13 propuestas para la Unidad Nacional – Ámbito – 27 de octubre de 2023

Aceptando el desafío de la convocatoria de Sergio Massa a un Gobierno de Unidad Nacional y con el espíritu de promover un debate de ideas en el que todos nos escuchemos para acordar los puntos básicos.

Aceptando el desafío de la convocatoria de Sergio Massa a un Gobierno de Unidad Nacional y con el espíritu de promover un debate de ideas en el que todos nos escuchemos para acordar los puntos básicos que compongan un programa claro al que todos nos atengamos en el próximo gobierno, aportamos nuestras propuestas que venimos planteando desde diferentes ámbitos desde hace tiempo:

Argentina no puede seguir convalidando la deuda ilegítima y odiosa contraída. Esto está en el centro de la angustiante situación económica y política actual. Si no se anulan los acuerdos con el FMI, se seguirá exigiendo mayores ajustes a la economía nacional en cada nueva “revisión trimestral”: mayores tarifas, mayor devaluación, incremento de las tasas de interés. Estas medidas ortodoxas irán de la mano de otras exigencias de políticas contra los sectores populares: aumento de la edad jubilatoria, fin de la moratoria previsional, recortes en políticas sociales, y otros condicionamientos directos sobre la política del Estado (licitaciones, reforma impositiva, etc.). Las corridas cambiarias, las presiones para una mayor devaluación, los aumentos de las tarifas energéticas, una inflación imparable (en un contexto inflacionario internacional, es la que más crece en el mundo), mayor pobreza y necesidades sociales, mayor extractivismo y entrega son parte constitutiva del propio acuerdo con el FMI. En estos momentos extraordinarios se justifica dejar de pagar la deuda como se hizo en 1931/32, y como lo propuso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Papa Francisco. Los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes deben ser usados para una suspensión y unaanulación jurídicamente inobjetables.

Aplicación de la Ley de Abastecimiento

Está claro que la inflación es funcional a los intereses del FMI y de los especuladores y usureros que se presentan como “acreedores” que quieren asegurarse su pago, pero al mismo tiempo destruye los ingresos populares (salarios, jubilaciones, programas sociales), atacando a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Esta ley habilita al Estado nacional a tomar algunas medidas, como fijar precios máximos y sancionar a empresas que suban los precios de manera “injustificada”. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Comercio, que además de aplicar las sanciones tiene la potestad para realizar los controles.

Reforma tributaria solidaria

Reducción y eliminación paulatina de los impuestos universales. El cobro de impuestos por la “renta inesperada” o a los capitales fugados, a los mega emprendimientos, a las rentas financieras y, como medida transicional, al daño ambiental para tener éxito deben ir acompañadas de un mayor diálogo, seguimiento e incidencia estatal sobre los principales grupos económicos del país.

Transparencia y Lucha contra la corrupción

No se trata sólo de que el próximo gobierno se integre de personas íntegras y probas: hay que poner todos los organismos de control en funcionamiento y en cabeza de personas de destacada trayectoria e indubitable compromiso en la lucha contra la corrupción. Es una vergüenza que no haya Defensor/a del Pueblo desde hace años. Hay que modificar las leyes que permiten colar en sus fisuras procedimientos turbios, como la Ley de Obra Pública y la ley de Contrataciones del Estado.

Acuerdo por una Seguridad Democrática

La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención, y la violencia institucional. Efectivo cumplimiento de las penas.

Federalismo

Hay que generar un debate participativo social y político institucional para replantear estratégicamente de acá a 20 años la descentralización de nuestra Patria. El actual modelo de producción extractivista destruye las fuentes de vida locales y las oportunidades de trabajo y desarrollo en las provincias. La concentración urbana en las capitales de provincia y en la megalópolis de la Región Metropolitana de Buenos Aires son insustentables e insostenibles. No se trata sólo de la discusión de la coparticipación, se trata de repensar la planificación estratégica del ordenamiento territorial y la prospectiva demográfica.

Justicia ecológica

Debemos reducir los riesgos frente al colapso climático y la pérdida de la biodiversidad, amenazas más graves que la pandemia, como nos muestran las inundaciones, sequías e incendios. Para proteger la diversidad cultural y natural, necesitamos una transición socio-ecológica radical, construir economías y sociedades postextractivistas con una salida ordenada y progresiva de la dependencia del petróleo, carbón y gas, de la minería, la deforestación y los grandes monocultivos. Es urgente la sanción de la Ley de Humedales y la prohibición del uso de agrotóxicos. Transición energética y re-estatización de las empresas de servicios públicos, especialmente de las energéticas. Debemos avanzar hacia matrices energéticas renovables, descentralizadas, locales, desmercantilizadas y democráticas, y modelos de movilidad sustentables colectivos, seguros y de calidad. Las empresas de servicios públicos deben ser cogobernadas por el Estado, sus trabajadores y sus usuarios.

Soberanía alimentaria

Priorizar la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo el diálogo de saberes. Desarrollar políticas para la redistribución de la tierra, el acceso al agua y una profunda reforma a las políticas agrarias, alejándose de la agricultura industrial de exportación con sus efectos ambientales y sociales nefastos. Fortalecer los mercados campesinos y locales, crear redes de distribución de semillas para asegurar su libre circulación, sin propiedad intelectual, reforzar las redes de distribución campo-ciudad y la certificación comunitaria entre consumidores y productores. Fomentar la propiedad social, colectiva y comunitaria de la tierra, generando soberanía a quienes la cuidan y trabajan.

Renta Básica Universal

Profundizar las políticas sociales a través de la introducción de una renta básica para todos, que sustituya las transferencias condicionadas focalizadas heredadas del neoliberalismo, para poder salir de la trampa de la pobreza. Disminuir la jornada de trabajo sin disminución de salario, para repartir tanto el empleo formal como las tareas de cuidado, tal como recomienda la CEPAL.

Ley de Cuidados para la Vida

Crear sistemas nacionales y locales de cuidado que ponen la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras sociedades. Promover políticas públicas que enlacen cuidado con protección social, atendiendo las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas. Un rol más activo del Estado y de las empresas en consulta y corresponsabilidad permanente con los pueblos y comunidades permitirá combatir la precariedad laboral y alcanzar una mejor repartición de las tareas del cuidado.

Gobierno paritario

No sólo no queremos retroceder en las políticas de igualdad de género y consagración de derechos humanos de las mujeres y diversidades. Queremos ser parte de todas las decisiones de manera transversal. Queremos integrar 50/50 el futuro gabinete nacional para aportar con nuestros saberes y perspectivas feministas todas las políticas públicas como Argentina merece que lo hagamos desde hace 40 años de democracia. Las mujeres encabezamos todas las luchas y le ponemos el cuerpo a todas las crisis, queremos estar en todas las decisiones.

Comunicación popular y pluralidad de voces

Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, actualmente dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las corporaciones más poderosas. Para disputar los sentidos históricos de convivencia, desde medios ciudadanos, pero también desde la calle, la plaza y los espacios culturales. Es urgente que construyamos de abajo hacia arriba dinámicas sociales capaces de responder y contrarrestar la embestida capitalista de mayor concentración de riqueza y destrucción de ecosistema que se han apropiado de nuestro país en medio de esta crisis civilizatoria. Queremos construir conjuntamente con quienes deseen juntarse, un horizonte colectivo de transformación para nuestra patria que garantice un futuro digno.