Buenos Aires,  Abril 2018

Organizaciones de niñez del ámbito social, cultural, político, universitario, sindical y eclesial de la República Argentina hacemos saber que hemos elevado una denuncia al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, informando el asesinato de niños, adolescentes y jóvenes en el marco de un brutal despliegue de represión estatal de las fuerzas de seguridad en complicidad con los poderes ejecutivo y judicial, acompañados de una naturalización y justificación de los medios de comunicación. Las organizaciones advertimos una doble decisión política en todos los niveles del Estado en la que a la par de una creciente institucionalización y una avanzada punitiva sistemática de niños, adolescentes y jóvenes tiene lugar un debilitamiento progresivo de las políticas de prevención, promoción y fortalecimiento familiar y comunitario.

Estas organizaciones de niñez en Argentina identificamos una estrategia de encubrimiento y justificación de ejecuciones sumarias, que se reitera en los casos de Facundo Ferreira, entre tantos otros casos en las distintas provincias, además de las decenas de niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades de pueblos originarios, como es el caso de las comunidades Wichi en Ingeniero Juárez, Formosa, el 24 de Marzo de 2018. Todos estos casos fueron constituidos en íconos por la actual gestión de gobierno en su comunicación a través de los medios masivos de la actual política de seguridad. Esta práctica violenta, que está integrada a la formación de las fuerzas de seguridad, se cobró la vida de Emanuel Garay, un joven aspirante a integrar las fuerzas policiales, resultado de torturas, humillaciones y hostigamientos recibidos de parte de sus superiores.

Las organizaciones de niñez denunciamos el uso irracional de la fuerza de parte de las fuerzas de seguridad violando regulaciones fundamentales del Estado de derecho y la seguridad democrática tales como el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979 donde el Alto Comisionado aporta orientaciones específicas en materia del uso de la fuerza en Niños Niñas y Adolescentes en relación a la proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad en el uso de la fuerza, que para el caso de los niños/as incluye además la evitación de armas de fuego. En el artículo 3, inciso c, establece: “El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños.”

Estas situaciones no constituyen hechos aislados sino un despliegue represivo sistemático el cual es denunciado por los organismos de derechos humanos testigos de la generalización de las muertes de niños, adolescentes y jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad, además de la creciente militarización de la vida ciudadana. A modo de ejemplo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante 2017 dispuso 27 mil efectivos para un territorio de 3 millones de habitantes (un policía cada 107 personas, sin contar a gendarmes y prefectos en tareas de custodia) triplicando la recomendación de las Naciones Unidas. “En su primer año en las calles, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a 24 personas en casos de gatillo fácil: dos por mes”, lo cual pone de manifiesto el recrudecimiento del uso letal de la fuerza del Estado. Por su parte, otro informe producido en diciembre de 2017, reveló que en 721 días del Gobierno de Cambiemos hubo 725 fallecidos como consecuencia del uso de las fuerzas represivas del estado, y describió esta etapa como una de las más represivas desde el inicio de la democracia en Argentina. Es la primera vez que Argentina supera la marca de un muerto diario por gatillo fácil o torturas. Estudios sociales han relevado que “en 2017 al menos 69 personas fueron muertas por policías fuera de servicio (es decir, de franco o retirados), un 66% del total de los casos en los que existe el dato de la condición del funcionario. La tendencia de los últimos cinco años es que los efectivos policiales matan más personas estando fuera de servicio que en servicio activo.”

Como parte de esta avanzada punitiva contra la población, y especialmente contra niños y jóvenes, en estos dos años de gobierno de Cambiemos existen múltiples intentos oficiales de bajar la edad de la punibilidad junto a una creciente criminalización de la protesta social que tiene por protagonista al movimiento estudiantil, llegando al ingreso de policías en las escuelas públicas y el hostigamiento policial a niños, niñas y adolescentes en los alrededores de las mismas.

Las organizaciones de Niñez entendemos como serias negligencias estatales y complicidades policiales los casos de las niñas y adolescentes de los barrios populares que son víctimas de redes y circuitos de explotación sexual y comercialización de drogas, en “zonas liberadas” por las fuerzas policiales, que desestiman las denuncias que las familias intentan formular para su búsqueda y la investigación de los delitos obstaculizando, cuando no, negando, el acceso a la justicia. Esta complicidad sistemática y sostenida de las fuerzas de seguridad con las redes de criminalidad que reclutan y cobran la vida e integridad de niñas y adolescentes, nos permite concluir que esto se ha convertido en una política pública.

En un contexto en el que el el 47,7% de los/las chicos/as vive en la pobreza en la Argentina, y esta situación se agrava en la franja de los/las adolescentes, es decir, el grupo más golpeado por la violencia policial y la omisión estatal, esta avanzada punitiva tiene lugar a la par de un ataque a los derechos económicos, sociales y culturales que afecta a todos los/as niños/as y adolescentes, y puntualmente al desmantelamiento del sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio de la Nación.

En el campo educativo padecemos el recorte de programas y becas de finalización de estudios secundarios, el cierre de escuelas, la falta de vacantes y el desmantelamiento de políticas de inclusión digital. El desfinanciamiento del sistema de protección y promoción de derechos y el recorte de políticas de género conlleva a la falta de articulación, la desintegración y la focalización, que impiden realizar un trabajo integral, a la vez que provocan situaciones de revictimización y la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y sus familias. Este es la experiencia en los hogares convivenciales y los centros de día, que se encuentran cerrados o estallados, duplicando el cupo para el cual fueron habilitados, y faltos de respuestas a situaciones de violencia o abuso sexual, violaciones de derechos que persisten al no contarse con los recursos adecuados.

Ante la gravedad de los hechos enunciados las organizaciones de niñez solicitamos la visita de organismos multilaterales de derechos humanos a los efectos de:

– Realizar un informe y hacer las recomendaciones propias de su competencia al estado argentino a los fines de investigar y sancionar a los responsables de los casos denunciados así como reparar a las víctimas.

– Recomendar al estado argentino la declaración de la emergencia en materia de políticas de infancia y convoque a organizaciones de niñez a una mesa de diálogo.

– Publicitar, recomendar, investigar y conminar al Estado Argentino al cumplimiento cabal de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás Pactos de Derechos Humanos que orbitan en el Sistema Universal y Regional.

– Conminar al estado argentino a instruir a las fuerzas de seguridad para convocar a las organizaciones que conformamos el movimiento a favor de la infancia y adolescencia en la elaboración de instrumentos de actuación.