueron tan sólo horas las que transcurrieron para la efectivización por parte de Policía Federal de la orden judicial de desalojo. Esta expeditiva forma de querer solucionar un complejo acontecimiento de naturaleza social se convirtió en el detonante de un drama que fue in crescendo a lo largo de toda la última semana.
El desalojo express de los federales, según registros fílmicos, fue a todas luces desmedido y pasó por alto cuestiones básicas del protocolo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de temáticas ligadas a cuestiones de resguardo de menores y familias en riesgo, según declaraciones de la legisladora María José Lubertino.
Este luctuoso primer acto concluyó con el desalojo de las doscientas familias del predio pero con la muerte de dos pobladores, un joven de nacionalidad paraguaya y la mujer de un albañil boliviano.
Tamaña operación policial a las pocas horas demostró no sólo su encarnada saña, sino que en términos prácticos también su ineficaz resultado, al registrarse a menos de veinticuatro horas una nueva ocupación del predio, esta vez por mayor número de familias en demanda de un techo.
De ahí en más, las usinas mediáticas se dispararon en relación con un sinfín de hipótesis sobre los verdaderos orígenes del episodio conflictivo. El debate se instaló a diversos niveles, desde el ciudadano de a pie a los máximos representantes de los gobiernos porteño y nacional. El eje de la polémica se centró sobre la forma más idónea de resolver el conflicto, convirtiéndose las pantallas de televisión en una suerte de contrapunto mediático que fue polarizando a la opinión pública. A medida que fueron transcurriendo los días las declaraciones pusieron blanco sobre negro, los distintos criterios en relación no sólo con la naturaleza del conflicto y sus orígenes, sino también a la forma de resolverlo. El eje del jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era “la solución policial a un hecho meramente delictivo”.
Invisibilizando en su discurso la naturaleza profundamente social de la toma, agregando en sus declaraciones un ingrediente de claro cariz xenófobo al definir que la Ciudad no puede resolver las necesidades de una suerte de “inmigración descontrolada venida de los países limítrofes”. Haciendo eje en que la falta de resolución del problema se debía a “la inexistente colaboración del Gobierno nacional para cumplir con el desalojo del Parque Indoamericano a través de la fuerza pública”.
Minimizar el resultado luctuoso del primer intento de desalojo y reducir a la mera intervención de la Policía Federal la solución de la conflictiva habitacional, expresa de alguna manera las profundas diferencias entre la concepción macrista y el criterio sostenido por años tanto por el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández, de no utilizar las fuerzas de seguridad para reprimir el conflicto social.
Tras las sangrientas imágenes transmitidas por la cobertura televisiva de los sucesos, al anochecer del viernes, se sumaron los rumores, ciertos, de una nueva muerte producto del enfrentamiento de vecinos de los edificios lindantes, “haciendo justicia por mano propia”, ingresando al predio en una suerte de cacería al okupa. Avanzada la noche surge de la Casa Rosada la convocatoria a una mesa de diálogo conformada por los gobiernos nacional y municipal, con la participación de referentes de los movimientos sociales relacionados con el colectivo de ocupantes, como forma de garantizar una tregua que permita tranquilizar los ánimos y dar una probable salida política al agravamiento del conflicto.
Esta iniciativa fue el punto de inflexión que permitió destrabar la emergencia y sentar en una misma mesa a los actores en disputa.
El proceso abierto no será corto ya que ante la falta de una propuesta política, más allá del desalojo compulsivo por parte del jefe del Gobierno porteño, el Gobierno nacional debió proponer en las reuniones del fin de semana la entrega de terrenos de propiedad del Estado nacional, dispersos en la zona sur de la capital, a la espera del aporte del estado municipal en lo relativo a la financiación de la construcción de viviendas populares.
Este punto no fue aceptado por el jefe de Gobierno porteño –supuestamente por falta de presupuesto– y ante la imposibilidad de efectivización de esa iniciativa se acordó el envío de fuerzas tanto de la Prefectura como de la Gendarmería para garantizar de forma pacífica el establecimiento de un cordón preventivo que evite la repetición de nuevos conatos de violencia.
Con imágenes de la llegada de las fuerzas de seguridad –esta vez sin derramar una gota de sangre– y los aplausos de los ocupantes del predio, una nueva página se abrió en el largo y sinuoso camino por la resolución del conflicto social.
El tiempo y sus actores serán testigos sobre la corrección o no de la compleja medida. Lo cierto es que una vez más la política y el diálogo sirvieron para obturar, aunque más no sea por un tiempo, la irracional lucha de pobres contra pobres.