Un consenso por las niñas, niños y adolescentes – perfil – 02 de septiembre de 2025
Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1990 y la elevó al rango constitucional en 1994. En el 2005 se sancionó la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNyA) que con un atraso de once años aterrizó los mandatos internacionales al derecho interno.
En estos 35 años muchas cosas han cambiado en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. Ha habido muchas nuevas leyes y un nuevo Código Civil y Comercial que regulan un mayor respeto por los derechos de las niñeces y las adolescencias, reconociendo su condición de sujetos de derechos, la necesidad de escucharlos y la obligación de su familia, del Estado y de la sociedad toda de cuidarlos y darles efectiva participación en la toma de las decisiones.
A pesar de los avances, muchas normas permanecen incumplidas y hay una dura realidad que golpea a la mayoría de las infancias y adolescencias: El 52,7% está en situación de pobreza monetaria (Unicef 2025), el 35,5% de NNyA sufre inseguridad alimentaria, y el 16,5% de forma severa (ODSA UCA 2024).
Si bien la Asignación Universal por hijo/a (AUH), la Tarjeta Alimentar – incluida la ampliación de la cobertura de esta última hasta los 17 años inclusive-, y el complemento leche del Plan 1000 días vienen amortiguando esta situación, el desarrollo integral de las nuevas generaciones requiere mejoras en diferentes dimensiones. Por eso se habla de pobreza multidimensional: 6 de cada 10 NNyA se ven privados de algún derecho o más de uno. Además, las desigualdades son profundas según el lugar de residencia, el nivel educativo del hogar o la inserción laboral de padres y/o madres.
El acceso al más alto nivel de salud posible es incumplido. Más del 40% de las muertes neonatales y más del 50% de las postneonatales son evitables. Sin embargo, el presupuesto en salud para las infancias se redujo un 21% (Unicef 2025). Todo esto en un contexto en que el 57,5% de los niños y las niñas carece de cobertura de salud mediante obra social, mutual o prepaga, cifra que ha ido en aumento desde 2010, y que refleja la persistente desigualdad en el acceso a la salud de las infancias en el país (ODSA UCA 2024). Por eso es tan importante apoyar el proyecto de ley de emergencia pediátrica en debate en estos días.
Un 43,1% de los/as NNyA de muy bajo nivel socioeconómico vive en viviendas de construcción precaria, más del 39% de los y las menores de 18 no tienen acceso a agua y/o cloacas, y el 54% no dispone de una computadora en su vivienda.
El presupuesto se redujo en primera infancia en un 50%, y en becas escolares en un 35% (Unicef 2025). Nación no está transfiriendo a las provincias los aportes que sirven para pagar el incentivo docente. Además, hay un déficit notorio educativo en primaria, y aún más grave en secundaria. Los números hablan de un déficit de jornada extendida en la educación primaria del 86,9% y de la educación informática de un 59,7% en 2024.
Por otra parte, más del 60% de los de entre 12 y 17 años consumen alcohol, y 36,5% de los NNyA entre 5 y 19 tiene sobrepeso u obesidad (Unicef 2023). Sin embargo, el 56,9% no tiene la oportunidad de practicar algún deporte extraescolar, y más del 82% tampoco tiene opciones de actividades culturales.
Faltan datos o hay subregistros en relación a los/as NNyA indígenas en situación de calle y los/as NNyA con discapacidad. El 40% de estos últimos no tiene Certificado Único de discapacidad, lo cual les dificulta acceder a muchos de sus derechos.
Todavía hay trabajo infantil a pesar de su prohibición. Las cifras de violencia contra NNyA son alarmantes, especialmente en materia de abuso sexual infantil. Las redes de protección de la sociedad civil, formadas por profesionales, activistas y sobrevivientes, han sido claves para visibilizar estas violencias, incidir en políticas públicas y garantizar que las voces de bebes, niñas, niños y adolescentes no queden silenciadas.
Todavía no se ha legislado sobre la compraventa de NNyA, ni se ha sancionado un Régimen Penal Juvenil.La situación de los y las NNyA sin cuidados parentales sigue siendo objeto de dilaciones administrativas o judiciales inadmisibles. Siguen siendo botín de guerra en muchos divorcios o en situaciones de violencias de género, y los tiempos judiciales no van acorde a las urgencias. Es necesario un Fondo de Garantía de Alimentos y modificaciones en los códigos procesales.
En este marco de asignaturas pendientes, la selección por parte del Congreso de la Nación de un/a nueva Defensor/a Nacional de derechos de NNyA es una gran oportunidad y punto de partida para un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Como síntoma de la urgente necesidad que muchas y muchos sentimos en aportar soluciones, desde la sociedad civil nos hemos presentado más de 200 postulantes al concurso público y a proponer nuestros mejores planes e iniciativas para la defensa y protección de sus derechos, a partir de nuestras experiencias de trabajo en lo comunitario, lo profesional y lo académico.
Proteger a la infancia no es un gesto filantrópico ni una declaración de buenas intenciones.Es una decisión política. Lo que se decida hoy sobre la protección de niños, niñas y adolescentes marca el nivel ético de toda la sociedad.
La Defensoría necesita un salto cualitativo que le permita ser más que un órgano administrativo: debe ser una herramienta federal de transformación con la participación protagónica de los propios niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y el involucramiento de todos los sectores sociales, comunitarios, académicos, mediáticos y judiciales. Saldemos la deuda generacional convergiendo en un amplio consenso en favor de las y los que más nos necesitan para crecer amados, seguros y saludables.