Lubertino presentó un recurso de amparo por el nuevo puente sobre el Riachuelo Roca-Patricios
María José Lubertino, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de habitante de la Ciudad, presentó una acción de amparo en el Juzgado Nro 9 a cargo de la Doctora Andrea Danas para solicitar la suspensión del proceso licitatorio Nº 515/2009 del Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa AUSA (Autopistas Urbanas S.A) para el «Proyecto Ejecutivo, Construcción y Mantenimiento del Nuevo Puente sobre el Riachuelo Roca- Patricios».
«En toda la oposición coincidimos en que es un depárate seguir perdiendo dinero, estamos dispuestos en darle recursos a AUSA para que realice obras, pero queremos condicionar esa entrega de recursos a mecanismos transparentes de monitoreo de la aplicación de dinero a las obras que son necesarias y no a estos mega-proyectos innecesarios», enfatizó la diputada Maria José Lubertino.
Esta obra se financiaría con los recursos provenientes de los peajes de las autopistas que administra AUSA, a razón de 300 millones al año, que en vez de destinarse a realizar obras de transporte público como la esperada ampliación de la red de subtes o resolver la emergencia de miles de vecinos del Riachuelo privilegian obras viales para el uso del automóvil en detrimento de políticas de inclusión y equidad social tal como fija la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
La diputada informó que el llamado a licitación incumple derechos ciudadanos y mandatos constitucionales omitiendo la presentación del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y su discusión en Audiencia Pública: «la ley 123 y sus modificatorias establecen que las obras de alto impacto deben ser sometidas a un estudio de impacto ambiental previo, tal como lo establece el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso tampoco se cumple la ley de Acceso a la Información Pública y la de Acceso a la Información Ambiental».
Lubertino agregó que: «Además estamos pidiendo nuevamente la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 3060 ya que viola principios constitucionales referidos a la publicidad, a la participación ciudadana, a la información pública, a la protección del ambiente, a la gestión urbana integrada y atribuciones legislativas en cuanto al presupuesto, ya que AUSA maneja 300 millones por año durante 20 años por fuera del control legislativo».