Publicado en INFOBAE, 15 de abril de 2018

Por María José Lubertino*

Estamos camino a una buena ley porque buscamos no solo que se desincrimine, sino que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Lo que estamos discutiendo aquí no es solo la cuestión de no criminalizar a las mujeres, tema largamente debatido y en el que hay consenso, ya que ni los más fundamentalistas antiderechos sostienen que las mujeres vayan presas. La legalización del aborto implica que no haya más abortos clandestinos. Desde 1921, el Código Penal contempla que el aborto no es punible cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer, en caso de violación, o por «malformaciones fetales» (en una terminología discriminatoria, propia de la época). El código ha sido interpretado en forma restrictiva o limitante o ha sido violado. Lo dicho en el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y lo reivindicado en el conocido fallo F. A. L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indica a los poderes del Estado que las IVE en las tres causales mencionadas no deben ser judicializadas, sino que se trata de una práctica médica.

Argentina fue condenada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por no haber garantizado abortos legales, y pude compartir el dolor y la dramaticidad de varios casos de manera directa recorriendo distintos pueblos del país, como cuando colaboré en los graves casos de L. M. R., una adolescente de Guernica, provincia de Buenos Aires, que en aquel entonces tenía 19 años y una edad mental de 10, embarazada tras haber sido abusada sexualmente por un familiar, y en el de L. N. P., una niña toba del Chaco que fue violada por tres hombres que aún siguen libres, que lograron el pedido de disculpas públicas del Estado, la reparación (por algo que nunca es reparable) y el compromiso de no repetición.

Todas y todos estamos a favor de la vida, siempre lo hemos reivindicado. Defender una vida digna es, en realidad, que el Estado garantice todos los derechos consagrados en la Constitución y los tratados de derechos humanos. El Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas han dicho en reiteradas oportunidades que se viola el derecho a la vida de las mujeres, su derecho a la salud, a su integridad física, y que incluso que se incurre en tortura cuando no se brindan los abortos legales en condiciones seguras.

Nos costó 10 años sancionar una ley del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, y 12 la ley nacional de educación sexual. Sin embargo, estas leyes todavía no se cumplen. Los que hoy plantean estas como soluciones son las que demoraron estas leyes y aun hoy bloquean su aplicación en muchas jurisdicciones y escuelas.

Este debate, alumbrado por las luchas de miles de mujeres en todo el país, es el resultado del trabajo en 32 años consecutivos de Encuentros Nacionales de las Mujeres. Argentina es un Estado laico, no hay excusas para que la despenalización y la legalización del aborto no se hayan tratado durante todos estos años.

Somos las mujeres las que construimos el futuro y abrimos la oportunidad de este debate. Sabemos que la única manera de garantizar el fin del doble discurso y de la doble moral en estos temas es la sanción de esta ley que termina con los tabúes en relación con la diferencia entre sexualidad y reproducción, que asegura que no haya más mujeres muertas por causa de aborto, que garantiza que no se buscarán resquicios para eludir ningún caso de interrupción voluntaria del embarazo y que si el Estado verdaderamente asume en su integralidad la responsabilidad para evitar los abortos, contribuirá a que finalmente haya educación sexual y los anticonceptivos disponibles.

La autora es profesora de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), diputada nacional (MC).